• Caracas (Venezuela)

Opinión

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En Argentina, el actual gobierno ha sido ejemplar a nivel mundial a través de la política de derechos humanos, que llevó a juicio a los responsables militares (y en algunos casos también civiles) del terrorismo de Estado que se vivió luego de 1976 en ese país. Esa política se ha acompañado de un singular cuidado de que se dé el pleno ejercicio de libertades por la ciudadanía: se ha impedido la represión de la protesta social –lo que le ha valido al Ejecutivo el fastidio de sectores sociales que alientan esa represión–, a la vez que permitido la más irrestricta libertad de prensa y de todas las posibilidades de expresarse, marchar y manifestarse, por cierto también para los casos en que se lo ha hecho en contra de la política oficial.

Nada de ello ha evitado que un gobierno que ha mejorado las condiciones de los sectores más pobres, que ha disminuido la brecha entre los más pudientes y los que menos lo son, que disminuyó la desocupación a la cuarta parte del porcentaje que encontró a su comienzo, que mantuvo por más de un lustro un crecimiento económico a tasas chinas, sea a la vez un gobierno vituperado y atacado desde una fuerte campaña mediática, la cual acompaña a la ideología previa de un sector social que rechaza el apoyo estatal a los sectores sociales marginalizados, a los cuales detesta de manera cuasi-racista y bastante abierta.

De tal manera, se asiste al absurdo de que el gobierno sea denominado “dictadura” por quienes fueron –a menudo– partidarios de la verdadera dictadura, la que en Argentina persiguió, expulsó del trabajo, censuró, exiló, encarceló, secuestró, torturó, desapareció y asesinó a muchos millares de argentinos. El horror de esa época se ha mostrado en los juicios a los responsables de la represión ilegal, que se ejercía de manera totalitaria e implacable. Hoy, los que dicen que no hay libertad lo dicen cómodamente instalados frente a su televisor o marchando tranquilamente en la calle, con la total seguridad de que nada podría ocurrirles con un gobierno que no toma represalias con sus detractores.

Tan así es, que el delito de injurias fue anulado para los periodistas por iniciativa de Néstor Kirchner a comienzos de su gobierno; y en nombre de la libertad de prensa se ha llegado a publicar un dibujo de la presidenta practicando una felatio (parece increíble), y la tapa de una revista semanal opositora fue la presidenta teniendo un orgasmo (??). El primer dibujo finalmente fue sacado de circulación por los que lo editaron; el segundo figuró en todos los kioscos del país, sin sufrir censura ni ex-ante ni ex-post, a pesar de su evidente exceso, mal gusto, e irrespetuosidad hacia la jefa de Estado.

Se ha intentado todos los modos de la desestabilización contra un gobierno al que no se perdona, por ejemplo, haber incluido a las amas de casa y a más de 1 millón de personas que no habían aportado, al sistema de jubilación estatal. Y que liberó al país de la pesadísima carga de la deuda externa, ahorrando 70.000 millones de dólares en la ardua y prolongada negociación de los bonos  hecha en el año 2005, hoy atacada por los fondos buitres.

Se apeló a sublevaciones policiales, movilizaciones de empresarios rurales, cacerolazos varios. No han podido con la voluntad política de un gran sector de argentinos. Ahora, una parte minoritaria pero muy poderosa de la justicia ha tomado la posta, con apoyo de la corporación mediática privada.

Se vive una caudalosa aparición de causas judiciales contra el gobierno, sospechosamente rápidas en su trámite y resolución. Las fluidas relaciones de un sector de la justicia con los servicios de inteligencia que ahora desmantela la presidenta, les permiten a ciertos jueces y fiscales contar con datos privilegiados y secretos; y el apoyo mediático les permitió lanzar al mundo que la presidenta estaba imputada cuando solo un juez puede imputar, y el juez aún no se pronunciaba sobre la causa.

La muerte de Nisman dio lugar a una gran marcha opositora llamada por algunos fiscales, presentada como marcha en honor del fiscal fallecido. De tal modo se cumple algo insólito: una “justicia opositora”, lo que es una contradicción en sus términos. Pues la justicia debiera ser independiente; es decir, no depender del gobierno, pero tampoco de las oposiciones o de las corporaciones del establishment. En tanto esto hoy no se cumple, en Argentina se vive la curiosidad de un sector de la justicia que busca definidamente la desestabilización del gobierno, lejos del respeto a la división de poderes y a las autoridades legítimamente elegidas y sostenidas por la ciudadanía.


*Univ. Nacional de Cuyo, Mendoza, República Argentina