• Caracas (Venezuela)

Opinión

Al instante

Jair de Freitas

Descalabro social y laboral

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Uno sabe que el país está mal, cuando para el venezolano que logra viajar al extranjero resulta una atracción turística visitar supermercados y reencontrarse con productos que en un pasado no tan lejano tuvimos aquí. La imagen de anaqueles rebosantes colgada luego en redes sociales, da cuenta de la libre competencia que existe por la preferencia de clientes que no tienen que someterse a controles biométricos para comprar nada. El contraste es una Venezuela de estantes vacíos, ausencia de variedad, múltiples recorridos para completar compras, restricciones de cantidades y controles asfixiantes: ¿de qué sirve un “precio justo” si el producto no existe?

Olvídese de las venas abiertas de América Latina (obra de Galeano) lo que tenemos aquí es una arteriosclerosis con un pronóstico nada alentador. Verbigracia el reciente decreto donde bajo el compromiso (y cito)  “…de lograr la mayor eficacia revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país” se resuelve que todas las licencias de importación, certificados de no producción nacional y certificados de insuficiencia de insuficiencia de producción requieren previa aprobación del vicepresidente ejecutivo. En otras palabras: a partir de ahora, nada ingresa a Venezuela si Jorge Arreaza no lo aprueba (haga usted sus propias conclusiones).

Mientras el gobierno trata de sacar el agua del Titanic con un vaso de plástico, culpa de la mala conducción del barco a los pasajeros; y así como en el pasado reciente no hubo parte oficial de la salud presidencial, tampoco hoy tenemos parte oficial de la salud de la economía nacional. A mis lectores les hago esta pregunta: ¿Cómo se sentiría usted si un médico le receta un tratamiento sin haber revisado antes el resultado de los exámenes? Pues sepa que nuestro gabinete económico propone soluciones y toma decisiones en un país donde el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadísticas no publican cifras de inflación, escasez y desempleo desde hace meses. 

El empeño por regular lo que no existe sería un divertido desatino de no ser por las serias consecuencias que entraña. Elija usted a la carta: múltiples normas para recibir divisas que el Estado no tiene, controles para comprar bienes que no se producen o protecciones para empleos que no se generan y que por el contrario están amenazados de extinción. En mi criterio, en estos quince años existen más que evidencias del fracaso del proyecto político rojo.

En el ámbito de las relaciones de trabajo, el sistema educativo ineficiente y rezagado se une a la emigración masiva de técnicos y profesionales universitarios, lo que ha convertido en una pesadilla el proceso de captación de talento. Los directores de gestión humana enfrentan muchos obstáculos de desarrollo organizacional (presupuestarios, limitación de ofertas de formación y ausencia de calidad del portafolio, entre otros). La retención de talento se vuelve una utopía en una economía inflacionaria y con un régimen retroactivo de prestaciones sociales que les rebana el cráneo a los expertos en compensación, quienes una y otra vez chocan con la siempre inflexible legislación laboral tratando de solucionar los problemas de un salario insuficiente y la presión de solapamiento de bandas que al mejor estilo cubano nos va empujando a todos a ganar lo mismo sin importar lo que se haga.

Como si lo anterior no fuese suficiente, la protección absoluta frente a la pérdida de empleo alimentada de una errada política laboral, causó una sensación de impunidad que ha hecho mella en el manejo de los procesos de salida. Tal y como he sostenido desde hace tiempo: la restricción del despido libre solo encarece el proceso de desincorporación y fomenta que el patrono premie económicamente al mal trabajador con quien negocia su renuncia en un claro mensaje de antivalores.

Ahora que los titulares de prensa señalan que el gobierno le mete la lupa al ausentismo laboral en los supermercados, es justo decir dos cosas: la primera, es que la inasistencia injustificada al trabajo no es la única razón para pedir la autorización de despido de un trabajador, pues en efecto la LOT señala once causales en total. La segunda es que las demás empresas que hacen vida en el país y que no pertenecen a ese sector, también tienen derecho a que se les permita despedir a los trabajadores que han incurrido en los hechos tipificados como causal de despido por la legislación laboral vigente.

Mientras la omnipotencia pro operaria regenta el sector privado, el Estado-patrono incurre en prácticas que opacan el ejercicio de la libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Ignora los planteamientos de los trabajadores, exhibe sordera frente las peticiones de jubilados e inobserva las condiciones de seguridad y salud laboral que tanto presume fiscalizar, poniendo en riesgo la vida de personas y comprometiendo su sustento familiar. Dos varas distintas miden las relaciones de trabajo del sector público y privado, en una sociedad donde reina el descalabro social y laboral.

@jair_defreitas