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Carlos Sánchez Berzain

Sobre el Estado de Derecho y la democracia

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El acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho, es uno de los elementos esenciales de la democracia. Como no hay democracia sin vigencia del Estado de derecho, éste es uno de los datos de la realidad que debemos observar para conocer el estado de la democracia, para su preservación, así como para la denuncia y condena de los regímenes no democráticos. Como están las cosas en las Américas, vale la pena recordar algunos conceptos básicos para confrontarlos con la realidad. 

Las Naciones Unidas por medio del Informe del Secretario General sobre el Estado de derecho (S/2004/616) establece que “el concepto de Estado de derecho se refiere a un principio de Gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”, agregando que la vigencia del Estado de derecho “exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”. 

El concepto de Estado de Derecho está formado por dos elementos, estado y derecho, por eso describe que el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho, que ningún individuo puede colocarse o actuar por encima de la ley. El Estado de Derecho surge en contraposición a los regímenes absolutistas donde el rey era el soberano. En el Estado de Derecho la ley es la representación de la soberanía que radica en el pueblo y que se ejerce en democracia fundada en normas constitucionales. 

La primacía de la ley o principio de legalidad supone que el ejercicio del poder público debe realizarse de acuerdo a la ley vigente y no a la voluntad de las personas, pero también comprende que la ley no puede ser modificada para cumplir la voluntad del gobernante o para pretender institucionalizar un proyecto político o la concentración del poder.

La igualdad ante la ley un derecho fundamental del ser humano. Está proclamado y reiterado como característica del Estado de Derecho para descartar y evitar regímenes totalitarios, dictaduras, el esclavismo, el colonialismo cualquier otra forma de “privilegio o prerrogativa” destinada al beneficio de unos pocos en detrimento de los ciudadanos.

La separación de los poderes públicos o de las funciones del poder, está destinada a evitar que una rama del poder se convierta en supremo, para lo que se otorga el manejo de cada función a un organismo público distinto y por lo tanto a personas diferentes. La rendición de cuentas ante la ley es la obligación de todo gobernante o encargado de la gestión pública de informar, justificar y asumir responsabilidad por el ejercicio de sus funciones, es parte de la transparencia y del ejercicio de libertad de opinión pública fundada en la libertad de expresión y la libertad de prensa que son sus mecanismos imprescindibles. 

Cuando un gobernante se pone por encima de la ley, la manipula, la instrumenta y la reemplaza por normas en su propio beneficio, el Estado de Derecho ha sido subvertido y no existe manera de que este régimen continúe siquiera llamándose democracia. Pero si además como sucede en los regímenes del denominado socialismo del siglo XXI en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros estados, los gobernantes han hecho desaparecer la igualdad de los ciudadanos, han concentrado todos los poderes del estado, han creado “su propia legalidad” destrozando todo el sistema institucional para permanecer indefinidamente en el poder, no le rinden cuentas a nadie y la corrupción es oficial, y todo esto como política de Estado. ¡Entonces no hay ni estado de derecho ni democracia!