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Héctor Silva Michelena

Hechos, no palabras. Y mucho más

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El diario El País de Madrid, España, en un lúcido editorial del 22 de abril de este año, señala con precisión las condiciones mínimas para lograr las convivencia pacífica en Venezuela, esa misma que con poca credibilidad convoca el señor Maduro, por aire, por tierra y por mar. ¡Ufff! Dice el editorial:

“El diálogo para pacificar Venezuela no avanzará si Maduro mantiene la represión. Es improbable que en su ámbito actual el diálogo auspiciado por Unasur y la Iglesia conduzca a la pacificación de Venezuela. Lo que cada vez más separa a Maduro y sus críticos no son matices, sino el cuestionamiento radical de una manera de entender el poder, caudillista y sectaria, que empuja al país latinoamericano por un tobogán alarmante.

“La semana pasada (17 al 21) se alcanzaron tímidos compromisos para sumar figuras respetadas a la comisión que investigará el uso excesivo de la fuerza; o agilizar la designación parlamentaria de autoridades electorales y judiciales. Pero las protestas tienen un carácter insurreccional y están respaldadas por una parte de la oposición que no se siente representada por la Mesa de Unidad. Ni los principales líderes en el origen de la crisis actual ni el movimiento universitario participan de una negociación en la que el gobierno ya ha rechazado amnistiar a los dirigentes opositores encarcelados y a los centenares de detenidos en las manifestaciones.

“A corto plazo, y a la espera de un nuevo encuentro, el diálogo solo puede avanzar con un cambio de la política de orden público por parte del presidente venezolano. Los elementos básicos son la desaparición de los grupos de choque gubernamentales y la exigencia de disciplina a las fuerzas de seguridad conforme a los estándares de un Estado democrático.

“Venezuela ofrece un cuadro agónico un año después de que Maduro asumiera el infausto legado de Chávez tras unas elecciones poco creíbles, cuyos estrechísimos resultados fueron cuestionados por la oposición. La inflación puede llegar a finales de año a 75% y la escasez de alimentos y productos básicos no deja de aumentar, como la disparada tasa de homicidios o la violencia política. El gobierno de Maduro, en nombre de imaginarias conspiraciones internas y externas, ha multiplicado la represión, el control informativo y las violaciones de libertades básicas. El escenario es insostenible sin un golpe de timón del que, por el momento, no hay indicios”.

Hasta aquí el editorial de El País. Dentro de mi acuerdo, tengo una observación: dice el gran diario español que: “…Pero las protestas tienen un carácter insurreccional y están respaldadas por una parte de la oposición que no se siente representada por la Mesa de Unidad”. Conociendo bien como conozco el movimiento estudiantil (fui estudiante activo en la lucha contra la dictadura militar de Pérez Jiménez, como militante del PCV; y, luego, bajo el hechizo de la Revolución cubana contra lo que creímos desvíos y extravíos de la democracia; hoy actúo como profesor contra la ilegitimidad de ejercicio del régimen), puedo afirmar que las protestas no tienen carácter insurreccional; los estudiantes luchan por un cambio de régimen, es decir, cuando los ciudadanos se encuentran en una situación de dominación o subordinación al régimen político, aun cuando los gobernantes hayan sido elegidos de manera democrática. Al llegar al poder, el dirigente adquiere la capacidad de mandar, lo que supone que el resto deberá obedecer. Por supuesto, en esta relación hay límites establecidos por la ley. Esta ley es la Constitución. El cambio del régimen que propician los estudiantes es por vía constitucional.

En el documento constitutivo de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular publicado el 12 de marzo, se lee: “Seguimos exigiendo la libertad de nuestros detenidos, la libertad plena de los que tienen régimen de presentación, el regreso de los exiliados y justicia para los caídos. Mantenemos nuestra postura: No hay condiciones para el diálogo. El pueblo venezolano sabe que para solucionar los problemas del país, es necesario cambiar de raíz este sistema político. Insistimos en el cambio inminente y necesario del sistema político, pues ha confiscado la libertad y la justicia. En la Constitución están establecidos los mecanismos para restituir el hilo constitucional, no estamos exigiendo nada desconocido. El régimen no quiere desmontar a sus grupos armados (paramilitares), no respeta los derechos humanos del pueblo, no quiere respetar la libertad de expresión, no quiere hacer avanzar al país, desmejora las condiciones laborales de los trabajadores y no quiere, en definitiva, que seamos libres”*.

En cuanto a la política de orden público, sabemos que la misma forma parte de las políticas públicas, y una de ellas, de enorme importancia, es la política económica del régimen. Este es un punto crucial, en el cual hay un absoluto consenso en todos los sectores de la oposición, llámense MUD, estudiantes, sociedad civil disidente, etc. Los economistas hemos señalado desde hace mucho tiempo, en la cátedra, en la prensa, en la academia y en foros, que se necesita un cambio profundo en el régimen de políticas económicas, especialmente respecto al sector productivo; también se debe modificar el marco legal e institucional sobre los derechos de propiedad, ya que el marco actual dificulta el proceso de inversión y crea inseguridad jurídica.

En cuanto al diálogo, en todas las sociedades democráticas del mundo el gobierno y el sector privado suelen intercambiar información y participar en el diseño de las políticas económicas. En el caso de Venezuela esto ha sido la excepción. La materia económica, si bien está planteada en la agenda, no es prioritaria. Sin embargo, el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, declaró (El Nacional 21/04/14): “No están tan buenos los factores de crecimiento y de inflación, pero se mantiene el aumento del empleo en el país”.

Esos “factores de crecimiento” no son otros que sus agentes económicos productivos: el sector público, fuerte pero minoritario, y el sector privado, mayoritario pero hostilizado, por lo cual su propensión a invertir es muy baja. Es un abecé económico que la inversión es el resorte del crecimiento que, combinado con políticas de equidad, genera el círculo virtuoso del desarrollo. Todo esto está ausente. El marco institucional del país es hostil y contrario a este proceso y debe ser desmontado cuanto antes si se quiere que Venezuela recupere el tiempo perdido y reinicie la senda del desarrollo económico y social. Sin esto requisitos, la cacareada por Maduro “ofensiva económica” fracasará.

 

*http://www.frentepatriotico.com/inicio/2014/03/12/comunicado-de-la-junta-patriotica-estudiantil-y-popular/#sthash.G7rtzE49.dpuf