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Elsa Cardozo

Justicia

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Es siglo y medio en prisión, repartido entre los 25 condenados por el Supremo Tribunal de Justicia Federal de Brasil en el caso de corrupción que tuvo como protagonistas principales al partido oficialista y a altos funcionarios del gobierno de Lula. La noticia que ha ocupado unos cuantos titulares desde agosto, cuando comenzó el llamado “juicio del siglo”, merece atención más allá de esos titulares, los meses recientes y del público brasileño.

Para comenzar, el escándalo se inició con las revelaciones de un reportaje de la revista Veja sobre una red de transacciones ilegales urdida por el Partido de los Trabajadores para comprar apoyos en el Congreso. Por supuesto que había intereses políticos en la denuncia, pero eso no impidió que se iniciaran las investigaciones con las que se sustentaron las acusaciones.

De allí resultó una lista de 37 acusados cuyos casos fueron procesados, con todas las garantías legales, ante la Corte Suprema en el juicio que comenzó el pasado 2 de agosto y terminó el miércoles 29 de noviembre. Cuando recién comenzaban las sesiones, un académico de la Fundación Getulio Vargas declaró: “Es una ventana de oportunidad para que Brasil señale de manera creíble qué tipo de sociedad quiere tener: instituciones fuertes, independientes, capaces de castigar a quien se desvía, o si será siempre la sociedad que acomoda intereses”. Fue una sana advertencia, porque el caso involucró a tres ex ministros de Lula, entre ellos su muy cercano José Dirceu, y dirigentes del Partido de los Trabajadores, así como a ex diputados de otros cuatro partidos, incluido el denunciante del caso, y al empresario que apoyó las operaciones financieras y de campaña.

Las investigaciones se produjeron durante el segundo mandato de Lula y prosiguieron, hasta llegar a juicio durante el gobierno de su candidata y sucesora, Dilma Rousseff. El juez del Supremo Tribunal que tuvo a su cargo la relatoría del juicio, Joaquim Benedito Barbosa Gomes, fue nombrado magistrado por el presidente Lula en 2003 y hace poco, a la pregunta de si había sido solicitado por alguno de los dos presidentes, respondió: “Nunca (…) Esto es importante. Porque la tradición en Brasil es la presión. Pero yo tampoco doy oportunidad, ¿no?”.

Las sentencias condenatorias se produjeron bajo la presidencia de quien, aun expresando afecto personal por su predecesor y aprecio por su obra de gobierno, ha demostrado absoluto respeto por el Poder Judicial e intolerancia ante los corruptos. Rousseff ha alentado y aceptado las renuncias de siete ministros involucrados en situaciones de corrupción. Hace pocos días ordenó la destitución de todos los funcionarios públicos –incluida alguna muy cercana a Lula y Dirceu– que hacían parte de una red que favorecía el otorgamiento de contratos a ciertas empresas.

En suma: compromiso presidencial, separación de poderes y libertad de prensa, investigación de las denuncias, respeto por el debido proceso. Por supuesto que no basta que los magistrados y la Presidente de Brasil hayan dado señas del tipo de sociedad quieren tener, pero es un indicador sanamente poderoso.

Cómo no pensar, a renglón seguido, en la corrupción que cultivan en su seno los poderes con vocación centralista y autoritaria, cuando no personalista. Cómo no pensar en el ultraje a la justicia desde la justicia ultrajada, por los que hacen y los que dejan hacer.