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Marta Colomina

Maduro y Lucena: ¿así, o más claro?

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No se trata del ex presidente Uribe –comodín de Maduro para las inventadas conspiraciones contra su tambaleante gobierno– sino del informe de la incuestionable Amnistía Internacional (AI) en el que muestra su “profunda preocupación” por las graves violaciones del gobierno de Venezuela contra colombianos humildes en la frontera: en muchos casos “se han denunciado maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto a sus garantías”. La decisión de cerrar la frontera y suspender garantías constitucionales desató una arremetida contra los colombianos que viven en 5 ciudades del Táchira (hasta el jueves habían sido deportados cerca de 1.200) para buscar a los presuntos “paramilitares contrabandistas” a quienes Maduro culpa del ataque a 3 uniformados y un civil que resultaron heridos. “Vieron cómo sus casas eran marcadas y tuvieron que salir con lo puesto dejando sus propiedades atrás”, dice el informe de AI: “Grupos familiares han sido separados, lo que ha producido que niños queden abandonados en Venezuela después de la expulsión de sus padres a Colombia”, y concluye que el gobierno de Maduro “ha violado las normas internacionales sobre derechos humanos en casos de deportación o expulsión”. Las escenas de tanta gente pobre cruzando el río Táchira con sus escasos enseres en la espalda, reveladas por las redes sociales, desmienten las mentiras oficiales. Esto que dijo Cabello: “Qué vergüenza que la oposición venezolana apoye al gobierno colombiano”, revela no el apoyo de los venezolanos al gobierno de Santos, sino la protesta contra el régimen de Maduro de la Venezuela democrática que, durante décadas, brindó un trato afable y solidario a los millones de extranjeros que llegaron a nuestras tierras en busca de una mejor vida.

Medios internacionales han develado que “fue la guerra entre carteles militares de la droga y del contrabando los que cerraron la frontera colombo-venezolana”: el 17 de agosto una comisión del Ejército integrada por los tenientes Veloz Santaella, Rodríguez Arias (Ej.) y otros efectivos detuvo cerca de la alcabala de Peracal una camioneta tripulada por dos GN, quienes se negaron a que se registrase el vehículo y pidieron un fiscal del MP. Cundió la alarma: llegaron al sitio los comandantes militares y policiales de la zona. La camioneta fue al fin abierta ante el fiscal y se habrían incautado drogas y dinero en efectivo cercano a 47 millones de bolívares y 3 millones de dólares, presuntamente pertenecientes (según versión de los funcionarios de la GN) a un muy alto jefe de dicha fuerza. Dos días después los tenientes (Ej.) que pusieron al descubierto el delito fueron emboscados por un motorizado y resultaron heridos. Maduro, en vez de sancionar y destituir a los GN culpables, arremetió contra los colombianos. Es vox populi que el contrabando, no el del menudeo, sino el masivo (narcotráfico, alimentos, gasolina) es llevado a cabo por quienes oficialmente tienen a su cargo “el control” de la frontera, en connivencia con la guerrilla colombiana y otras bandas.

Maduro ha convertido su régimen en una cámara de horrores. Inventa las atrocidades contra los presos políticos; su tardía reacción en defensa del Esequibo, que ya olvidó, o utiliza el testimonio del descuartizador “cooperante” para culpar a la oposición. El  horror de ahora es la violación de los derechos humanos de los colombianos residentes en el Táchira, hecho que se agrava con la llamada de Colombia a su embajador para “consultas” y a pocos minutos Venezuela hizo lo mismo con el suyo. Santos está solicitando una reunión en la OEA para denunciar la violación de los derechos humanos de sus coterráneos en Venezuela y César Gaviria pide salirse de Unasur mientras su indeseable paisano, Samper, siga al cargo.  

Solo cuatro días más tarde de que Tibisay Lucena anunciase eufórica que el “CNE no reculará en la decisión de no tener observadores internacionales”, Luis Almagro, secretario general de la OEA, ratificaba el ofrecimiento para observar las elecciones del 6-D: “Sería importante para todos los venezolanos que la OEA garantizara de una manera fidedigna el resultado y que evitara cualquier conflictividad posterior. El 6-D (…) es un punto de inflexión y por eso el proceso tiene que ser el más transparente y el más legítimo. Los niveles de desconfianza que son públicos (…) hacen necesario un garante reconocido para este proceso (…) Nuestro nivel de insistencia es enorme, descomunal. Vamos a seguir insistiendo (…) porque queremos que la próxima elección en Venezuela no tenga las características poselectorales que tuvieron las dos últimas”.

Nicolás y Tibisay: ¿así o más claro quieren que se los diga Almagro y la comunidad nacional e internacional?: la OEA garantiza “de manera fidedigna” el resultado; el CNE rojo, no. “Sin la OEA y/o la UE, el proceso no será legítimo, ni transparente”, es decir, será, de nuevo, fraudulento. La desvergüenza de Lucena apareció sin ambages contra Almagro, a quien llamó “injerencista” y “heredero del desprestigio y desconfianza de vieja data”. La MUD reaccionó de inmediato diciendo que la “observación” no corresponde al régimen y que invitará a observadores internacionales “con o sin” autorización del CNE.

¿Hay alguien dudoso de que la violación masiva de los derechos humanos de los colombianos deportados, seguida de la suspensión de garantías constitucionales del estado de excepción, tiene el propósito de suspender o retrasar los comicios que saben perdidos? Un informe del Bank of América fechado el 17 del presente mes, basado en las encuestas realizadas en 2015 en Venezuela revela que si la oposición “logra ganar el voto popular por 18,1% o más, será capaz de lograr la importante mayoría de las dos terceras partes de los diputados necesarios para designar a los nuevos jefes de los poderes Judicial y Electoral, iniciar una reforma constitucional y aprobar leyes orgánicas”. Todas las encuestas dan una ventaja promedio de 28,3 puntos, más que suficiente para superar el umbral de 18,1% necesario para obtener esas dos terceras partes. La encuesta de Datanálisis dada a conocer esta semana registra una ventaja opositora de 32%. ¿Entendemos ahora las trapisondas de Tibisay y las suicidas cabriolas de Maduro para suspender los comicios del 6-D?