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Fernando Laborda

Decreto va, decreto viene

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La decisión del gobierno de Mauricio Macri de remover de la presidencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a Martín Sabbatella mediante un decreto que intervino el organismo mereció críticas de la oposición kirchnerista. Pero, curiosamente, Cristina Fernández de Kirchner recurrió, siendo presidenta de la Nación, a un decreto para modificar las reglas para las votaciones en el directorio de la Afsca establecidas por la ley de medios.

El artículo 14 de la Ley de Medios 26.522, sancionada por el Congreso en octubre de 2009, expresa que las votaciones en el directorio de la Afsca “serán por mayoría simple” y mediante el decreto reglamentario 1525/2009, emitido por el gobierno kirchnerista ese mismo mes, se estableció que el directorio funcionará con la presencia de su presidente o de quien lo reemplace y adoptará sus resoluciones por mayoría simple de los directores presentes. Pero, en marzo de 2012, con la firma de Cristina Kirchner y de su entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se emitió otro decreto, el 319/2012, que modificó esa forma de votación, violentando el propio espíritu de la ley.

Este decreto sustituyó lo dispuesto en la última norma y estipuló que, si bien seguiría rigiendo el criterio de la mayoría simple de los directores presentes, en adelante, las resoluciones de la Afsca deberían ser “suscriptas en forma conjunta por el presidente y por el director designado por el Poder Ejecutivo Nacional”. De esta manera, como bien lo puntualizó el especialista Roberto H. Iglesias en su blog “Canal, mensaje y sociedad”, el decreto de Cristina Kirchner le otorgó al segundo director designado por ella poder de veto sobre las resoluciones de todo el directorio de siete miembros. En otras palabras, la posición de un solo miembro del directorio, nombrado por el Poder Ejecutivo, tendría más valor que las restantes.

Como recuerda Iglesias, por entonces, el presidente de la Afsca era Santiago Aragón, que respondía políticamente al ex titular del organismo Gabriel Mariotto, quien había pasado a ocupar la vicegobernación bonaerense, como segundo de Daniel Scioli. Dado que Aragón no habría sido lo suficientemente duro frente al grupo Clarín como esperaba Cristina Kirchner, ésta decidió nombrar como director a un dirigente de La Cámpora y ex subgerente de noticias de Canal 7, Ignacio Saavedra, en febrero de 2012, poco antes del decreto 319 que le confirió el mencionado poder de veto. Saavedra se convirtió así en el comisario político del Gobierno en la Afsca. Claro que para facilitar su ingreso, la entonces primera mandataria debió forzar la renuncia del segundo representante del Poder Ejecutivo en el órgano, que era Manuel Baladrón, pese a que le restaban algo menos de dos años en el puesto.

El intervencionismo oficial en la Afsca continuó, ya que en septiembre del mismo año Aragón también fue forzado a renunciar, a lo cual siguió un interinato en la presidencia del cuerpo, a cargo del camporista Saavedra, hasta que por otro decreto, emitido en octubre de 2012, Cristina Kirchner nombró a Sabbatella como presidente del organismo y derogó el decreto 319 que le confería poder de veto al director. Ya no era necesario para los objetivos de la presidenta. Desde entonces, Sabbatella y Saavedra, confirmado en 2013 por otros cuatro años más como director, manejaron la Afsca exhibiendo plena obediencia a la Casa Rosada.

No tardaron en aparecer evidencias de que, con Sabbatella al frente de la Afsca, la instrumentación de la ley de medios, lejos de buscar la pluralidad de voces, sólo apuntaba a crear una herramienta al servicio de un poder hegemónico y castigar a grupos mediáticos cuya línea editorial fuera contraria al pensamiento oficial. Fue un allegado a Sabbatella y coordinador de la Afsca en el conurbano norte, Nicolás Cherei, quien encendió la sospecha, cuando aseguró que se realizaría “un control a los diferentes medios” para evitar la presencia de testaferros que permitan a grandes grupos empresarios evadir el límite máximo de licencias que establece la ley. “Si tienen diferentes dueños, vamos a controlar que haya también diferentes estilos editoriales, diferentes técnicos, diferentes periodistas y diferentes camarógrafos”, explicó.

Pero sin dudas una de las principales acusaciones que se le hicieron a Sabbatella fue el desplazamiento de buena parte de los técnicos de la Afsca y su reemplazo por dirigentes de su partido político, Nuevo Encuentro, muchos de los cuales lo acompañaron en su anterior gestión como intendente de Morón. Una de las características más escandalosas de esta relación era que estos funcionarios debían aportar 8% de su sueldo a esa agrupación política.