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Marcos Tarre

Mal comienzo, pésima continuación…

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El 12 de febrero pasado, Día de la Juventud y primera fecha de manifestaciones y protestas, ocurren en ellas tres muertos con armas de fuego. Uno de los asesinatos, el del estudiante Bassil Dacosta, ya se sabe que fue perpetrado por agentes del Sebin, la policía política del régimen. Sobre el homicidio del dirigente de colectivos Montoya solo se sabe lo dicho por el presidente Nicolás Maduro, de que fue utilizada la misma arma con la que se ultimó a Dacosta. El tercer asesinato, horas después en Chacao, también se presume que fue realizado por funcionarios o miembros de grupos armados y fue cometido por el parrillero de una moto de gran cilindrada.

Si bien el presidente Maduro al día siguiente dijo que los funcionarios del Sebin habían desobedecido la orden de acuartelamiento y sustituyó al director de ese cuerpo, no dio ninguna explicación sobre las razones que le llevaron a tomar la decisión. Todo quedó en una nebulosa de chismes y rumores de pasillo. Si esos funcionarios desobedecieron las instrucciones del presidente y dispararon a matar, infringiendo todas las normas de uso progresivo de la fuerza, violando abiertamente los derechos humanos, ¿quién les impartió la orden de estar en el sitio y proceder de la forma como lo hicieron? Un grupo de funcionarios está, según información de la Fiscalía, detenido por el asesinato de Bassil Dacosta, pero a la investigación le ha faltado transparencia… La ausencia de información y de explicaciones al país ha sido una constante durante estos duros días que han arrojado 41 personas muertas, cientos de heridos y cerca de 2.000 detenidos.

Pero no fue suficiente con ese terrible mal inicio represivo el 12 de febrero.  Las muertes absurdas de ese día primer día de manifestaciones dieron pie a una escalada de rabia, odio y violencia. En lugar de corregir errores, pedir disculpas a las familias de las víctimas y velar por evitar abusos o mal uso de la fuerza, la represión del gobierno ha sido brutal, excesiva y despiadada. A grupos armados amparados bajo la figura de “colectivos” se les ha ordenado actuar contra las manifestaciones y agredir de forma inclemente y desmedida a la Universidad Central de Venezuela, en donde estudiantes han sido salvajemente golpeados y vejados, las instalaciones y recinto universitario, patrimonio cultural de la humanidad, ha sufrido destrozos, daños y vandalismo.

Las fuerzas de control del orden público, Guardia Nacional y Policía Nacional, bien equipadas y protegidas con corazas, cascos y escudos, y supuestamente suficientemente entrenadas para estas funciones, han incurrido en múltiples y graves fallas, ampliamente documentadas y registradas en fotografías, videos y testimonios, que van desde el uso de armas de fuego prohibidas en este tipo de eventos, despliegue sin control de gases lacrimógenos, destrozos e incendio de vehículos, golpizas y denuncias fundadas de torturas a detenidos, a tal punto de que la Fiscalía ha tenido que reconocer que existen más de 120 casos de posible violación de los derechos humanos que están siendo investigados.

¿Vale la pena preguntarse por qué un gobierno que se llena la boca hablando de paz, ha sido tan brutal en la represión? ¿Por qué las palabras no se corresponden con las acciones que se ejecutan en la calle?  ¿Será que no se cumplen las instrucciones del gobierno? ¿Será que existen facciones distintas en el alto gobierno que se contradicen con agendas propias?

La escalada de violencia, iniciada por la policía política el primer día de las manifestaciones, ha continuado, y los muertos con armas de fuego aumentan tanto del lado de las autoridades, con siete funcionarios asesinados, como por parte de los manifestantes. Violencia genera más violencia, y la represión desmedida lo que genera es más rabia, odio y venganza. Al gobierno le corresponde, si realmente quiere diálogo y paz, reducir al máximo la represión y llevar a la justicia a quienes infrinjan la ley, en procesos justos, transparentes y aportando pruebas.