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Asdrúbal Aguiar

Maduro ya no manda

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La sentencia dictada, sin fórmula de juicio, por el capitán Diosdado Cabello, declarando exdiputada a María Corina Machado y prohibiendo su ingreso a la sede de la Asamblea, confirma que él y sus compañeros militares son quienes mandan en Venezuela. 

El electo -bajo severas dudas- para ejercer la presidencia de la República, Nicolás Maduro, es, por lo visto, un mascarón de proa. Y salvando las distancias, la formación y honorabilidad distintas, recuerda Maduro al doctor Germán Suárez Flamerich, a quien los mismos militares llaman luego del asesinato del coronel Carlos Delgado Chalbaud para que asuma la presidencia de la Junta de Gobierno. Pero no mandaba. El dueño real del poder era el “gordito” del Táchira, Marcos Pérez Jiménez, una suerte de felón como Cabello. 

Lo esencial o lo que cabe poner de relieve, entonces, es lo dicho. Cabello hace y deshace ante los ojos de Maduro y concentra bajo su mando total a toda la actuación de los poderes públicos venezolanos: gobierna, legisla, fiscaliza, y juzga. Nada menos. 

La semana pasada, no más, lo recordamos dando instrucciones y removiendo cargos militares en el estado Zulia, en su calidad fáctica de comandante en jefe de la Fuerza Armada, y ante la mirada inerte e inexpresiva de la ministra de la Defensa. A la par, en los días previos al 12 de febrero es quien dispone la detención de Leopoldo López y pone en marcha la acción represora que como política de Estado, haciendo funcionar en maridaje fúnebre a la “milicia” y los “colectivos”, toma cuerpo hasta hoy, con el saldo de muertos, heridos y torturados jamás imaginados en nuestra historia contemporánea. 

Sin mediación judicial, dictando como dictador, ejerciendo inconstitucionalmente lo que constitucionalmente es inadmisible, a saber, siendo militar en actividad a la vez que diputado, ahora juzga y desafuera a la diputada Machado con desprecio absoluto por la soberanía popular que le otorgara su representación, con más votos que los suyos. Se entiende ahora por qué el Sebin actuó criminalmente el 12 de febrero, a pesar del acuartelamiento que dice Maduro haber ordenado. 

Lo que ocurre, en suma, no puede dar lugar a reflexiones constitucionales o de leguleyos, por una razón. El Estado de Derecho ha muerto en Venezuela, a pesar de lo que diga la OEA, o la Unasur, o la misma señora Bachelet desde Chile. Se trata de algo que sólo podemos valorar y resolver los venezolanos. 

La democracia es derechos humanos y se están violando sistemáticamente, como política de Estado. La democracia es Estado de Derecho; pero en uno que funcione como tal ninguna Sala Constitucional puede, en única instancia y en un solo día, transformarse en Justicia criminal para remover alcaldes y despacharlos a La Rotunda de Maduro, la cárcel militar de Ramo Verde. La democracia es separación de poderes y lo cierto es que Cabello los ha concentrado cabalmente, por encima del heredero de Hugo Chávez. Y la democracia, que es libertad de prensa, mal puede existir en una realidad como la nuestra donde priva una grosera hegemonía comunicacional de Estado, se tumban las señales de televisión independientes, se expulsan corresponsales extranjeros, y cierran los medios impresos al no recibir divisas para la compra de papel. 

El ejercicio retórico y arbitrario de Cabello acerca de María Corina, aun así, refleja el miedo y cinismo que lo tienen como presa. Carece del coraje para declarase dictador, de una vez por todas. Cuando menos Maduro tuvo el arresto de decir que no le importaba si lo llamaban como tal. 

María Corina Machado acudió a la OEA ejerciendo el derecho inalienable de todo ciudadano en una democracia, como lo es reclamar la tutela internacional de los derechos humanos de sus representados, garantizada por obra de la pisoteada Constitución de 1999. De modo que, decir que violó los artículos 149 y 191 de la Constitución, es dar patadas de ahogado o mostrar tanto desbordamiento de amoralidad como la habida con Leopoldo López, vilmente acusado de asesinatos que procuró como política de Estado el mismo Gobierno durante el Día de la Juventud, a fin de que los diablos se desatasen. 

Machado no es funcionario público sino representante de la soberanía popular, y a su vez asumió una tarea accidental para la defensa de lo que está por encima de cualquier Estado y de sus complicidades circunstanciales en el hemisferio. Protestar la violación generalizada y sistemática de derechos humanos es un deber vertebral en democracia, según los artículos 333 y 350 constitucionales. 

Maduro ya tiene su cuota como responsable de crímenes de lesa humanidad, dado su control operativo de la fuerza pública. Pero Cabello, por lo visto, llevará sobre sus hombros el estigma de haber sido el represor de la dictadura.