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Ramón Escovar León

Firmas inválidas y revocatorio

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“Esta cédula de identidad no se encuentra en la base de datos de los registros presentados por el partido MUD”, es la nota que aparece en la página web del CNE al verificar el estatus de mi firma para solicitar el referéndum. Esta información puede obedecer al hecho de que la MUD omitió reportar mi firma; o a que el CNE, por alguna razón “técnica”, no la reconoce. Descarto que haya ocurrido lo primero y pienso, más bien, que esta omisión indica que el CNE está obstaculizando sin rubor el proceso constitucional de realizar el revocatorio porque este llevaría a Nicolás Maduro a abandonar su cargo. Una prueba de lo que afirmo es la opción que el Poder Electoral brinda para el “arrepentimiento”, es decir, para que aquellas personas que firmaron puedan retractarse. Este procedimiento no aparece en los reglamentos, es antidemocrático y, además, evoca la nefasta “lista Tascón”.

Dejar que el pueblo entierre con votos esta fracasada “revolución” es lo que produce pánico en la nomenklatura chavista, no solo porque sería echar por tierra sus dogmas, sino porque se ponen en peligro los privilegios que han acumulado (basta ver en las calles las camionetas blindadas acompañadas por motorizados que escoltan a estos “sacrificados ciudadanos”).

En este contexto aparece la posibilidad de usar, un vez más, al TSJ para el logro de sus objetivos, con la excusa de que se habría cometido un “gran fraude” en la recolección de firmas. Incluso está latente la amenaza de enjuiciar a Henry Ramos Allup, bajo la absurda acusación de que habría cometido “injuria”. El sustento de toda esta engañifa es el formalismo. Tanto el CNE como el TSJ se amparan en tecnicismos para restringir los derechos constitucionales de los venezolanos. Para invalidar firmas se usan formalidades bufas como el enunciado de la planilla, la intensidad de la tinta usada al estampar las huellas digitales, y otras de igual guisa. Lo mismo ocurre con las obedientes sentencias de la Sala Constitucional: falacias de autoridad y de la ignorantia elenchi al modificar de forma constante los asuntos constitucionales que tienen que interpretar.

El derecho a activar el revocatorio está siendo restringido con métodos dictatoriales y el TSJ aparece como el gran colaborador. Por eso, la AN debe dejar sin efecto la “elección” de los magistrados exprés realizada el pasado diciembre, pues esta es la piedra de tranca que impide rescatar la salud democrática de nuestro vapuleado país.