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María Amparo Grau

Ensañamiento

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El ensañamiento se define como una circunstancia agravante de la responsabilidad penal que se configura cuando el delincuente aumenta el sufrimiento de la víctima al causarle padecimientos innecesarios para la comisión del delito. En este caso, la pena se incrementa porque no solo se ha cometido un crimen, el cual debe ser castigado, sino porque el mismo ha sido realizado con una crueldad que debe ser igualmente sancionada por la ley.

El ensañamiento puede provenir de una seria deformación de la personalidad (psicopatía), de una situación de locura permanente o temporal (por enfermedad mental o uso de las drogas u otras sustancias) o por virtud de la ira. Este último es el peor de todos los ensañamientos, porque proviene de una acción voluntaria basada en un sentimiento negativo que lleva a la agresividad y a la acción violenta. La ira puede a su vez nacer del convencimiento de la persona que la padece de haber sido objeto de una injusticia, es la ira que se manifiesta en la venganza. Que en este caso se acuda a la revancha en lugar de a la justicia es tema que debe preocupar al Estado.

Como expresaba Séneca, la ira es una de las pasiones más destructivas por su capacidad de sincronizarse en la colectividad, y de allí que en su control la autoridad política ha de jugar papel importante.

La Constitución del 99 proclama el valor de la paz como uno de los pilares de la república y uno de los fines fundamentales del Estado. En este sentido, es obligación de las autoridades, de quienes ejercen la función pública en cualquiera de sus manifestaciones, promover la paz, conducirse con cautela en sus informaciones y más aún en sus opiniones, a manera de ser mecanismos de control de la ira, de educación de los ciudadanos, de contención de la violencia, y cumpliendo los fines del Estado, ponerse al servicio de la paz.

Hemos visto con horror el crimen de un joven diputado, como también el de muchos otros venezolanos, en los cuales el ensañamiento es característica. En algunos, la venganza puede haber sido ser el motivo, pero en todo caso, aunque las razones puedan ser diversas, lo que alarma aún más es que es común a ellos el ensañamiento, la crueldad con la que se han cometido.

No hay que estar en camino a la santidad como Pablo VI para actuar con sabiduría en el momento en que la sociedad se manifiesta hostil. El liderazgo que significa estar en las posiciones de dirección y mando obligan a la autoridad a conducirse con equilibrio para que la sociedad entienda que el camino no es la violencia ni la revancha, sino que la vía correcta es la de la paz, que se logra cuando la justicia la administra el Estado y hay confianza, por tanto, en sus instituciones.

Estado de Derecho y de justicia no es Estado de códigos y leyes, es un Estado de valores y principios que cohesionan al colectivo y que marcan pauta a la actuación de los poderes públicos. El principio que nos cohesiona, o que nos debe cohesionar, es la paz y el bienestar. Por ende, un Estado que no solo procede con el uso de la violencia sino que se expresa con agresividad verbal da el mensaje de que legitima la violencia, y de allí esta distorsión horrenda del ensañamiento como práctica común en ciertos crímenes. Todos ellos merecen el castigo legal y el mismo trato serio, responsable e imparcial por parte de los órganos policiales y judiciales.

Como dijo Juan Pablo II en el año 93 en su mensaje en las XXVI Jornadas de Celebración Mundial de la Paz: “¿Qué persona de buena voluntad no aspira a la paz?”, e invitaba a que los esfuerzos de todos se dirigiesen a cumplir los presupuestos imprescindibles para construir la verdadera paz: “Defender la dignidad de la persona, comprometerse en una distribución equitativa de los bienes, y promover de manera armónica y solidaria una sociedad donde cada uno se sienta acogido y amado”.

El discurso político violento y parcial en nada contribuye a que todos los ciudadanos se sientan acogidos y amados. El ejercicio del poder debe ser la ejecución objetiva de las competencias sin añadir la pasión de una opinión personal, que no cabe, cuando del desempeño de la función pública se trata.