• Caracas (Venezuela)

Opinión

Al instante

Oscar Lucien

Ley de la Comunicación Social

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

¿Tiene sentido invertir tiempo en considerar bagatelas seudofilosóficas que parecieran escritas por alguien en un momento de delirio?

Debí vencer mi resistencia inicial porque una iniciativa legislativa sobre un tema tan complejo y delicado como la comunicación, si bien se presenta a título personal, debe responder a alguna necesidad del gobierno de la dupla Maduro Cabello de seguir estrechando el cerco rojo a los medios de comunicación. Luego de quince años en el gobierno no hay una sola acción que se haya avanzado en una real perspectiva de democratizar las comunicaciones. Y, para no dejar ningún suelto, digamos de una vez que lo ocurrido con la radio televisión comunitaria es una de las más grandes estafas y traiciones de este gobierno al someterlas al ideario excluyente de la “revolución”.

No pierdo tiempo en los considerando, la parte risible del anteproyecto de Ley de Comunicación Social presentado por el editor Gastón Guisandes, el miércoles 13 de agosto ante la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, para entrar en lo sustancial.

Llama la atención que una Asamblea Nacional, que se caracteriza por su morosidad, poco rendimiento y delegación de atribución legislativa en el poder ejecutivo, haya sido tan expedita para aceptar una iniciativa legislativa proveniente de un particular a apenas dos días del cierre del periodo ordinario de sesiones. La propuesta de Guisandes rompe todo esquema institucional de presentación de leyes ante la Asamblea Nacional: no es acompañada por firmas, no la presentan diputados, no aparece como decisión de la dupla gobernante. Al no haberse cumplido esta formalidad podría uno pensar que la Comisión de Medios conocía el proyecto y, en función de su importancia y urgencia, decidió darle el trámite. Pero ¿pudo alguien sacar algo claro de tan heterodoxos considerandos? Lo dudo, y la duda me conduce a pensar que el proyecto de Guisandes debe ser parte de un plan dentro de la tristemente famosa conceptualización de la hegemonía comunicacional. Notoriamente contiene lo que con justificada alarma rechaza el Colegio Nacional de Periodistas y reconocidos académicos venezolanos: el proyecto de marras es un torpedo contra la profesionalización del ejercicio del periodismo y contra la colegiación. Siendo tan “evidente” que toda persona “al momento de nacer, se incorpora a la vida con una propiedad que es, intrínsecamente, propia al ser” por qué debe inscribirse en un Capítulo Estadal del Colegio de la Comunicación Social que será creada por mandato de esta nueva ley. Cierto que en otro artículo se dice que tal inscripción es facultativa pero se parece mucho a las captahuellas del racionamiento de Maduro, es voluntaria pero obligatoria.

Estaríamos ante la misma estrategia utilizada en otros ámbitos de ir creando estructuras paralelas que socaban la institucionalidad existente, la cual no ha podido ser sometida ni en la consulta popular ni con las permanentes descalificaciones ni presiones.

Pero junto a este vistoso asunto de la desprofesionalización del ejercicio del periodismo y hay otro más opaco y pernicioso: la censura y la autocensura.

El artículo 17 establece: “Se consideran faltas inexcusables, publicar o difundir informaciones o noticias que expongan, causen la muerte o provoquen daño grave o irreparable, a personas que desconozcan cuanto vaya a publicar el comunicador social, conociendo éste, las consecuencias de la o las publicaciones a efectuar o efectuadas”. ¿Quiere decir esto que el comunicador debe llamar a la persona para consultarle el tratamiento u oportunidad de su noticia?

De la misma manera en el artículo 18 se dice: “Igualmente se considera inexcusable, publicar o difundir hechos que exponen al desprecio público o pueden producir males irreparables o muy conflictivos, a personas sobre las cuales se informa de estados, condiciones irrelevantes, que nada tienen que ver o en nada influyen en los hechos que originan la noticia o la información que se difunde o publica o difunde, ni en el desenlace de la misma”. ¿Cuál es el funcionario que va a hacer prevalecer su criterio?

Sin duda alguna, la presentación de este anteproyecto ha causado justa alarma en un año en que el gobierno ha avanzado en su asfixia a la libertad de expresión y al derecho a la información, agregando nuevas modalidades al cerco rojo: limitaciones en acceso a las divisas para adquisición de papel de los medios impresos, compras de medios de comunicación bajo opacidad absoluta de sus nuevos propietarios pero muy transparente el giro en sus nuevas políticas editoriales informativas favorables al ejecutivo, incremento de las abusivas cadenas presidenciales, cierre de programas, imperio de la autocensura.

Si Venezuela necesita legislación en el campo de las comunicaciones sería para dar cumplimiento al mandato constitucional del articulo 108 de ofrecer a los venezolanos un servicio público de radiotelevisión, en ofrecernos una norma jurídica que garantice el libre acceso a la información pública y, muy particularmente, una ley que regule el abuso de las cadenas presidenciales. #AbajoCadenas