• Caracas (Venezuela)

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Jair de Freitas

Impunidad laboral

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Vivimos en un país en el que la descomposición social cambió el freno por el acelerador, donde exigir los derechos es descortesía y la solidaridad se mal entiende como sinónimo de falta de castigo. Con tristeza hay que admitir que los principios, valores y reciprocidad de trato ceden sin pudor afectando nuestro gentilicio al tiempo que destacan a la viveza criolla como atributo.

En el ámbito de las relaciones de trabajo la situación es similar. Cuando el trabajo honesto deja de ser el modo de satisfacer las necesidades y lograr el ascenso social, desciende el compromiso organizacional y la insuficiencia salarial contribuye con la deserción del llamado sector formal de la economía. Es en ese escenario donde se presentan los primeros síntomas de la desidia profesional entre quienes a pesar de todo conservan su empleo; a saber: impuntualidad, disminución de la calidad de trabajo, inercia o pérdida de proactividad, resistencia al cumplimiento de las funciones inherentes al cargo y hasta somatización en la salud con períodos prolongados de ausencia, entre otros. Todas esas situaciones, obligan al patrono a contratar una cantidad mayor de trabajadores respecto de los que realmente necesita.

A la sazón de lo anterior, el populismo revolucionario se ocupa de mercadear una versión distinta del asunto, según la cual el responsable del deterioro progresivo en Venezuela es el emprendedor que arriesga su capital en un país que no tiene seguridad jurídica, que supera los obstáculos de la rigidez económica, que lidia cotidianamente con la distinción entre requisitos y recaudos (fiel expresión de la burocracia mal entendida) y que indirectamente fomenta atajos éticamente cuestionables. Por ejemplo, en este mundo al revés, el patrono termina siendo el responsable de un salario mínimo insuficiente que en realidad fue fijado unilateralmente por el ejecutivo nacional.

Se recrea entonces la versión socialista del siglo XXI de la lucha de clases, escenario en el cual el trabajador se atrinchera en la exigencia de sus derechos pero sin la reciprocidad de cumplir con sus deberes, en tanto que el patrono trata de gestionar los desacuerdos en una coyuntura con bajas dosis de elocuencia, donde se fomentan protecciones a ultranza con base en la incorrecta interpretación y aplicación del marco normativo laboral vigente.

Es verdad que las imperfecciones de la LOT son muchas e inocultables, pero existe una miope obsesión de los leguleyos por achacar al nuevo marco normativo todos los males que aquejan a las relaciones de trabajo en nuestro país, cuando buena parte de los mismos tienen su fuente más bien en una errada política laboral, aplaudida a ciegas por buena parte de los operadores jurídicos. Por ejemplo, el ausentismo laboral: la ley es diáfana cuando afirma que constituye causal de despido la inasistencia injustificada del trabajador en tres días hábiles durante el lapso de un mes, pero ¿cómo combatir ese flagelo cuando los reposos médicos se cotizan según el ente emisor, salario devengado y duración?

El problema en el fondo no es si la LOT tiene o no un procedimiento para calificar los incumplimientos de los trabajadores y solicitar la autorización a la Inspectoría del Trabajo para su respectivo despido, sino que una vez cumplidos los pasos establecidos en la norma no se tome la decisión, o peor, se resuelva en contra del patrono aun cuando conste la falta del trabajador. Compare usted cuántos trabajadores autoriza despedir la Inspectoría del Trabajo anualmente y cuántos son reenganchados tras simplemente solicitarlo. ¿Dónde queda la simetría entre los administrados? Creo que la política laboral no solo permite, sino que además fomenta la impunidad laboral.

 

@jair_defreitas

jair_defreitas_1@hotmail.com