• Caracas (Venezuela)

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Antonio Sánchez García

Licencia para matar

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Escucho una larga entrevista radial de un buen amigo sociólogo en que se trata el tema de la criminalidad en Venezuela, cuyos índices han alcanzado las cotas más vergonzantes para un país supuestamente civilizado. Y aunque la aborrecible cola caraqueña me permite seguirla hasta su culminación, constato asombrado que ese buen amigo, distinguido académico de la oposición y cercano a nuestros mejores líderes democráticos, no hace la más mínima mención a dos hechos tan palmarios, que pasarlos por alto denota un grave descuido analítico o una ominosa autocensura. Olvida mencionar nuestro sociólogo en cuestión, ocupado en hacer referencias a las graves quiebras antropológico culturales – la familia, la Iglesia – que determinarían y constituyen el telón de fondo del apocalíptico estado de nuestra inseguridad como sociedad, un hecho tan palmario como la dictadura que nos agobia, obviamente mantenida en las sombras del anonimato en el curso de la entrevista mencionada. Ese es el primer descuido innombrado: la criminalidad que abruma a 28 millones de seres humanos tiene lugar bajo el régimen que mayor acopio de violencia pública y despliegue de terror de Estado ha puesto en acción desde los tiempos de la dictadura anterior, la del general Marcos Pérez Jiménez.

El segundo descuido, u olvido o autocensura, tiene que ver con un hecho sociológico de naturaleza estrictamente estadística, esos facts que se imponen en una ciencia hegemonizada por el positivismo norteamericano que ha terminado por dominarla hasta en sus más mínimos detalles: la criminalidad de la que se habla se ha quintuplicado desde el asalto al poder del golpismo neo fascista venezolano. Los casi 5.000 asesinatos anuales que se cometieran a fines de la llamada cuarta república, durante el gobierno de Rafael Caldera y su “chiripero” – mezcla rara de fuerzas políticas que sirviera objetiva e innegablemente de trampolín al asalto al poder por el golpismo – superaron el último año censado al completo a la insólita cifra de más de 25.000 asesinatos. Y esos 5.000 homicidios cometidos a escala nacional representaron en el año 2013 aproximadamente la cifra de homicidios cometidos solamente en el distrito capital.

Obviar ese hecho equivale a pasar junto a las pirámides de Gizeht, cerca de El Cairo, sin ver un solo montículo. O retratarse frente a la Tour Eiffel, en París, ciegamente convencido de que se está siendo fotografiado frente a las estepas de la Mongolia.

Pues ni la más sofisticada de las autocensuras intelectuales imaginables – por cierto: una traición al imperativo categórico del pensar tan practicado por nuestros sedicentes intelectuales, que ya no debiera asombrarnos - puede pasar por alto que desde el 4 de febrero de 1992, el crimen de Estado y/o contra el Estado puso sobre el tapete, ante la insólita algarabía aprobatoria de académicos, jueces, fiscales, editores y políticos, el derecho al asesinato colectivo sin consecuencias, el poder de malversar, usurpar y saquear los bienes de la República – sus uniformes, sus armas, sus vehículos y toda su parafernalia bélica – sin recibir más que una juvenil reprimenda y el derecho de violar y destrozar el más sagrado de los derechos – el de la vida – asesinando a más de dos centenas de venezolanos, y la obra de generaciones valorada en miles de millones de dólares, sin otro castigo que un regaño y dos años de vacaciones en la sombra, con derecho a pernada y placenteras visitas del sexo opuesto imaginando más felonías – otro golpe de Estado y el asalto final a la Nación – preparando con libres visitas de futuros asesores del mafioso asalto al Estado, como el tristemente célebre Jorge Giordani, la andadura del cuartel y la cárcel al palacio de gobierno.

Desde luego: sólo una élite desmemoriada, inconsciente, corrompida hasta el tuétano e irresponsable sin medidas pudo avalar, por no decir alcahuetear, un hecho tan criminal y vergonzoso como hacerle la cama al teniente coronel y su esbirriato para desnudar a la democracia venezolana y violarla por todos sus entresijos. Y sólo un pueblo fracturado por la inmoralidad y el estupro – de ricachones dueños de líneas aéreas, bancos, compañías de seguro, radios, periódicos y televisoras hasta el llamado perraje de cerros, escaleras, callejones y barriadas – pudo asistir a ese mítico acto de concupiscencia política sin que alzaran voces capaces de alertar sobre el asesinato colectivo que se prometía llevar a cabo. Y que se ha llevado a cabo en la prueba más admirable de cumplimiento de compromisos prometidos por un político venezolano: devastar la República liberal democrática.

¿Cómo no admitir el olvido o la autocensura, un lapsus freudiano de nuestro sociólogo in partibus si los mismos cómplices y testigos de los abominables hechos narrados continúan en sus posiciones de poder, secretariando los viejos y nuevos partidos, alcahueteándole al régimen sus asesinatos menores – como los más de cuarenta jóvenes mártires – el saqueo de tres trillones de dólares, el robo impúdico, en descampado y con alevosía de 30 millardos de dólares, el asesinato con plena licencia para matar de parte de una justicia del horror y una fiscalía del oprobio de 250.000 venezolanos, de los cuales más de 90% en el absoluto anonimato policial?

Si tuviera que usar una metáfora para explicarlo, tendría que recurrir a la triste imagen de la pobre muchachita del pueblo, violada en un descampado por una patota de malandros del barrio, que ríe y no sabe del ultraje a que está siendo sometida porque es idiota. Esa pobre muchachita es Venezuela.