• Caracas (Venezuela)

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Carlos Delgado Flores

Haga su cola

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Cuando la cola se convierte en el enemigo, en el objeto de una campaña política por parte de un gobierno, uno podría delirar suponiendo que para eliminarlas de raíz habría que suspender el derecho de reunión (es decir: considerar que donde haya tres personas o más hay allí una cola embrionaria). Ello sería mucho más eficaz en términos políticos que multar a los comercios que las propicien por tener cerradas las cajas y los puntos de venta, aunque se dejaría de cobrar las multas, que hacen bien al bolsillo o al erario, que no son lo mismo aunque hay quien los confunde. Se combatirán las colas de toda índole y acaso en el interés de consolidar el modelo (antes llamado proceso) solo se dejarán dos, en atención a que son las últimas: la de la morgue, o la de quienes emigran del país.

La cola de la morgue y la cola de la diáspora. La primera dio de baja cerca de 25.000 venezolanos el año pasado, lleva más anotados que las guerras balcánicas o los conflictos de Siria o Ucrania (y eso que no hay una guerra declarada),  y la segunda ya regó por el mundo a más de un millón 600.000 venezolanos, la mayoría de ellos jóvenes, universitarios, bien cualificados. La cola de la morgue apura el paso de la cola de la diáspora, instala la desesperanza aprendida y atenaza el sentimiento de impotencia de la ciudadanía frente a este estado de cosas y frente a la sospecha de que quizás le toque a cada quien retomar en lo personal la confianza delegada en sus representantes institucionales.

La historia de las causas de ambas colas nos es común a todos, independientemente de los bandos donde nos encontremos. Una versión de esa historia nos dice que las fallas en el proyecto de modernización no solo constituyeron la injusticia social, sino incluso un apartheid cultural que tiene casi 80 años instalado, enraizado en la antropología pesimista del positivismo venezolano, que ha trascendido como pensamiento de elites en el país, incluso hasta la burocracia cívico-militar. Aunque pudiéramos estar exagerando y no se trata tanto de la (in) capacidad del cuerpo social de metabolizar las diferencias  como de la suma de ineficiencias institucionales, lo que nos trajo aquí. Sin embargo, quien esto escribe concuerda con un amigo historiador, profesor universitario al que le preguntamos si este exilio no representa la crisis (final) del proyecto modernizador, a lo que respondió “Así es, ¿qué país tenían en mente los que se formaron en Fundayacucho?”. Una diáspora de doctores y magister, frente a 8 millones de venezolanos que no pasan del 7° grado habla de dos países y ninguna ciudadanía, con lo cual precariamente podemos seguir hablando de República.

 

El síntoma viejo hizo crisis hace veinticinco años, con el caracazo. Si contamos la historia sin los bandos, podemos decir que desde 1989 hemos buscado la vía para el cambio político y social general: una rebelión social ese año; dos golpes de estado en 1992; la renuncia de un presidente en 1993; una Constituyente en 1999; una rebelión que terminó en un golpe de estado en 2002; un paro nacional en 2003; un referéndum revocatorio en 2004; un referéndum negatorio de una amplia reforma a la constitución de 1999 en 2007, una enmienda constitucional para la reelección indefinida en 2008. Entre diciembre de 1998 y lo que va de 2014  hemos tenido quince años de elecciones para diversos cargos de representación popular que han servido de principal argumento a las instancias internacionales para reconocer el gobierno venezolano como democrático y legítimo, con lo cual hemos aprendido en carne propia que puede haber democracias sin demócratas.

 

Cambiamos una forma de democracia, la representativa, por otra, la participativa, pero el régimen no permite otra participación que la que ellos autoricen, de entre la gente que está en el partido o en sus redes clientelares, eliminando una de las condiciones necesarias para la participación democrática que es la autonomía. Permitimos que una burocracia cívico-militar tomara control del gobierno y del estado, dejando fuera de las decisiones a los ciudadanos, corporativizando la justicia. Permitimos que ésta controlara y disolviera las instituciones; que estableciera un mecanismo de propaganda y otro de censura que mermaran la capacidad de acción de los ciudadanos; que convirtiera los programas de asistencia social en programas de fidelización política, transformando al ciudadano en cliente, generando nuevas formas de exclusión política. Permitimos que la nueva burocracia siguiera haciendo el mismo populismo de siempre, pero a una escala mayor; que estableciera redes continentales para apoyarse con otras, en nombre de un socialismo que, aun siendo denominado como Socialismo del Siglo XXI, no ha sido más que un socialismo nacional de tipo burocrático, como el soviético o el cubano. Permitimos, en suma, que el régimen atentara contra los vínculos que constituyen no la democracia, la República, que es expresión de nuestra voluntad de crecer y convivir, juntos, en un mismo país.

 

Frente a este estado de cosas, debemos respondernos si veinticinco años no son tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo en torno al futuro que queremos para todos, así como las dinámicas de cambio que debemos seguir para alcanzar ese futuro. Y si es que estamos de acuerdo en que este es el tiempo para alcanzar ese acuerdo, ¿cómo lo hacemos?

 

La primera cosa que debemos lograr es entender que quienes atentan contra la República lo han hecho en función de sus propios intereses, secuestrando los derechos de todos los ciudadanos, con lo cual han constituido alternativamente, o una tiranía, o una hegemonía o una cooptación; esta última fue práctica común en el régimen de partidos de masa del Pacto de Punto Fijo, pero la primera es su exceso, lo que hoy tenemos.  Una vez producido este entendimiento, los bandos excluidos deben poder dialogar para establecer acuerdos en torno a un proyecto país socialmente consensuado; un móvil para este diálogo es la solidaridad; un espacio para significar esta solidaridad es la unidad de la República; una oportunidad para este diálogo es el Congreso de Ciudadanos, que tiene como reto el producir un espacio de deliberación pública amplio, abierto, respetuoso de la diversidad y enfocado en la construcción de una visión compartida de país, que en modo alguno pueda ser denunciable por ser una practica asambleística, una salida voluntarista o mesiánica, cosa que dependerá del accionar de sus convocantes, tanto en sus liderazgos personales como en su representación institucional. Y yo sé que se puede: hay que preguntarle a Mercedes Pulido de Briceño cómo fue el proceso de deliberación pública que se siguió para la reforma del Código Civil entre 1978 y 1983.

 

Para participar en este congreso hay una página web con instrucciones http://futuroparatodos.com/Inicio.html donde quien esté interesado puede inscribirse. Mas que cola, lo hay que hacer es hablar, deliberar, acordar, reunirse en asamblea o nombrar representantes para otras asambleas hasta llegar a una asamblea nacional, pero poner la mente en esto, ya que si no está en la mente no estará en ninguna parte.