• Caracas (Venezuela)

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Héctor Faúndez

Escondiéndose detrás de la soberanía

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Pocos gobiernos han hecho más alarde de defender la soberanía venezolana que los de Chávez y Maduro. Pocas veces un gobierno ha denunciado tanto la injerencia de otros actores internacionales en sus asuntos internos como se ha hecho por las autoridades venezolanas en los últimos tres lustros. Nunca antes el Poder Judicial se había atribuido competencias que la Constitución no le confiere para reprochar lo que ha calificado como medidas “injerencistas” (sic) de gobiernos extranjeros. Nunca antes el Parlamento venezolano se había ocupado menos de legislar y más de criticar la preocupación de actores extranjeros por el deterioro de la democracia o por la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Pocas veces un gobierno ha sido tan susceptible frente a las inquietudes expresadas por Amnistía Internacional, Human Rights Watch u otras organizaciones de la sociedad civil en relación con el respeto a nuestros derechos civiles y políticos en Venezuela. Sistemáticamente, Maduro y sus acólitos se han envuelto en la Bandera Nacional para rechazar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los pronunciamientos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las declaraciones de algún parlamento extranjero o de un vocero de un gobierno extranjero en relación con la situación de los derechos humanos en Venezuela, denunciándolas como una intromisión en asuntos que son de la competencia exclusiva de Venezuela. Como era previsible, así ocurrió también con la reciente visita de Felipe González para interesarse por la suerte de los presos políticos en Venezuela.

Sin duda, es loable que el gobierno nacional defienda la soberanía y rechace cualquier injerencia en lo que solo le concierne a los venezolanos. El problema es que el respeto de los derechos humanos es un asunto de legítima preocupación internacional, que se encuentra regulado por numerosos tratados internacionales; por lo tanto, la forma como un gobierno trate a sus ciudadanos no es un asunto de su competencia exclusiva ni es parte de las atribuciones soberanas del Estado. El problema es que los derechos humanos forman parte de valores universalmente compartidos que trascienden las fronteras nacionales y que, por ser objeto de tratados internacionales ratificados por Venezuela, han dejado de ser parte de nuestro dominio reservado.

Curiosamente, el gobierno venezolano no ha mostrado el mismo celo al defender la soberanía nacional frente a los actos de Guyana que amenazan nuestra integridad territorial. Tampoco ha tenido el valor de defender la soberanía frente a un Daniel Ortega que, en suelo venezolano, se ha inmiscuido en asuntos que solo le conciernen a los venezolanos, ni le ha importado entregar el manejo de asuntos extremadamente sensibles, en materia de suministro de energía eléctrica, comunicaciones, identificación o seguridad, a ciudadanos cubanos que responden ante el régimen de La Habana. Mientras tanto, llama la atención que Maduro y sus camaradas se empeñen en solicitar que el gobierno de Estados Unidos derogue medidas acordadas en el marco de sus competencias, que solo están destinadas a ser aplicadas dentro de su jurisdicción y que, por lo tanto, no nos conciernen.

Al igual que en otras materias, los asesores de este gobierno tienen una noción obsoleta de la soberanía, propia del siglo XV y del nacimiento de la sociedad internacional, superada por el desarrollo del derecho internacional. Sin embargo, aun así, resulta paradójico que un gobierno que, de manera reiterada, se ha inmiscuido en la política interna de otros países, que ha enviado maletines repletos de dólares para financiar campañas electorales en otros países, que ha apoyado movimientos subversivos en países vecinos y que ha organizado encuentros con organizaciones políticas en otras naciones, defienda con tanto tesón nuestra soberanía y sea tan celoso de aquellos asuntos que forman parte de nuestra competencia exclusiva. Pero, una vez más, es necesario recordarle a este gobierno que el respeto de los derechos humanos, en cualquier lugar, es un asunto que nos concierne a todos; ningún déspota puede justificar su violación ocultándose detrás del pretexto de la soberanía.