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Héctor Faúndez

Fecundación in vitro

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Desde su instalación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido diseñando los contornos de la libertad en el continente.

En poco más de 30 años, la Corte ha decidido una amplia gama de casos, que van desde desapariciones forzadas a restricciones indebidas al ejercicio de la libertad de expresión, pasando por el asesinato de defensores de derechos humanos, la injerencia del Estado en nuestra libertad de conciencia y religión, violación de los derechos de comunidades indígenas, derechos sindicales, o el uso indebido de la justicia militar.

Continuando con esta tarea, la semana pasada la Corte escuchó alegatos en un caso contra Costa Rica, que se refiere a la prohibición de la fecundación in vitro.

Se trata de un asunto que concierne a la salud sexual y reproductiva, que reviste particular importancia para las parejas que padecen esterilidad o infertilidad, y que, como única opción viable para procrear, desean hacer uso de los avances científicos y tecnológicos en esta materia.

Lo que está en discusión es si la prohibición de la fecundación in vitro, vigente en Costa Rica, es compatible con las obligaciones asumidas por el Estado en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o si, por el contrario, constituye una injerencia arbitraria en los derechos a la vida privada y de formar una familia.

Además, se alega que esta prohibición violaría el derecho a la igual protección de la ley, al colocar en situación de desventaja a las parejas que, de no ser por dicho tratamiento, no podrían tener hijos.

Aunque Costa Rica comparece como Estado demandado, es digno de mencionar que, en esta controversia, la Defensoría de los Habitantes (el equivalente a la Defensoría del Pueblo en Venezuela) asumió el papel que le corresponde como defensora de los derechos ciudadanos, y se apartó de los argumentos del Estado.

Consecuente con su misión, la Defensoría ha afirmado que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos es un pilar fundamental para asegurar el respeto de los derechos humanos; además, en lo que concierne a este caso, la Defensoría observó que se podrían estar violando disposiciones claves de la Convención Americana, y se pronunció a favor de promulgar "una ley acorde con nuestros tiempos", que levante una prohibición absurda.

Sin duda, este asunto dará lugar a apasionadas controversias jurídicas en torno a los aspectos más relevantes del caso sometido ante la Corte Interamericana. Pero, por muy vehementes que puedan ser los argumentos, este asunto se tendrá que resolver teniendo en cuenta exclusivamente los derechos humanos, y no determinadas creencias religiosas, por respetables que puedan ser, pero que sólo conciernen a cada individuo, en la soledad y libertad de su conciencia.

El debate está abierto, y ahora es a la Corte Interamericana a la que le corresponde pronunciarse; sin embargo, cualquiera que sea el fallo, podemos tener la certeza de que Costa Rica lo acatará plenamente, como un deber ineludible de un Estado democrático, respetuoso de sus compromisos internacionales y de los derechos humanos.

Paradójicamente, en el mismo momento en que una instancia judicial independiente entraba a deliberar para dictar su decisión en un caso como este, que concierne a la libertad de los ciudadanos en el continente, el gobierno saliente de Venezuela notificó al secretario general de la OEA la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Tengo confianza en que esa medida, inconstitucional y arbitraria, que no se puede materializar antes de un año de la notificación respectiva, será dejada sin efecto por el nuevo gobierno que elijan los venezolanos el próximo 7 de octubre.