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María Amparo Grau

Justicia selectiva

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Los revolucionarios en la Francia de 1789 se dieron cuenta de que era imposible aplicar en su totalidad, y en lo inmediato, los postulados de la doctrina de la separación de los poderes planteada por uno de sus máximos inspiradores, Montesquieu.

El principio de la división del poder en atención a las funciones del Estado, y la atribución de las mismas a estructuras orgánicas independientes, pasaba por admitir una justicia impartida por una organización autónoma, que permitiera juzgar a todos, sin distingos, incluidas las otras ramas del poder público.

Sin embargo, entender que el poder de la administración estaría sujeto a la aplicación de las leyes por parte del sistema judicial existente conllevaba a someter a los ejecutores de la revolución a una justicia que se hallaba en manos del antiguo régimen. Por ello la justicia administrativa en Francia se reservó al propio Ejecutivo, a través de un órgano de asesoría denominado Consejo de Estado, que años después adquiriría independencia para convertirse en un órgano de justicia autónomo, como lo mandaba la aplicación integral de la teoría de la separación de los poderes.

Se trató por este medio de evitar que el poder judicial, existente bajo la égida del monarca y sometido a este, impidiera aquella revolución que perseguía establecer un Estado de Derecho y de justicia, de libertad, igualdad y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Al alimón con el proceso constituyente en Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente dictó el 25 de agosto de 1999 el “Decreto de Reorganización del Poder Judicial” y con base en el nuevo texto constitucional emitió posteriormente, el mismo diciembre de 1999, el Decreto del “Régimen de Transición del Poder Público” en el que se declaró constituido el Tribunal Supremo de Justicia, nombrándose de manera transitoria y por el período de un año, a sus veinte magistrados, justificando la transitoriedad en que la designación definitiva debía respetar los procedimientos de consulta y postulación que daba participación a la ciudadanía.

Con esta actuación, unida a las ejecutorias de la Comisión de Funcionamiento y Restructuración del Sistema Judicial que asumió transitoriamente las facultades administrativas y disciplinarias del personal judicial, se cumplía el objetivo revolucionario de estructurar un poder judicial que no impidiera la concreción de la revolución en marcha.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Francia donde la protección revolucionaria se centró en mantener a raya al juez respecto de las ejecutorias de la administración, en Venezuela el aparato judicial se diseñó para reprimir a quienes pudieran mostrar oposición al nuevo proyecto. Existen, además, otras importantes diferencias entre ambas situaciones, pues con una se buscaba execrar un régimen monárquico caracterizado por la arbitrariedad, su no sumisión a derecho, la ausencia de libertad y de respeto a los derechos de los ciudadanos, en tanto que, en la otra, crear un poder judicial dependiente dispuesto a violar estos derechos y a justificar la inaplicación correcta del ordenamiento jurídico.

Por las razones explicadas, en Venezuela esta estrategia revolucionaria se ha combinado con un fenómeno muy negativo, la denominada justicia selectiva. Para no referirnos a nuestros propios ejemplos, permítasenos traer a colación el caso de Ucrania, en el cual la existencia de una justicia selectiva en el país mencionado llevó a Europa no solo a deplorar tal práctica, sino a exigirle la reforma profunda del sistema judicial, pues solo de dar señas de que este tema se habría superado, fundamentalmente con el caso de la persecución y enjuiciamiento de los  presos políticos, habría la firma del convenio de asociación con la Unión Europea.

La revolución en Francia nunca pretendió una justicia selectiva, antes bien y por el contrario se perseguía la justicia real y verdadera, aquella que suponía la aplicación concreta de la ley, la imposición igualitaria del derecho.

La justicia selectiva es un fenómeno que viola los postulados de libertad, igualdad, fraternidad de la revolución que concretó la noción del Estado de Derecho y el derrocamiento del poder absoluto y desviado que existe cuando el mismo depende de la sola voluntad del gobernante o de un grupo y no de la norma general y obligatoria, producida como consecuencia del debate de todas las tendencias de la representación popular.

La actuación parcial de la justicia, aquella que actúa en contra de unos objetivos prefijados, es lenta para unos casos y expedita para otros, aquella que es desproporcionada en los beneficios para unos y en los cargos para otros, simplemente no es justicia, y si no hay justicia no hay Estado de Derecho.

Que la dictadura del juez es, al fin y al cabo, tan dictadura, como cualquier otra.