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Jesús Ollarves Irazábal

Derecho penal del enemigo: ¡te lo aplico!

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El derecho penal del enemigo es una perversión del ejercicio de la autoridad estatal que los gobiernos autoritarios aplican a quienes consideran sus enemigos y, con esa excusa, hacen todo lo necesario para aniquilarlos. No es solo el gobierno (que se podría limitar al Ejecutivo), son todos los órganos del poder público que actúan en forma coordinada en contra de individuos o grupos cuya ciudadanía y dignidad se desconoce y se aplasta.

Este tipo de derecho penal tiene sus raíces en el pensamiento de Carl Schmitt, jurista alemán antisemita, colaborador del nazismo y autor de la teoría de la distinción amigo-enemigo, en la cual  se sustentó la exclusión total de políticos, judíos, gitanos y homosexuales, entre otros grupos, que fueron confinados en campos de concentración y exterminio como Auschwitz y Dacau. Fueron aniquilados, simplemente, por ser considerados enemigos del Estado.

La esencia del derecho penal del enemigo es que el Estado soslaya la noción de ciudadanos, privilegia la de enemigos y a estos los hostiga y los liquida. Se contrapone al derecho penal democrático, el cual considera que el delincuente es un infractor que tiene derechos dentro del proceso. El derecho penal del enemigo supone que el infractor pierde, o debe negársele, su condición de ciudadano, de persona, pues merece ser sometido a una coacción inclemente, sin garantías de un efectivo ejercicio a la defensa.

En la actual coyuntura política de Venezuela, el Estado ha reivindicado el derecho penal del enemigo. Algunas autoridades lo han hecho de manera expresa, como el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Arcadio Delgado durante el acto de Apertura del Año Judicial 2014. Lo grave es que la definición de enemigos es tan ilegítima como arbitraria. Corre la misma suerte todo aquel que resulte incómodo: dirigentes políticos de oposición, estudiantes, periodistas, los que exigen sus derechos en las calles. Es, precisamente, este tipo genérico y amplísimo de personas eventual destinatario y potencial víctima del derecho penal del enemigo.

Yo, Estado autoritario, te juzgo por la futura comisión de un hecho, en vez de juzgarte por un hecho consumado; por ejemplo, te imputo y te acuso por el delito de asociación para delinquir, establecido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Te aplico penas desproporcionadas, para que los que son como tú se vean en tu espejo. Te restrinjo las posibilidades de obtener libertad condicional. Me olvido de que en el proceso penal acusatorio vigente en Venezuela la regla es libertad y la cárcel es la excepción. Te mantengo preso como ha ocurrido en los procesos penales emprendidos contra el dirigente opositor Leopoldo Lopez; los estudiantes Sairam Rivas, Marcos Coello y Christian Holdack, así como también Yendri Sánchez, conocido como el “roba coronas”, el que osó interrumpir la toma de posesión de Nicolás Maduro. Sí, desde el 19 de abril de 2013 ese hombre permanece preso, por la presunta comisión del delito de asociación para delinquir. Yo, Estado autoritario, ignoro los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las resoluciones y sentencias emanadas de los organismos internacionales, como ocurrió con la jueza María Lourdes Afiuni y con los jueces de la Corte Primera de Contencioso Administrativo. ¡Te lo aplico porque eres mi enemigo!