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Carlos Sánchez Berzain

Leopoldo, estudiantes y paradigma dictatorial en Venezuela

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Paradigma es “un concepto de esquema formal de organización a ser utilizado como sinónimo de marco teórico”, puede entenderse como un modelo o un ejemplo. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y en algunos otros países bajo su influencia, tienen un paradigma que puede identificarse bajo las denominaciones de “liquidación del opositor político por la vía judicial”, la “criminalización de la oposición” y la “judicialización de represión política”. 

Este paradigma dictatorial consiste en acusar penalmente a la víctima. El acusado es considerado “enemigo”. Pueden ser opositores políticos, potenciales candidatos, líderes sociales, sindicales, estudiantiles o de cualquier sector, que no se han podido reclutar o neutralizar; periodistas, líderes de opinión, empresarios cuyos negocios o medios de comunicación interesan a la dictadura; puede ser cualquier ciudadano al que el régimen considere “de interés”. 

La acción inicial es una acusación, la más grave posible para mostrar a la víctima frente a lo opinión pública como un criminal o como un delincuente común. Los actos del acusado deben presentarse como extremos y peligrosos. El objetivo inicial es mostrar que el ciudadano al que se criminaliza es una amenaza para al sociedad reducida a la conveniencia del régimen. Este paso es también el inicio del “asesinato de la reputación” de la víctima. 

Antes de la sustitución del sistema legal del Estado, usaron tipos delictivos extremos que debían ser considerados como imprescriptibles. En cuanto cambiaron el sistema legal -lo que ya ocurrió en Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador- introdujeron tipos delictivos restrictivos de las libertades, modificaron la tipificación penal para la protección de su gobierno con penas agravadas. Producen la “legislación proteccionista del régimen”, un simulado marco legal de encubrimiento y corrupción. 

El paradigma requiere el control del Poder Judicial al que sustituyen a título de reforma. Los jueces son convertidos en el brazo de la represión política del sistema. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI han “reformado” sus sistemas de justicia y ejercen total control sobre los jueces, al extremo de poder castigar al juez que no “cumpla” adecuadamente. Por ejemplo, en la suplantación de los sistemas de justicia, en Venezuela, Bolivia y Ecuador han usado el artificio de cambiar el nombre a las instituciones para dejar cesantes a sus miembros, cambiar la Corte Suprema de Justicia por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional por el Tribunal Supremo Constitucional, etc. 

El resto es procedimiento. El dictador en persona acusa y en ocasiones dicta sentencia en mensajes televisados. Los fiscales acusan por orden del gobierno y citan; la policía detiene; los jueces ordenan prisión preventiva y confiscaciones de bienes; los carceleros incomunican, apalean, torturan; el aparato de comunicación ejecuta el asesinato de la reputación de la víctima y de sus defensores; los jueces falsifican prueba de cargo, rechazan la de descargo y condenan. Luego puede ser que el dictador perdone o reduzca los padecimientos de la víctima convertida en “criminal condenado”, con alguna detención domiciliaria o reducción de la pena por enfermedad. 

Este paradigma está vigente en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros países, son notorios, tienen nombres, están denunciados. Lo ejercen Castro, Chávez, Maduro, Morales, Correa, Ortega. Así las dictaduras han apresado, confiscado, forzado al exilio, a mal vender, han neutralizado y/o liquidado defensores de la democracia, expulsado congresistas. En suma desalentado y reducido la oposición y la política. 

El caso actual, más notorio de aplicación de este paradigma dictatorial es el de Leopoldo Lopez y los estudiantes en Venezuela. Ellos ya están condenados mientras la dictadura venezolana permanece en el poder.