• Caracas (Venezuela)

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En la prensa local de la isla Margarita se ha debatido un poco sobre la deforestación de unos 1.300 metros cuadrados de bosque de manglar en el Parque Nacional Laguna de La Restinga, promovida por el Ministerio para el Transporte Terrestre, asunto que nos obliga a reflexionar sobre un suceso que observamos como un acto anómico. Tomamos el concepto anomia entendido como el incumplimiento y rechazo de toda normativa legal, para el caso, de parte de la administración de los poderes públicos y que coloca al Estado venezolano en evidente conducta desviada. La deforestación antes referida es un incuestionable delito ambiental que sigue la misma línea de hechos análogos ocurridos en otros parques nacionales (como en el  de Morrocoy en 2004), y que pareciera hablarnos sobre la existencia de una abierta y reiterada conjura de parte del Estado venezolano para favorecer o ignorar la destrucción parcial o total de ecosistemas de vital importancia para la Nación. 

El caso que referimos trata sobre el cercenamiento de una porción de bosque de mangle para construir un puente sin investigar previamente sus efectos sobre los graves problemas que se ciernen sobre las costas e islas frente al cambio climático, entre ellos la pérdida de línea costera y los riesgos ante la subida de los niveles del mar, que afectan directamente a la seguridad ciudadana. Un puente por lo demás sin los estudios de impactos ambiental y social exigidos por nuestra carta magna (artículo 129), y sin los debidos controles previos tramitados ante la institución encargada por la ley para velar por el resguardo de este patrimonio natural de todos los venezolanos. Y todo lo anterior sin considerar la consulta pública en interés de los mismos ciudadanos que se arriesgan a apoyar la obra de manera poco juiciosa. Por un lado, juzgamos al Estado venezolano como uno que destaca entre aquellos que más han luchado por crear áreas protegidas en América Latina, y que en el pasado ha reconocido y respaldado a los parques nacionales como espacios públicos de interés común y regulados para la protección de los recursos naturales en función de sus ecosistemas y fragilidad, así como por sus potencialidades para ofrecer a la sociedad distintos servicios ecosistémicos, léase acá aguas prístinas, regulación de inundaciones, valores estéticos y culturales, sin pasar por alto las oportunidades para el desarrollo turístico, así como fuentes de alimentos y plantas medicinales.

Respecto a esas capacidades, los manglares se incluyen entre los biomas más productivos del planeta. Pero la otra realidad muestra al Estado venezolano como uno que se apega a la ilegalidad y a la poca transparencia en sus actos para alcanzar objetivos mezquinos y oportunistas. Debemos resaltar que con sus manglares las lagunas costeras albergan una riqueza de vida marina necesaria para la tan indispensable soberanía alimentaria de un país, porque acá se trata de espacios que ofrecen inmensurables aportes para el bienestar social. Lo que demuestra que no fue por vanidad que Venezuela suscribió el Convenio relativo a los Humedales de importancia Internacional (mejor conocido como Convención Ramsar) en 1971, y que fuera festejado incluso por el gobierno del presidente Chávez en el año 2011.

Es que Venezuela cuenta con cinco humedales de reconocida importancia mundial, y entre ellos destaca la Laguna de La Restinga desde 1996. Para su manejo y administración, esta laguna cuenta desde 1991 (y actualizado en 1999), con una normativa legal conocida como Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Laguna de La Restinga, que se fundamenta en estudios e instrumentos de planificación y gestión exigidos para que este espacio protegido cumpla con sus fines, y en el mismo es obligante que todas las instituciones, sean ministerios, alcaldías, universidades, centros de investigación y la sociedad en general, sometan a evaluación sus proyectos e iniciativas relacionadas, a modo de controlar que las actividades permitidas no perturben, deterioren ni destruyan sus ecosistemas y paisajes. Luego, si el Estado no funge como garante para crear la sana conectividad entre la sociedad y la naturaleza, sino que por el contrario violenta las leyes, deducimos que estamos frente a un Estado anómico. Y no se trata tan sólo de un épiteto. Emile Durkheim, el sociólogo y creador del concepto “anomia”, nos dice que ella se produce a consecuencia de las crisis y disolución de normas morales que acompañan a los procesos sociales acelerados. Lo que nos conduce a las tesis de otro sociólogo, Peter Waldmann, quien afirma que existen Estados que constituyen una fuente particular de desorden e inseguridad para sus ciudadanos. Y precisamente en ello debemos reflexionar.