• Caracas (Venezuela)

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Oscar Lucien

Fuentes congeladas

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Dos eventos relevantes relativos a las limitaciones de acceso a las fuentes de información han sido noticia esta semana.

Vivimos en carne propia el desplante de Tibisay Lucena, presidenta del CNE, para muchos ministra de asuntos electorales del gobierno, con el periodista Eugenio Martínez, apreciado y reconocido periodista, experto en la fuente electoral. Talante altanero y de ruda manera la rectora Lucena cercenó el derecho de palabra de Martínez, y lo calificó de “operador político”.

Este caso toma mayor relevancia porque fue visto “en vivo y en directo” en la televisión y tuvo destacada resonancia en las redes sociales. Fuera del ámbito de la agresión personal, presumiblemente derivada de la publicación del artículo “El error 0 del CNE” en El Universal, la actitud de esta funcionaria contra un comunicador social no es un hecho aislado en la administración pública.

También hemos seguido en noticieros y medios impresos las peripecias de la periodista Maru Morales, de El Nacional, ante el TSJ solicitando un amparo para librarse del veto comunicacional que se ejerce en la AN para la cobertura informativa de los medios independientes desde la época en que era presidida por Cilia Flores. Esta ex diputada, convertida hoy por actos de magia electoral en primera combatiente (sic), clausuró la cobertura directa de los medios de comunicación de las sesiones plenarias, los obligó a conectarse a la señal de la ANTV y confinó a los periodistas a un espacio anexo, fuera del recinto de los debates. Desde ese momento los venezolanos nos enteramos de las discusiones parlamentarias bajo el sesgado color rojo y poco profesional filtro del canal ANTV.

Es importante insistir en que no estamos antes hechos insólitos o casos aislados, sino que las limitaciones que hacen visible estos recientes episodios constituyen el pan cotidiano del ejercicio del periodismo en Venezuela y tienen un lugar destacado en lo que llamo “cerco rojo” a la libertad de expresión en nuestro país.

Gracias a la “mediatización” de estos casos, los venezolanos han podido tomar conciencia de una situación grave y delicada como lo es la limitación a las fuentes de información que, junto con la autocensura, pareciera no tener la debida visibilidad y resonancia entre los otros graves problemas que restringen la libertad de expresión y el derecho a la información: violencia física, censura directa, colocación discrecional de pauta de propaganda oficial, manejo político de Conatel y Seniat, promoción de autocensura, compra directa de medios de comunicación que reflejen líneas editoriales y políticas informativas independientes.

Vale la pena dejar sentado que no estamos ante un problema exclusivo de los profesionales del periodismo sino de un grave asunto que concierne a todos los ciudadanos.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aparte 4, de la OEA, consagra que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos, y que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Las únicas limitaciones excepcionales a este principio deben estar establecidas previamente por la ley en la circunstancia que exista un real peligro que amenace la seguridad nacional.

La desidia parlamentaria que abdicó de su función legislativa al habilitar indefinidamente al difunto ex presidente, y sólo parece tener tiempo para la aprobación de créditos adicionales para el Gobierno, no ha posibilitado que Venezuela cuente con una normativa que garantice el acceso a la información pública, otra de las ostensibles moras del Parlamento venezolano. Sin embargo, la Constitución sí establece unos derechos que deben obligar al Estado a mayor flexibilidad y transparencia.

De acuerdo con el artículo 28, “toda persona tiene derecho de acceder a los datos que (…) consten en registros oficiales o privados (…) y poder acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley”.

En atención al artículo 143, los ciudadanos tienen derecho de ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados.
Por fortuna, esta semana la bancada parlamentaria demócrata ha anunciado el compromiso de garantizar la presencia de medios de comunicación independientes en la AN. La sociedad civil, y no sólo los gremios profesionales de la comunicación, debemos acompañarlos en esta importante iniciativa.