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Gonzalo Rojas

Educación: pasividad muy cara

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La pasividad apenas se nota. O, más bien, apenas la notan los mismos pasivos, porque quienes están activos, desde la vereda contraria, se frotan las manos con la apatía de sus rivales. Grave situación, porque en Chile está en marcha un programa orgánico de control social a través de la educación. No es ningún misterio, pero la conciencia de padres y profesores, de sostenedores y rectores, de las confesiones religiosas y los intelectuales, ha sido hasta ahora soft y diet. Algo se ha reaccionado, pero aún con timidez y falta de coordinación.

El sistema de control ya diseñado está en las declaraciones, en el programa y en los parlamentarios de Bachelet. Incluso, está en las organizaciones (reales o de fachada) que la apoyarán hasta que decidan lanzarse a la calle. Queremos la “construcción de un Proyecto Nacional de Educación, hegemónicamente público en su composición, su orientación y su función hacia los estudiantes y hacia la sociedad”, afirmaba el presidente de la FECh 2013. ¿Qué pasó cuando la candidata dijo que “para que las universidades reciban recursos van a tener que firmar un convenio con el ministerio” y agregó que “una universidad podría decidir no entrar en el convenio, pero el Estado no le va a pasar un peso”? ¿Hubo una reunión urgente de los rectores amagados con la estatización, que significa firmar convenios que dañarán la libertad de los proyectos educativos? ¿Están trabajando contra el tiempo, conscientes de que serán acorralados centímetro a centímetro? ¿Entienden que, si su frente común es sólido, también podrán resistir los sostenedores de colegios particulares y los millones de padres que han preferido esa educación para sus hijos? Nadie puede sorprenderse del proyecto socializante de control educacional. Y no vamos a recordar aquí la ENU.

Basta con citar a Valentín Letelier, en 1893: “Concentremos todas nuestras fuerzas para convertir el Estado docente en un reducto inexpugnable que nos permita dar a la educación pública su carácter de educación nacional, sin tendencias oligárquicas, sin distinciones sectarias, sin propósitos de lucro”.

Por eso Bernardo Subercaseaux lo llama acertadamente un “Gramsci avant Gramsci”. Para suprimir esas “distinciones sectarias” –léase hoy segregación y carencia de inclusión– se usará la ley de no discriminación. Pero, de nuevo: ¿entienden los directivos educacionales que se les viene una marea de recursos en variadísimos campos en los que sus instituciones serán acusadas de discriminar? Porque serán amagadas por no enseñar técnicas abortivas o las ventajas del socialismo, o por mostrar la superioridad de una religión sobre otras. Y serán acusadas por disponer de lugares diferenciados para profesores, administrativos y alumnos.

La contratación y promoción de personal, la ausencia de ciertas visiones en la extensión, las limitaciones autoimpuestas en algunos experimentos, el rechazo al reconocimiento de organizaciones contrarias al espíritu de la institución o la negativa a autorizar ciertas actividades, todo eso será acusado de discriminatorio. Y, para cerrar el círculo, los idearios institucionales sufrirán acoso en sus principios y objetivos. Más aun, dado el desprestigio que sufrió el sistema de acreditación, sus mecanismos podrían ser reformulados desde la ideología y la burocracia, sumándose al control. No cuesta nada. Al poco tiempo de comenzar el mandato socialista en España, escribió Julián Marías: “El Gobierno tiene pleno derecho de gobernar y hasta de no hacerlo demasiado bien. Pero una cosa es gobernar y otra acometer apresuradamente la transformación de la sociedad española en todos su campos”.