• Caracas (Venezuela)

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Tulio Hernández

Diles que no nos maten

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Hay que decirlo sin eufemismos. Si no fuese por las cuarenta lamentables muertes que, a los ojos de todos, han ocurrido en medio de la insurrección nacional que comenzó el 2 de febrero en el estado Táchira. O por el más de un millar de venezolanos detenidos y encarcelados, violados unos, torturados otros, privados muchos de libertad en cárceles comunes.

Si no fuese por el efecto revelador de los registros de la barbarie desatada por la Guardia Nacional Bolivariana, y los grupos paramilitares de Nicolás Maduro, puestos a circular por el planeta vía redes sociales, gracias a los miles de videos y fotografías hechos por ciudadanos convertidos en activistas de la nueva comunicacional.

Si no fuese por el valiente trabajo de equipos periodísticos como el de Última Noticias que mostró con rigor incontestable la manera como guardaespaldas oficiales –y no opositores “fascistas” como había dicho el gobierno- asesinaban a las primeras víctimas con las que se inició esta saga asesinatos políticos. O, por los reportajes del The New York Times, El País de Madrid y CNN, entre tantos otros, que a fuerza de buen periodismo, convirtieron sus medios en trinchera de defensa de los derechos humanos.

Si no fuese por la persistencia titánica de los miles de descontentos que, en estrategia no por todos compartida, trancaron calles o se fajaron a palos y piedras con la policía, conformando verdaderas “zonas liberadas” en las más importantes ciudades del país poniendo al desnudo la intolerancia de un gobierno que antes del diálogo prefirió optar por ocupaciones militares nunca antes vistas, hechas con miles de efectivos, despliegue de tanquetas, tormentas de bombas, que tomaron por asalto zonas enteras de San Cristóbal, Puerto Ordaz o Mérida.

Si no fuese por el escándalo internacional que suscitó la prisión, con violación flagrante de derechos, del máximo líder del partido Voluntad Popular, y el paso a la clandestinidad de otros dirigentes del mismo partido, más la destitución y encarcelamiento de dos alcaldes recién electos.

O por la escucha internacional que han logrado las Comisiones viajeras de la MUD y recientemente la diputada María Corina Machado; las fracturas internas en los países miembros de la OEA; la ruptura impulsiva de relaciones diplomáticas con Panamá; los llamados de atención del gobierno alemán; la amenaza de sanciones emitidas por Washington; la exhortación de Lula a la convocatoria de un gobierno de coalición nacional, o la negativa de España a seguir vendiéndole material antimotines al gobierno venezolano por el uso delictivo que de ellos ha hecho por estos días.

Si no fuese porque el gobierno bocazas que amenazaba con poner de rodillas al imperio y ha invertido millones de dólares en desbocada carrera armamentista, no ha querido dialogar pero tampoco ha logrado sofocar, a pesar de los abusos y desmanes, la rebeldía callejera que desde inicios de febrero sacude al país.

Si no fuese porque en estos dos últimos meses el país fue pareciéndose cada vez más a una desgracia y menos a una esperanza, a territorio en guerra y no a campo de confianza, a valle de lágrimas no a mar de la felicidad. Si no fuese por todo eso, la cúpula militar con presencia civil que nos gobierna jamás hubiese echado atrás en su más sólida estrategia frente a las fuerzas que no le siguen: la negación al diálogo.

Porque, ya lo sabemos, el diálogo –el verdadero, el que no es monólogo con público- implica el reconocimiento del otro como actor político legítimo. Reconocer al otro como actor legítimo es reconocerle su humanidad y su dignidad. Y reconocer ambas cosas a alguien es el primer paso para reconocer sus derechos y aceptar que hay reglas que respetar. Y cuando eso ocurre, la lógica totalitaria o está debilitada o prepara una nueva artimaña letal. Distinguir una cosa de otra será la gran tarea de la dirigencia política democrática que, por ahora, con condiciones muy claras ha aceptado dialogar a sabiendas de las razones por las qué el gobierno cambió, o simula cambiar, de opinión.