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Marcos Tarre

Espíritu de cuerpo y paradoja

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Diferentes organizaciones internacionales, algunas políticas, como por ejemplo el Parlamento Europeo, exmandatarios latinoamericanos o el Senado de la República de México, entre otros; así como organizaciones veladoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional; y, por supuesto, organizaciones nacionales, como el Foro Penal Venezolano, Provea y Cofavic y otras han denunciado una y otra vez la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela.

Pero lejos de rectificar y corregir excesos que pudieran haber sido causados por funcionarios aislados, la arremetida represiva del Ejecutivo nacional, violatoria de las leyes nacionales e internacionales, ha aumentado. No se ha evidenciado el más mínimo propósito de corregir conductas basadas en girar instrucciones precisas a los funcionarios sobre mantener el uso progresivo y gradual de la fuerza, el respeto de los derechos de los detenidos y el resguardo del debido proceso. Basta con ver las escenas presentadas el martes 13 de abril en CNN grabadas en Puerto Ordaz en la que aparecen funcionarios de la policía del estado Bolívar disparando sus pistolas 9 milímetros contra los manifestantes; o bien el operativo militar desplegado para arrasar los campamentos de los estudiantes en la plaza Alfredo Sadel, en Santa Fe y en la avenida Miranda, en Caracas, para entender que la violación de derechos fundamentales es promovida y permitida por oficiales, altos mandos y autoridades del Ejecutivo nacional.

Pero, paradójicamente, la Fiscalía General de la República admite que han recibido 145 denuncias de violaciones de los derechos humanos y que hasta la fecha estas han arrojado la detención de 19 militares y funcionarios. En una dictadura abierta al estilo Pinochet o Fidel Castro, al gobierno le tienen sin cuidado las denuncias de violaciones de derechos humanos, y sus funcionarios saben perfectamente que pueden cometer cualquier exceso, estimulado u ordenado por sus superiores y que no les pasará absolutamente nada. Pero en un régimen que intenta mantener apariencia de democracia, como el de Nicolás Maduro, no sucede lo mismo. La política oficial, continuada y acentuada del gobierno, es reprimir brutalmente, dejar rienda libre a los funcionarios en la calle, apoyados y acompañados por bandas armadas civiles. Pero si alguno de los uniformados tiene la mala suerte de que lo fotografían o lo graben en video, si alguien pone una denuncia en su contra, puede ser que, eventualmente, sea procesado y quizás irá a prisión.

Curiosa situación para un guardia nacional o un policía nacional, al que no se le ha explicado con claridad en qué consiste el uso progresivo de la fuerza o qué puede hacer o no hacer cuando le toca la desagradable función de control del orden público. Se evidencia por las actuaciones en la calle que no han recibido el entrenamiento adecuado, que sus jefes probablemente no les han señalado límites precisos, ni ellos a su vez tampoco han sido amonestados, o se les han aplicado las sanciones disciplinarias o judiciales que correspondan por los excesos cometidos. Todo lo contrario, los elogios y felicitaciones han sido públicos y repetidos.

Ese guardia nacional o policía nacional de 19 años que está ahí, en la calle, un poco “a lo libre”, pasando calor dentro de su armadura, enfrentados a muchachas y muchachas iguales a él, seguramente está comenzando a sentir que es el peón de la violencia del Estado, que si cae en algún exceso evidente y público no recibirá ningún apoyo de su institución y será sacrificado por salvar las apariencias del gobierno…

Esta “paradoja”  debe estar minando la moral, el espíritu de cuerpo de las filas de funcionarios y funcionarias de la Guardia Nacional Bolivariana o de la Policía Nacional Bolivariana, apertrechados detrás de los escudos de plásticos o de las máscaras antigases, posiblemente ya estén murmurando entre ellos: “Este trabajo sucio que lo haga otro pendejo…”.

Por otra parte, la violación de derechos fundamentales no se circunscribe únicamente a los funcionarios que matan, golpean, disparan armas de fuego, torturan o comenten excesos. También son responsables los otros funcionarios que presencian y toleran que sus compañeros cometan estos crímenes, así como sus jefes, que no intervienen para detener de inmediato una situación irregular o que no aplican luego los correctivos necesarios.

A partir del 12 de febrero de 2014, si algo se había avanzado en “lograr una policía civil, eficiente y eficaz, honesta y respetuosa de los derechos humanos”, tal como lo establece la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, las actuaciones desmedidas de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional Bolivariana en las manifestaciones han abierto un abismo de rechazo, miedo y desconfianza en los venezolanos.

 marcostarre@gmail.com @marcostarre