• Caracas (Venezuela)

Opinión

Al instante

Jesús Rangel Rachadell

Falsa Seguridad

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Veo un fiscal de tránsito a lo lejos, desde los 17 años -invariablemente- me entra un escalofrío en el cuerpo, hago un inventario legal y me tranquilizo, tengo todos los papeles en regla.

Distingo un funcionario de algo que denominaban Indepabis, Sundecop o algo parecido, pero que ahora se denomina Sundee (Superintendencia Nacional Para la Defensa de los Derechos Socio Económicos), traspasando el umbral de la tienda, mentalmente hago el inventario legal y se me complica. Para empezar, el 30% que la ley me permite ganar depende de los gastos que me aceptan rebajar, el problema es la discrecionalidad del funcionario respecto a cuales acepta o no.

Toca la puerta de la oficina un representante del IVSS, tengo cuanto papel me pueda pedir pegado en una cartelera, bien a la mano; si me piden una barajita de esas le digo “te la tengo”.

De aquí en adelante lo que se pueda decir vale para el Seniat, Sundee, Sumat, Incodir (Instituto Nacional contra la Discriminación Racial), los Observatorios Laborales, la Inspectoría del Trabajo, el Ministerio de Energía Eléctrica),y un largo etcétera de organismos a los cuales las leyes que los crean, tales como la Ley Orgánica del Trabajo Los Trabajadores y las Trabajadoras -que permite poner preso a los accionistas de una empresa por el incumplimiento de las obligaciones laborales-, la Ley Orgánica de Precios Justos, la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, la Ley de energía Eléctrica, la Ley contra la Discriminación racial, por nombrar unas pocas; le otorgan facultades a sus funcionarios para fiscalizar y dejar constancia de los hechos que pueden dar lugar a las sanciones de las que se hablará a continuación.

El funcionario -un tipo alto, pelo liso, con los ojos rayados- empieza: deme la certificación platónica de eficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones naturales con el Estado; deme copia de todos los archivos de personal desde el año 1984; deme la constancia de pago del impuesto al valor agregado –le explico al funcionario que no le corresponde solicitar ese recaudo ya que es facultad del Seniat-, mejor que no. El fulano se convierte en una fiera, me dice que ahora sí voy a saber lo que es pedir requisitos, que no le vuelva a revirar o me pone preso; sí señor, me van a poner preso.

El Estado socialista, madurista, pesuvista, ha creado un tinglado de regulaciones que permite poner preso a cualquiera; si hace porque hace, si no hace, es porque no hace; las leyes mencionadas consideran algunas acciones muy humanas tan reprensibles que es necesario poner preso, con pena de prisión o presidio, a todo aquel que incurra en esas acciones; se considera la revelación de un tipo de información como delito, o el no entregar otro tipo de información también es delito. En definitiva, estamos contra la pared.

Después de darle al funcionario todo lo que me pide, y algo más (a riesgo de que alguien me pueda meter preso por la comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley Contra la Corrupción); el funcionario me dice -más tranquilo que un ojo de vidrio- que lo disculpe, pero es que le dieron la orden de que me tenía que cerrar, y que me quede tranquilo que es solo por 3 días.

A todas estas, en el televisor de la oficina aparece el flamante ministro declarando a los medios de comunicación que allanaron la casa de una doñita de pelo blanco (que casualmente usted conoce), que se hace pasar por tercera edad, y que en la despensa de esa casa encontraron 4 potes de mayonesa, una paca de harina de maíz, 6 potes de salsa de tomate y 3 frascos de acetona; e informa que los bienes serán vendidos al precio oficial determinado, y que a la señora la pusieron a la orden de la fiscalía por estar incursa en el delito de acaparamiento previsto en el artículo 54 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos (Gaceta Oficial Nº 40.340, de fecha 23 de enero de 2014), que sanciona con pena de 8 a 10 años de prisión esa acción; casualmente esta ley no establece cuánto de acumulación de bienes es acaparamiento, ya que es un facultad discrecional del funcionario de turno determinar si hay o no el acaparamiento.

El funcionario, que todavía no se había ido, me sonrió y le brillaron los ojos rayados.

@rangelrachadell