• Caracas (Venezuela)

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Eduardo Semtei

Gobiernos sin corazón

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La muerte es un acto perfectamente serio. Amaia Egaña era una mujer casada. Tenía, al momento de su muerte, de su suicidio, 53 años de edad. Vivía en Bilbao, España. En uno de sus barrios de la clase trabajadora. Esos mismos suburbios que se levantaron durante la burbuja inmobiliaria española, en la cual los bancos, ávidos de dinero, con sus gerentes desesperados por las grandes bonificaciones, abrieron las compuertas de los créditos impagables, fabricaron hipotecas tóxicas que tarde o temprano terminarían por explotar, y de qué manera lo hicieron.

España está hoy endeuda, en recesión y con 25% de desempleo. Los bancos españoles otorgaban créditos hasta por 120% del avalúo de un inmueble; de esa manera el remanente entre el valor cierto y el monto del crédito, es decir, 20%, servía para pagarle al banco comisiones de venta, intereses, regalías que iban, obviamente, a engordar el estado de ganancias y pérdidas de donde se calculaba la bonificación, el aguinaldo, el premio, que recibirían los ejecutivos de la institución bancaria al cierre del período.

Amaia trabajaba en el sistema interurbano de autobuses. Casada con un ex concejal que había quedado sin empleo. Con un hijo de 21 años también sin trabajo. Un juez ordenó el desalojo de la vivienda que habían adquirido durante el boom inmobiliario y Amaia no pudo asimilarlo. La vida le dio la espalda y Amaia se arrojó por un balcón. Esa muerte ha tenido un impacto superior a la propia crisis española. Fue un detonante, quizás una advertencia terrible de la desesperanza del pueblo español. A partir de allí, de esto hace un par de semanas, todo cambió. El sistema de “desahucio” entró en el congelador, el sistema judicial conoció de golpe la terrible situación de los miles de propietarios viviendo en ese albur. El Gobierno tomó cartas en el asunto. Se sensibilizó. Pese a la tremenda crisis, la sociedad y especialmente el sistema judicial y el Gobierno modificaron de facto las leyes hipotecarias. Así actúan los gobiernos responsables.

En Venezuela todo es distinto. La muerte de un venezolano para nada importa. El comisario Simonovis está enfermo. La jueza Afiuni está enferma. Al Gobierno no le importa. Pero donde se materializó claramente el desprecio por la vida humana fue en la muerte inducida y prolongada de Franklin Brito. El Gobierno, lejos de entender el sufrimiento de Brito, de tenderle una mano amiga para salvar su vida, de oír su solicitud y resolver sus peticiones, actuó de manera criminal, salvaje. Lo dejó morir lentamente, mientras que ministros, fiscales y médicos lo cubrían de acusaciones, de infamias, de blasfemias. Lo tildaron de loco. Lo acusaron de conspirador. Lo declararon incompetente. Brito reclamaba simplemente que parte de su propiedad había sido adjudicada a terceros en forma ilegal. Acusaba al INTI de quitarle sus tierras como venganza y represalia por su lucha contra el sistema arbitrario de las expropiaciones sin pagos, sin compensaciones.

Brito se convirtió en un símbolo. Todo el sistema chavista se emponzoñó contra Franklin. Los jueces, hasta llegar al mismísimo Tribunal Supremo de Justicia, dictaron una y otra vez medidas contra su persona y sus propiedades. Los ministros y directores de los distintos despachos se turnaban para declarar inmundicias en su contra. Los rojos rojitos permanecieron impasibles ante el dolor y la inminente muerte del biólogo.

Un gobierno que deja morir a uno de sus ciudadanos es tan criminal como quien empuña un arma y dispara. El caso de Amaia y del Brito son dos ejemplos extremos que diferencian un gobierno de otro. Una democracia de una paradictadura. Sólo el avance y la acumulación de fuerzas opositoras pueden detener la barbarie que se anuncia y avecina.