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Beatriz de Majo

Que Dios lo oiga

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Se cerraron tres años de negociaciones. Asumir una posición en torno a los elementos que contiene el modelo de paz ideado por Juan Manuel Santos y su equipo, por un lado, y los narco terroristas de medio siglo por el otro, es tarea harto compleja. “Nada estará acordado hasta que todo esté acordado” fue la máxima repetida hasta el cansancio por el presidente de los colombianos para tranquilizar a los suyos mientras los guerrilleros iban ganando terreno y el gobierno iba haciendo concesiones sobre la inserción de los irregulares al país político, social y económico en el que vivirán 50 millones de neogranadinos. Ahora todo está acordado.

Analizar exhaustivamente el contenido de los pactos no es posible en este corto espacio, pero debe quedar claro que han sido forzados elementos que tienen que ver con la participación en la política de los alzados en armas ahora pacificados, sobre los principios de reparación y justicia a las víctimas de los crímenes guerrilleros, sobre la erradicación de cultivos, sobre la entrega de las armas, por citar solo algunos de los más abultados.

Los intríngulis de cada uno de estos apartes no fueron consultados con los colombianos en su conjunto sino que fueron incluidos en una “lista de mercado” en la que lograron estar de acuerdo los dos lados de la mesa de La Habana, sobre todo por irreductibilidad de los criminales. No faltó, sin embargo, quien les recordara al equipo gubernamental lo inconveniente de muchos de los componentes del acuerdo.

 Hasta ahora los elementos que deberían regir el retorno a la paz del país han sido pactados por las partes, pero quedan dos pasos vitales para que los acuerdos vean la luz: que la Corte Constitucional colombiana no presente objeciones cuestionando su legalidad y que la población avale el convenio a través de una consulta popular que será votada en breve

El aval que deberá aportar la sociedad civil a la vigencia de lo acordado a través de un plebiscito ha sido diseñado a través de una fórmula no representativa de la mayoría. Sin embargo ello no parece incomodar a los negociadores del oficialismo, mientras mantiene bien confiados a los guerrilleros.

Frente a la transcendencia del tema que los colombianos dilucidarán con ese plebiscito hubiera sido deseable que la representatividad del electorado fuera contundente e inequívoca. Si se considera que el nivel de arraigo presidencial de parte de los ciudadanos ha caído a mínimos peligrosos, habría que pensar que ello puede ser la consecuencia de la falta de acompañamiento de sus compatriotas a la única gesta que el gobierno de Santos ha mantenido apasionadamente a lo largo de todos sus años de gobierno.

En los días pasados Juan Manuel Santos no ha dejado pasar la oportunidad para inclinar a su favor, de manera grosera, la batalla que se librará en su país para validar su propia fórmula de paz con la guerrilla de las FARC. Tuvo el descaro de afirmar, sin cortapisas, que los impuestos podrían ser aumentados si no llegara a acordarse una paz con los criminales: “si llega a continuar la guerra, ahí sí tenemos que subir los impuestos para financiar la guerra, porque las guerras son muy costosas”. A ello le ha agregado el temor inducido de los votantes al afirmar que, de sucumbir la Paz de la Habana, los guerrilleros están listos para la guerra urbana.

En definitiva, los capítulos que están por verse son tan decidores como los que ya transcurrieron. Los colombianos siguen teniendo la última palabra, y como en todo lo político, habrá quienes celebren una victoria y quienes deploren las cesiones efectuadas a los criminales que sembraron de dolor al país vecino por medio siglo. Esperamos de corazón que tengan razón los primeros

Hay un individuo, quien en la soledad del poder, de actor primordial pasará a ser espectador de sus propias iniciativas y ejecutorias.

Ojalá sepa rezar, y que a ese, Dios lo oiga.