• Caracas (Venezuela)

Opinión

Al instante

Jesús Ollarves Irazábal

¿Ignorancia o mala fe?

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Cada vez que un órgano internacional de supervisión en materia de derechos humanos se pronuncia sobre lo que ocurre en Venezuela, las autoridades del poder público nacional se suman a un repetido coro de alegatos: “Somos libres, autónomos y soberanos, y no podemos permitir injerencia en nuestros asuntos internos”.

A menos de que se trate de un artificio, no es parte de la discusión la libertad, autonomía y soberanía del país.

Soberanía no significa, como en otros tiempos, poder absoluto e ilimitado del Estado sobre su territorio o sus nacionales. De ser así, por ejemplo, el gobierno pudiera realizar ensayos nucleares en nuestro mar territorial, a pesar de que ello afecte negativamente derechos transgeneracionales y el bienestar de toda la comunidad internacional. O, como dijo Joseph Goebbels en 1933 en el Consejo de la Sociedad de Naciones frente a la queja de un judío alemán perseguido por el nacionalsocialismo: “Somos un Estado soberano y lo que ha dicho este individuo no nos concierne. Hacemos lo que queremos de nuestros socialistas, de nuestros pacifistas, de nuestros judíos, y no tenemos que soportar control alguno ni de la humanidad ni de la Sociedad de Naciones”.

Cuando Venezuela ratifica tratados internacionales en materia de derechos humanos lo hace en un ejercicio de soberanía, en una manifestación de voluntad ejecutada por funcionarios debidamente acreditados y autorizados para vincular al Estado con otros, y asumir los derechos y obligaciones previstos en dichos tratados.

Venezuela es y ha sido tan soberana e independiente que al denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos alegó consideraciones distintas a las previstas en el derecho de los tratados, por ejemplo, el hecho de que la sede de la CIDH esté en Estados Unidos. En el ejercicio de su soberanía nunca escuchamos que las autoridades nacionales hayan invocado vicios en el consentimiento, tales como error, dolo, corrupción, coacción sobre el representante de un Estado, o la coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Entonces, debemos asumir que la manifestación del consentimiento de Venezuela al momento de pactar ha sido legítima y en un flamante ejercicio de independencia.

Con respecto al trillado argumento de la injerencia en nuestros asuntos internos, el gobierno nacional debe entender que Venezuela forma parte de la sociedad internacional y que por ello está sometida a las reglas de Derecho que rigen esa sociedad. En materia de derechos humanos hay una aspiración común, pues todos los Estados tienen un interés legítimo en su protección, de modo que mal puede sostenerse que el pronunciamiento de un Estado u organización internacional sobre violaciones de derechos humanos en otro Estado implique injerencia alguna.

Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, también debe saber que la injerencia humanitaria es la intervención en un Estado soberano por uno o varios Estados u organizaciones internacionales, con el objetivo de proporcionar a la población civil protección ante la violación de sus derechos humanos, o bien ante situaciones de emergencia derivadas de una guerra civil, de hambrunas o genocidio, entre otras causas.

Desde hace más de una década, Venezuela ha sido renuente en cumplir con las resoluciones de la CIDH, y, por si fuera poco, la Sala Constitucional del TSJ, en 2008, luego de declarar inejecutable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado por la destitución irregular de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo sugirió al Ejecutivo la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es decir, la desvinculación de Venezuela de algunas disposiciones de ese tratado.

Pero el desprecio y desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos no cesa. El mes pasado, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria decretó que las aprehensiones del máximo dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y del alcalde destituido de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fueron arbitrarias. Dichos dictámenes fueron calificados por la fiscal general de la república, Luisa Ortega, como una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. De esa forma, pretendió deslastrarse de su obligación de investigar los vicios denunciados por Naciones Unidas, que en este caso tienen que ver con la violación del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución. Además, el artículo 85 de la Ley contra la Corrupción establece: “Los fiscales o representantes del Ministerio Público, que dolosamente no interpongan los recursos legales, no ejerzan las acciones penales o civiles, o no promuevan las diligencias conducentes al esclarecimiento de la verdad, a la rectitud de los procedimientos, al cumplimiento de los lapsos procesales y de la protección debida al procesado, serán penados con prisión de dos a cuatro años”.

Sobre la detención del dirigente político Leopoldo López, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha expresado “gran preocupación” sobre su detención y exhortó a las autoridades venezolanas a su inmediata liberación.

No se trata del representante de ningún gobierno extranjero que pretende imponernos pautas o políticas. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el principal funcionario en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas, y tiene la responsabilidad principal de velar por la promoción y protección de los derechos humanos. Presta apoyo a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales y los comités de expertos encargados de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos.

El pronunciamiento de los órganos internacionales de control en materia de derechos humanos es muy importante, pues es un indicador del estado de la democracia en un país. Las autoridades venezolanas tienen la obligación de cumplirlos de buena fe y no pueden invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de los tratados en los cuales se fundamentan.

La celebración de tratados es la manifestación más palpable del ejercicio de la soberanía de los Estados, y el cumplimiento de lo pactado no solo compromete el honor nacional, sino que es la base de la convivencia civilizada entre las distintas naciones.

La renuencia en cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos constituye una evidencia adicional de que Venezuela tiende a ser un Estado forajido, administrado por un gobierno que tolera la violación de los derechos humanos, que desconoce el Estado de Derecho y la separación de los poderes.

Dudamos que después de tanto escrutinio internacional (Venezuela está en la lista negra de la CIDH desde 2002) el Estado ignore el alcance de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Más bien, todo indica que, simplemente, actúa de mala fe.

 

@jesusollarves