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Gustavo Roosen

Inspecciónese

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El mandato imperioso viene de la Presidencia de la República. Al despacho de la Presidencia se le ha añadido una nueva función (Seguimiento de la Gestión del Gobierno) con órdenes taxativas de “inspección y más inspección”, con la consigna de “no perder la pista de ningún proyecto”, con el propósito de “buscar la eficacia, la eficiencia política, económica, administrativa y la calidad revolucionaria”, con la promesa de designar “equipos que estén supervisando de manera sorpresiva algunas de las empresas del país”, con la participación directa de las más altas autoridades (“que no les extrañe que aparezca Nicolás Maduro o algún ministro realizando una inspección imprevista”), con la oferta de recompensa (“al que lo esté haciendo bien vamos a condecorarlo”) y la amenaza de “mano de hierro, de ministros para abajo”.

Como ha escrito Rigoberto Lanz, ideológicamente muy cercano al Gobierno, la promesa de mano de hierro no puede ser interpretada sino como reacción a las inocultables e impunes muestras de incapacidad del “funcionariado”. Desde otra perspectiva, sin embargo, la nueva decisión debe leerse como un recurso para desviar la responsabilidad de los errores cometidos en la conducción del gobierno, resultado de un estilo personalista, marcado por consignas revolucionarias, improvisaciones y arbitrariedades.

Las estadísticas más reales, aquellas que no han pasado por la deformación oficial o la interpretación orientada a confundir, demuestran un preocupante decrecimiento del sector industrial controlado por el Gobierno. A esta indicación de alarma se suma la curiosa e intempestiva decisión de las inspecciones sorpresa, reconocimiento de las visibles fallas de este Gobierno en la conducción de las empresas del Estado.

Más que preguntarse sobre la pertinencia de la medida y sobre sus posibilidades de compensar el alto nivel de ineficiencia y fracaso, cabría formular otros interrogantes: ¿quién nombra a los presidentes, directores y gerentes de las empresas?, ¿con qué criterios lo hace?, ¿cuánto pesa la capacidad profesional y gerencial de los designados?, ¿cuánta autoridad se les delega?, ¿cuál es su periodo de permanencia?, ¿quién aprueba los planes, objetivos, metas y presupuestos?, ¿quién programa y conduce los planes de capacitación?, ¿cómo funciona el sistema de rendición de cuentas?, ¿quién es el responsable de las pérdidas? Instaurada esta nueva instancia de inspección, ¿qué función cumplen los respectivos órganos de adscripción de las entidades que serán inspeccionadas?, ¿dónde queda el papel de la contraloría interna? y ¿dónde el de la Contraloría General de la República?

Salvo algunos sustos y algunas posibles sanciones de efecto demostración e intención propagandística, no es mucho lo que se debe esperar de la nueva preocupación oficial por la eficiencia. El nuevo método de inspecciones no sustituye los sistemas de evaluación de rendimiento ni el seguimiento sistemático de los factores e indicadores de una buena gestión. La solución no está en una instancia persecutoria de dudosa eficacia, sino en la práctica consistente de una buena gerencia, con personas dotadas de capacidad, formación, motivación, autoridad, prestigio profesional.

Considerar –y despreciar– a la buena gerencia como un producto capitalista impide reconocer su imprescindible necesidad, si a lo que se aspira es a ganar en productividad, en competividad, en eficiencia, en calidad, en buena gestión. La gerencia sirve de poco, desde luego, si a lo que se aspira es a incrementar la dependencia: la de la economía respecto del petróleo, la del suministro respecto de la importación, la del ciudadano respecto del Estado. Lejos de ser un instrumento de supervisión para estimular logros y corregir errores, la inspección se convierte entonces en un mecanismo más para ocultar los desatinos y desaciertos, desviar la responsabilidad central y acentuar el miedo y la dependencia, condiciones de las que se nutre el actual estilo de poder.