• Caracas (Venezuela)

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Oscar Lucien

Diálogo y calle

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El talante atorrante y pendenciero de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, voceros principales de la cúpula cívico-militar (más de lo segundo que de lo primero) que controla todas las instituciones del Estado, alimenta las prevenciones de importantes sectores de la sociedad democrática sobre las intenciones verdaderas del diálogo propuesto por la cúpula gobernante para superar la candente conflictividad política que tiene en vilo al país.

Muchos venezolanos consideran que dicho llamado, junto con el show montado con las “conferencias de paz”, no es más que una estrategia astutamente diseñada bajo el tutelaje cubano para ganar tiempo frente a la inevitable crisis socioeconómica producto del modelo que a troche y moche se ha venido implantando desde hace quince años y que hoy tiene su expresión máxima en el llamado Plan de la Patria, programa basado en una ideología obsoleta que se pretende imponer en Venezuela, violentando la Constitución.

¿De qué crisis estamos hablando?

La Conferencia Episcopal ha sido muy clara y contundente al respecto: “Causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado ‘Plan de la Patria’, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario, que pone en duda su perfil democrático; las restricciones a las libertades ciudadanas, en particular, la de información y opinión; la falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana; los ataques a la producción nacional, que ha conducido a que en nuestro país hoy se haga necesaria la importación de toda clase de productos; la brutal represión de la disidencia política; el intento de ‘pacificación’ o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física”.

La juventud venezolana, liderada por sus estudiantes y respaldada por amplios sectores de la sociedad civil, ha tomado la bandera de lucha, en la calle, para hacer frente a la pretensión de imponer ese modelo político, el cual es contrario al pluralismo político que garantiza la Constitución.

La mesa de diálogo también puede considerarse como un espacio de confrontación política con la cúpula del gobierno. Su convocatoria pone en evidencia la inexistencia de una institucionalidad democrática capaz de dar adecuado curso a las normales diferencias propias de la diversidad de intereses y opiniones en una sociedad democrática. Desde esta perspectiva, la mesa de diálogo puede ser un espacio privilegiado, con mediación internacional, para desenmascarar al gobierno, para demostrar cómo este gobierno está fuera de la Constitución y de que sí existe la posibilidad de continuar la lucha sin saldo de muertos, heridos y presos, al presionar al gobierno a detener la represión. Dialogar con el gobierno no significa renunciar al deseo de cambio de los venezolanos, sino utilizar otro espacio para enfrentar el inconstitucional modelo político que subyace al llamado Plan de la Patria. En este sentido, diálogo y calle no tienen por qué ser acciones políticas excluyentes sino, por el contrario, complementarias, siempre que cuenten con el soporte de la unidad de las fuerzas democráticas.

Mientras se encamina el proceso de diálogo, son muchas las razones que animan la presencia pacífica en la calle, con contenido político y estratégico: hay que comunicarse con ese amplio pueblo que también padece la escasez, la inseguridad y es víctima de las violaciones de la Constitución, pero cuyo malestar y desencanto no logra sintonía con quienes hoy están en la calle. La calle debe mantenerse activa porque:

1. Protestar no es delito. El artículo 68 de la Constitución Nacional consagra el derecho de protestar pacíficamente. El gobierno ha restringido este derecho con la violencia indiscriminada y desmedida de fuerzas policiales, militares y colectivos paramilitares. Asimismo, pretende imponer un trámite burocrático a la participación y crea, de facto, un vergonzoso apartheid en la ciudad capital.  

2. El conflicto social no es nuevo. En 2013 hubo más de 5.000 protestas populares en toda Venezuela. Pero el gobierno, concentrado en repartirse el botín luego del fallecimiento del llamado Comandante Galáctico, no las atendió y fueron absolutamente invisibilizadas por los medios de comunicación acaparados por el gobierno con el propósito de que el país no se entere del descontento popular con la cúpula de Miraflores.

3. Frente a la ausencia de medios de comunicación independientes y con el bloqueo informativo del gobierno, la calle es una opción legítima para hacer sentir los reclamos y voces de lucha contra la escasez, la inseguridad y por el respeto a la Constitución.

4. La protesta pacífica en la calle permite sumar voces a la de cientos de miles de venezolanos descontentos con el gobierno.

5. La calle no le pertenece a la delincuencia ni a los paramilitares financiados con el gasto gubernamental.

Los radicalismos si bien pueden surtir efectos catárticos en la esfera privada, emocional, son ineficaces desde el punto de vista político. La unidad de la oposición democrática es una condición ineludible para luchar con posibilidades de triunfo contra el gobierno de Maduro y la tutela cubana que deshonra la soberanía de nuestro país.