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Luis Ugalde

Iglesia y gobierno

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El Concilio Vaticano II dio, hace medio siglo, un vuelco radical a la relación Iglesia-Estado y al modo de relación de la Iglesia con los gobiernos. En régimen de cristiandad los Estados eran confesionales y las autoridades civiles tenían cierta obligación de obedecer a las religiosas, como en las teocracias musulmanas actuales, pero más mitigadas. En el mundo católico moderno el camino hacia la autonomía mutua entre la Iglesia y los gobiernos fue largo, lleno de conflictos y tensiones, hasta que el Concilio Vaticano II reconoció la autonomía de los gobiernos en su servicio a los gobernados. ¿Qué les pide hoy la Iglesia a los gobernantes? “No os pide más que la libertad: la libertad de creer y de predicar la fe: la libertad de amar a Dios y servirle; la libertad de vivir y de llevar a los hombres su mensaje de vida”, como dijo Pablo VI en vísperas de la clausura del Concilio. Vivimos en Estados laicos y es importante que los gobiernos no traten de imponer una fe, ni siquiera una fe atea.

La Iglesia no debe buscar el poder ni el mantenimiento de antiguos privilegios, sino el servicio a la sociedad desde el Evangelio y el seguimiento de Jesús, que llevan el amor de Dios y del prójimo a las conciencias de todos sus miembros y se comprometen en la construcción de una sociedad de paz, justicia y amor. Desde ahí –guste o no a los gobiernos– la comunidad cristiana –junto con otros–, debe en conciencia y con coraje expresar su especial sensibilidad para las víctimas de la violencia, de la injusticia, del odio, de la pobreza y el mal gobierno; por eso la Conferencia Episcopal Venezolana en su reciente exhortación dijo cosas como:

-“El proceso (electoral) se caracterizó por una campaña ventajista a favor de una de las partes e hizo evidente la existencia de serias deficiencias en nuestro sistema electoral”.

-“El bien del país exige un entendimiento entre las partes, la búsqueda de una plataforma común que permita avanzar y solucionar los problemas acuciantes. No es aceptable una solución que signifique la destrucción de los que no piensan igual”.

-“Nos preocupa que aún persista el lenguaje agresivo y descalificador, especialmente de parte de algunos personeros del Gobierno. Igualmente nos preocupa la persistente inseguridad ciudadana, acompañada de violencia y muerte en todo el país”.

-“Es indispensable la despolitización y la imparcialidad de los agentes de justicia en el ejercicio de sus funciones. Por otra parte, el drama de los presos, perseguidos y exiliados políticos niega la posibilidad de disentir, característica de la verdadera democracia”.

-“La autonomía universitaria no es una concesión del gobierno de turno, su deber es garantizarla. Invitamos a todos, Gobierno y comunidad universitaria, a un sincero diálogo y a un compromiso por la mejora de las condiciones de funcionamiento de estas casas de estudios”.

Ni a los gobiernos ni a la Iglesia les gusta que los critiquen, ni reconocer sus defectos, pero la sociedad exige gobiernos que den buen servicio y una Iglesia espiritualmente libre y testigo de Jesucristo, que hace suyas las alegrías, tristezas, sufrimientos y esperanzas de la gente. La mutua libertad de gobierno e Iglesia es buena para ambos y necesaria para la sociedad. Con buen entendimiento en aquellas áreas en las que ambos inciden, como pueden ser la educación, la salud, la formación en valores… Buen entendimiento sin perder la libertad, ni caer en complicidades.

 

¿Para mejorar la educación?

No tengo la dicha de conocer personalmente a Maryann Hanson, ministra de Educación, pero debe de ser una persona inteligente y razonable para que haya sido llamada a ejercer tan importante y delicado cargo. Por eso me llenó de perplejidad leer que, según ella, los colegios privados no podían subir las mensualidades más de 10%. Como la inflación anual será de por lo menos 40%, los profesores estarían obligados a perder 30% de sus pobres ingresos.

¿Podría explicarnos la ministra cuál es la razón educativa y revolucionaria para obligar a los colegios privados a rebajar 30% los sueldos a los docentes? ¿Por qué los profesores con más bajos ingresos tienen que subsidiar a los padres de familia? ¿Cuál es la razón profunda por la cual a los colegios se les impide aumentar la inversión para mejorar la educación, y, por el contrario, están obligados a invertir 30% menos? Todo después de ocho años con inflación acumulada superior a 240% en educación y aumentos de matrículas inferiores a 150%?