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Pedro Llorens

Denles lo que pidan

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Los militares venezolanos han mandado siempre, estando o no en el poder, aunque nunca como ahora, tanto que el jefe del Estado les promete públicamente lealtad, en lugar de exigírsela a ellos (lo hizo el 24 de julio durante el acto conmemorativo de la Batalla de Carabobo).

“De mí recibirán lealtad y amor sin límites”, dijo textualmente… y es una de las pocas promesas que está cumpliendo y con creces, si tomamos en cuenta que les creó el banco de la FANB, Agrofanb, Emitra (Empresa Militar de Transporte) y Tvfanb; les aumentó varias veces los salarios, les aprobó millardos para lo que pidan (no faltan diputados lambiscones que lo consideran “poquito”)… y, por si fuera poco, promovió el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que legitima la participación de militares activos en actos políticos como marchas y mítines.          

En tiempos de los adecos (en el de los copeyanos ni se diga) a los militares se les permitió cobrar inmorales comisiones, especialmente en la compras de armamento (Gonzalo Barrios, ministro del Interior propuso pagarles lo que se iban a ganar y cancelar las adquisiciones)… y los gobernantes miraban a otro lado en los casos de tortura que se hicieron en sus teatros de operaciones para boicotear la pacificación.

Los niveles de corrupción, de permisividad y de impunidad crecieron en la misma medida en que aumentaban los precios del petróleo y la danza de los millones permitía a una banda de retrógrados levantar las fachadas de estuco de su revolución… y, sin embargo, pone la mano en el fuego por “la honestidad con que se asume la carrera de las armas para garantizar a la patria su destino de paz y estabilidad”.

A estas alturas habrán aprendido a pagar chin-chin y a no pedir factura por los trabajos que hacen (como ocurrió durante el Plan Bolívar 2000) y conocerán, aunque sea de referencia, la famosa frase del presidente mexicano Álvaro Obregón: “No hay ningún general que pueda resistir un cañonazo de 50.000 pesos”… y prueba de ello fue el coronel Jesús Guajardo, quien recibió una recompensa de 52.000 pesos, además de un ascenso a general, por preparar la emboscada y el asesinato de Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919, cuatro meses antes de que el inquebrantable defensor de los derechos del campesino cumpliera los 40 años de edad.

Para colmo, según analistas políticos, piropos, aumentos y concesiones no han logrado que los uniformados se acerquen más a Miraflores y menos a la presidencia del Parlamento.