• Caracas (Venezuela)

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Perkins Rocha

Mezcla peligrosa

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¿Judicialización de la política o politización de la Justicia? El filósofo de Rubio inmediatamente hubiese contestado –y con razón–: Ni lo uno ni lo otro, sino ambas cosas.

Siguiendo la insana y vieja costumbre de su mentor fallecido, de ordenar en cadena nacional el encarcelamiento y persecución de personas, incluso, muchas de ellas jueces y magistrados, cuyo único presunto delito había sido el de dictar sentencias que no eran de su agrado político-partidista, Maduro incurre en los mismos desmanes.

El mismo individuo que no ha podido solucionar el problema de escasez del papel sanitario, decide asumirse como el tótem de la realidad económica venezolana, oráculo ético de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, al calificar como delictuales conductas comerciales que él, con su profunda sabiduría popular, considera erradas, y ordenan a viva voz la venta forzosa de esos productos con la amenaza explícita de que podrían quedar vacíos violentamente, si se negare a hacerlo el vendedor, los anaqueles donde existan productos a precios incómodos para su estratégica visión del mercado.

Sus proclamas políticas, gracias al poder e intimidación que transitoriamente ostenta, son materialmente una sentencia que encuentra como jueces ejecutores nada menos que a sus ministros, quienes se apersonan en los mercados, tiendas y áreas comerciales, con funcionarios de Indepabis y guardias nacionales, a concretar, mediante shows mediáticos, los designios populistas de una sociedad socialista emergente, la cual, después de 15 años de siembra ideológica, aparta a un lado sus sagrados libros de Marx, Lenin y Marta Harnecker para ir, cual hambrientos coyotes, tras los plasmas, microondas y aires acondicionados, todos estos artefactos, por cierto, símbolos “perniciosos”  de una vida pequeñoburguesa proscrita por el actual régimen.

El gobierno astutamente cabalga sobre un antiguo sentimiento general compartido, de vieja data, arraigado en nuestro país, heredado de una Venezuela saudita en la que se instauraron prácticas comerciales indebidas y por todos reprochables, que encontraron su motivación en el alto poder adquisitivo que el venezolano tenía gracias a la renta petrolera. Ciertamente, nuestro texto constitucional proscribe duramente “el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos” (artículo 114), pero, al mismo tiempo, garantiza la libertad económica, como el derecho de dedicarnos libremente a la actividad comercial de nuestra preferencia (artículo 112), ello, porque el constituyente diseñó un complejo sistema económico que  equilibra las bondades de dos modelos políticos que, como el liberal y el social, pueden –contrario a lo que ignorantemente opina el régimen– complementarse y dar como resultado una economía social de mercado en la que armoniosamente convivan la libre competencia con la justicia social (artículo 299 constitucional). Lamentablemente parece que Maduro no ha leído la bicha.

Pero, peor que la ignorancia populistamente administrada del gobierno, resulta la terrible adecuación, que a las panfletarias y abiertamente inconstitucionales líneas impartidas por el régimen, ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia. Aceptar errores jurídicos como que un comerciante puede ser compelido a vender, porque así lo ordena el presidente, productos que no han sido calificados de primera necesidad; o que este mismo funcionario puede decidir que existe “usura” en una determinada práctica comercial, sin la previa intervención del Ministerio Público ni de los tribunales, es postrar la justicia a los pies de la política.