• Caracas (Venezuela)

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Jesús Ollarves Irazábal

Injusticia express

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Los venezolanos tienen derechos políticos. No se trata de prebendas de un gobierno o una facción política, porque son derechos humanos y como tales anteriores y superiores al Estado.  No basta que una instancia de poder trate de menoscabarlos o incluso se atreva a violarlos para que se pierda la dignidad humana.

Se supone que en una sociedad democrática el Estado de Derecho debe ser respetado, incluyendo los derechos políticos que están establecidos en el artículo 62 de la carta magna. Sin embargo, por artificios de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia han sido vulnerados de la forma más burda.

Los ciudadanos Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla, Romel Guzama, y Miguel Rodríguez resultaron electos como diputados en el estado Amazonas. Pero, a través de una maniobra mafiosa ejecutada por factores oficialistas y miembros de la Sala Electoral del TSJ, se pretende desconocer de la forma más ignominiosa la soberanía popular en el estado Amazonas. Lamentablemente, el TSJ no les garantizó sus derechos a los amazonenses, pues desconoció a sus representantes en la Asamblea Nacional,

El 28 de diciembre de 2015 la Sala Electoral recibió 6 impugnaciones acompañadas de solicitudes de amparo con el propósito de que se suspendieran los efectos de las elecciones parlamentarias en los estados Amazonas, Yaracuy, Aragua, y la circunscripción especial indígena de la región sur del país. Al día siguiente recibió uno más respecto de los comicios en  Amazonas, el cual fue declarado con lugar el 30 de diciembre. El resultado ya era previsible en el contexto del sistemático abuso de poder por parte del chavismo enquistado en la dirección de las instituciones fundamentales del Estado venezolano. El objetivo era tratar de atenuar, ante su militancia, la aplastante derrota de los pasados comicios electorales; y tratar de arrebatar a la oposición las competencias que se derivan de haber obtenido, en buena lid,  la mayoría calificada de dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

La Sala Electoral actuó de forma artificiosa y en franco desconocimiento del Derecho. No consideró que el procedimiento electoral había cesado y que los diputados que resultaron electos en Amazonas una vez proclamados de conformidad con el artículo 200 de la Constitución pasaron a ser diputados electos con inmunidad.

Durante la ejecución de esta artimaña judicial no se guardaron las formas. Emulando el lema Scout "siempre listos" y de la forma más descarada, la Sala Electoral interrumpió su receso y reanudó su despacho para ejecutar la maniobra.

El máximo tribunal abrió sus puertas al chavismo, pero se las cerró a los ciudadanos que también solicitaron tutela judicial frente a otro desconcertante abuso de poder: la designación inconstitucional y extemporánea de 13 magistrados del TSJ por parte de la legislatura saliente de la Asamblea Nacional. Contra dicho acto se ejercieron acciones ante la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa, pero ambas instancias ignoraron los requerimientos de justicia.

Lo más extravagante son los actores involucrados. Uno de los accionantes fue  Nicia Marina Maldonado quien hasta hace pocos días, fue ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral (Redi) Guayana, con competencia en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Uno de los magistrados de la Sala Electoral que firmó la irrita decisión fue el ex diputado del PSUV Christian Zerpa, cuyo nombramiento fue hecho entre gallos y medianoche, por la anterior Asamblea Nacional, y cuya designación fue violatoria del procedimiento establecido en la carta magna, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el reglamento interno del Comité de Postulaciones Judiciales, que rige el mecanismo de funcionamiento y los procedimientos para convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar al Poder Ciudadano la lista de candidatos a magistrados, postulados por la sociedad civil.

El TSJ no actuó como un órgano de garantías constitucionales y legales. Por el contrario,  es la horrenda expresión de un sistema de administración de justicia descompuesto por su falta de autonomía, independencia e imparcialidad, y por estar supeditado a consideraciones de índole político-partidista.

La Sala Electoral actuó como un órgano político del PSUV. Con la suspensión de los efectos de las elecciones parlamentarias en el estado Amazonas, ignoró que los derechos políticos son plurales y diversos, y se violó el derecho de elegir y ser elegido. Pero lo más grave es la violación al derecho de los habitantes de Amazonas a estar representados en la Asamblea Nacional.

Los Diputados del estado Amazonas quedaron suspendidos hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la validez o nulidad de los actos de totalización, adjudicación y proclamación del Consejo Nacional Electoral de los diputados de ese estado. No fue una decisión apegada a la ley ni al Derecho, sino un fallo que corresponde al empeño de un gobierno que quiere mantenerse aferrado al poder a toda costa. No es otra cosa que una injusticia express.

 

@jesusollarves