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Jaime Merrick

Ley de Regionalización: conclusiones

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En los últimos seis artículos se ha descrito el contenido de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. Corresponde en esta oportunidad las conclusiones generales al texto normativo que se ha analizado, y muy concretamente, la correspondencia de dicho texto con la Constitución venezolana.

¿Hay elementos en la Constitución que sugieren cuales deben ser esos principios que deben guiar la actuación del Estado en materia de ordenación del territorio? Ciertamente, sí los hay. Y en primer lugar debe tenerse presente que la Constitución venezolana se divide en dos grandes bloques, a saber: Una primera parte relativo a los principios, garantías, deberes y derechos;  y el otro, concerniente a las normas de organización y funcionamiento del Estado.

En el marco de los principios, garantías, deberes y derechos previstos en la Constitución, se insertan las normas generales de la organización político territorial del Estado y los principios sobre los cuales se sustenta dicha distribución territorial. En efecto, el artículo 16 indica claramente la organización de la República se divide en el de los Estados, Distrito Capital, dependencias federales, los territorios federales, y los Municipios. La mencionada distribución territorial no es ociosa, sino que obedece a la forma de cómo el constituyente concibió la organización del Estado venezolano, de allí que seamos un Estado federal descentralizado, según el artículo 4 constitucional.

El énfasis del legislador por lo federal descentralizado llega a tal punto, que el artículo 6 constitucional establece que “el gobierno de...Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre...descentralizado...”; el ya comentado artículo 16 también establece que la organización político territorial del Estado se regulará por ley orgánica “que garantice la autonomía municipal y la descentralización política administrativa”; el artículo 158 se refiere a la descentralización como política nacional; y en los artículos 159 y 168 se constitucionaliza la autonomía estadal y municipal.

No puede dejar de mencionarse el artículo 128 de la Constitución, que dispone la obligación del Estado de desarrollar una política de ordenación del territorio en el marco del respeto al medioambiente; pero sin dejar de tener como guía los principios constitucionales mencionados en los párrafos precedentes.

Ahora, al analizarse la Constitución venezolana bajo la lupa de las normas de organización y funcionamiento de sus órganos y entes, se observa: primeramente, la competencia del Poder Público Nacional (que es muy diferente a sostener Poder Ejecutivo Nacional) las políticas nacionales en materia de ordenación del territorio (Artículo 156, numeral 23); en segundo lugar, la facultad de la Asamblea Nacional de atribuir a los Estados y Municipios determinadas competencias con el propósito de profundizar la descentralización (Artículo 157); la competencia de los Estados para organizar a sus Municipios y su división político territorial (Artículo 164, numeral 2); y la competencia de los Municipios en materia de ordenación territorial y urbanística (Artículo 178, numeral 1).

Ante la pregunta formulada en párrafos precedentes: ¿Hay elementos en la Constitución que sugieren cuales deben ser esos principios que deben guiar la actuación del Estado en materia de ordenación del territorio? Una concatenación de los artículos 4, 6, 16, 128 157, 158, 164 y 168 constitucionales demuestran que sí, ciertamente los hay.

Si hasta ahora se ha logrado entender que la ordenación del territorio venezolano está íntimamente vinculado a principios constitucionales vinculado con la descentralización y el respeto de la autonomía de Estados y Municipios, entonces es fácil entender que la Ley de Regionalización analizada y descrita está muy lejos de consagrar o respetar los principios constitucionales establecidos en materia de ordenación del territorio.

La Ley de Regionalización: Entre sistemas, planes y figuras.

Cuando se analiza la LRIDSP se aprecia un entramado de sistemas, planes y figuras profundamente dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Efectivamente, en el texto que se ha analizado se mencionan a 3 “Sistemas” bajo los cuales se encuentra la rectoría de la regionalización en Venezuela; al menos 7 tipos de “Planes” a través de los se manifiestan los lineamientos de la regionalización en sus distintas “escalas de desarrollo”; y aproximadamente 9 tipo de figuras político administrativas como instancias ejecutoras de los mencionados “Planes de regionalización”.

Además de burocrático y profundamente centralizado, en la LRIDSP los Estados y Municipios no ejercen ni revisten mayor importancia para el desarrollo del país, al tiempo este texto normativo invade sus competencias constitucionales en materia de ordenación del territorio. Efectivamente, en relación a las escalas regionales y subregionales de desarrollo se aprecia que aun cuando los Estados son las entidades político territoriales más vinculadas a los procesos de regionalización, conforme la LRIDSP se les sustituye por instancias territoriales no previstas en la Constitución, como los Distritos Motores de Desarrollo, por ejemplo.

Lo mismo sucede en la Escala Local de Desarrollo: En razón de que el Municipio es la unidad político territorial básica de la organización del Estado según lo establecido en la Constitución, lo ideal hubiese sido a través de este texto se haya incluido al Municipio como parte del desarrollo regional, bien sea a través de las políticas de equipamiento urbano, o bien en relación a la regulación de zonas y parques zonas industriales.

En cambio, y en consonancia con el centralismo característico de esta ley, los planes  y figuras en esta Escala Local desconocen al Municipio y su autonomía consagrada constitucionalmente e invaden su ámbito de competencias. De hecho, aspectos como la escala comunal como la unidad básica para las políticas de regionalización; la centralización en los gabinetes ministeriales competentes en vivienda e industrias de las políticas de equipamiento urbano y parques industriales, y además, su obligatorio cumplimiento por los Estados y Municipios; y  la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en las normas reguladoras de la función catastral; todos esos elementos dan cuenta de la poca voluntad del legislador en asumir a los Estados y Municipios como parte del desarrollo de Venezuela.

La semana que viene se abordará el Decreto que crea el Arco Minero del Orinoco.

jaime.merrick@gmail.com

@jaimemerrick