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César Pérez Vivas

Intolerancia y represión

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La situación nacional se agrava cada día. Nuestro pueblo sufre a cada instante los  rigores de una crisis, como nunca antes padecida. La violencia criminal no cesa. La escasez de bienes y servicios es más fuerte a media que avanzan las horas. La inflación ha superado todos los niveles conocidos, hasta el punto que estamos entrando en una hiperinflación. El desempleo hace estragos, con el cotidiano cierre de fábricas y comercios.

La cúpula roja ha perdido el sentido de la realidad y avanza hacia el colapso total. Para tratar de disimular su colosal fracaso, descarga toda su ira contra quienes trabajan en las diversas áreas del comercio y la producción de alimentos y otros bienes.

Desde el señor Nicolás Maduro para abajo, todos los voceros del gobierno socialista lanzan todo tipo de insultos y amenazas contra bodegueros, comerciantes o industriales. Ellos son los culpables del desastre, para nada la absurda política del régimen.

La crisis hace que diariamente miles de venezolanos, de diversos sectores y en diversas regiones, protesten por la gravedad de la crisis. Son muchas y variadas las razones para que nuestro pueblo proteste. Pero el gobierno no admite la protesta. La persigue. La reprime con saña, y la criminaliza de manera abiertamente autoritaria.

Un gobierno democrático entiende que la protesta pacífica es un derecho constitucional. A Maduro y sus colaboradores se les olvidó el artículo 68 de la vigente Constitución de la República, que textualmente dice:

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.”

Este derecho humano fundamental está, de hecho, suprimido en la hora presente de Venezuela.

La intolerancia ha llegado hasta el punto de considerar “conspirador”; “fascista” etc a quien ejerce el derecho establecido en el citado artículo 68 constitucional.

La orden presidencial es tajante. No permitir ningún tipo de manifestación. El libreto cubano se aplica rigurosamente, con el conocido lema fidelista de “candelita que se prende, candelita que se apaga”.

En pocos días, ciudadanos que ejercían, en Margarita, el derecho de protestar la injerencia cubana en nuestra vida política y social, fueron detenidos y sometidos a un veloz proceso judicial, además de extrañados de su región natural. Los trabajadores petroleros que reclamaban su contrato colectivo, igualmente fueron apresados y enjuiciados.

Lo más dramático, en estas horas, ha sido la represión que el capitán Vielma Mora le ha lanzado a los estudiantes tachirenses. Los jóvenes universitarios salieron a una protesta pacífica, por la tentativa de violación, de la que fue víctima una de sus compañeras de estudio.

El capitán Vielma antes que instruir la investigación de los hechos, ordenó reprimir la protesta. Los jóvenes protestaron luego por la represión. Una sospechosa agresión a la residencia oficial de gobernadores, ha sido la excusa del gobierno regional para lanzar una feroz arremetida contra la dirigencia estudiantil tachirense. Allanamientos, arrestos a personas ajenas a las protestas, y detención fuera de los escenarios de la misma, de los principales líderes estudiantiles de la región, ha sido el gran logro de un señor que luego de más de un año de gestión, solo puede exhibir un gobierno represivo.

Lo más lamentable de todo esto, es la sumisión  del sistema de justicia, a los dictámenes del capitán represor. Someter a procesos penales, asignándoles a estudiantes y a jóvenes totalmente ajenos a la protesta, la comisión de delitos como asociación para delinquir, conspiración, alteración de orden público, incendio de instalación pública y robo, constituye una lamentable utilización del derecho penal para la persecución política.

Más grave aún es enviar a cárceles de máxima seguridad a miles de kilómetros de distancia de sus hogares a unos jóvenes cuyo “hecho punible” es la de ejercer la protesta.

La saña persecutoria y la  desproporción con la que Vielma Mora ha tratado esta situación, refleja su apego a los valores clásicos del militarismo primitivo, que tanto dolor y sufrimiento, ha producido en nuestra historia, y en la de América Latina.

Estirar la cuerda para convertir una protesta estudiantil en una conspiración solo es posible en la mente de gente fraguada en ese oficio, hasta el punto que terminan viendo conspiraciones hasta en su propia sombra.

Pero lo más aberrante, es aplicar a estudiantes el tipo penal de asociación para delinquir, establecido en la ley contra la delincuencia organizada. Cuerpo normativo dictado en los países para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero sucio, y el terrorismo. Este tipo penal está revestido de especiales características para que pueda considerarse su existencia.

Pues aquí, sin que les dé un mínimo de vergüenza, estos personajes de la barbarie roja no se detienen en nada. A unos jóvenes, líderes estudiantiles, los someten a un juicio por esta ley y por este tipo penal, por unos hechos, para nada encuadrables en esa legislación. Los estudiantes no lo son. La celeridad y la creatividad para criminalizar a nuestros estudiantes, no se aprecia cuando tienen ante sí a verdaderos criminales. A ellos, este gobierno los considera “buenandros”. A ellos se les llama al dialogo y se les trata con otro lenguaje.

Es lamentable encontrar jueces y fiscales que se presten para tamaño despropósito. La sociedad tachirense en su conjunto, ha expresado su profunda indignación por el abuso e intolerancia, con la que el señor Vielma ha manejado esta situación; demostrando una vez más, que la intolerancia y la represión son los valores que le mueven.