• Caracas (Venezuela)

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Pablo Pérez

Decapitan la Constitución

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En Venezuela parece costumbre que el gobierno hace lo que quiere con la Constitución nacional. Durante 14 años la han amoldado a sus intereses con la complicidad de los poderes públicos, los cuales, carentes de autonomía, avalan cualquier maniobra que emane del Ejecutivo.

Pero en estos tiempos de crisis grave que vive el país, los últimos golpes a la Constitución son sumamente peligrosos, porque las consecuencias pueden ser nefastas para quienes se han atrevido a intentar judicializar la protesta buscando desactivarla. De nuevo el gobierno intenta apagar el fuego con gasolina.

No entienden las razones de la protesta. Se niegan a admitir que la crisis se traga su modelo socialista fracasado. Prefieren reprimir con una dureza nunca vista en Venezuela. Su estrategia es acabar con las manifestaciones en la calle atacando al pueblo y sus líderes.

En su equivocación están usando al Tribunal Supremo de Justicia para intentar descabezar la disidencia política en Venezuela. Por eso las recientes decisiones contra los alcaldes para que repriman las protestas, y hasta se atrevieron a encarcelar al alcalde del municipio San Diego en Carabobo, Enzo Scarano.

A los alcaldes que aún no detienen, los llenan de amenazas. Irrespetan el marco legal que establece que los burgomaestres carecen de competencias en el control del orden público. Las policías municipales son administrativas y no tienen ninguna atribución en el combate de las protestas.

Quieren que los alcaldes hagan lo que ellos no han podido hacer. Pretenden que enfrenten al pueblo que está en la calle espontáneamente por la elevada inseguridad, la severa escasez y la creciente inflación. Como ya lo dije en un artículo reciente: la crisis es de fondo y no de forma.

Y mientras tratan de desactivar la crisis instauran el tribunal de la inquisición contra la disidencia opositora. Dinamitan el Estado de Derecho con la anuencia de los poderes públicos. En Venezuela no hay equilibrio de poderes, sino el abuso de esos poderes. Mediante ese uso abusivo del poder destituyen a alcaldes elegidos por la voluntad de más de 60% de los habitantes de sus municipios. Atropellando pretenden despojar a María Corina Machado de su condición de diputada elegida por el pueblo.

Las arbitrarias detenciones de Enzo Scarano y Daniel Ceballos, sumadas a los ataques contra Gerardo Blyde, Ramón Muchacho, David Smolansky y Eveling Trejo de Rosales no ayudan para nada al diálogo sincero que amerita la gravísima situación del país.

Esta crisis dejó desnudo al gobierno. El boicot aplicado a la intervención de María Corina en la OEA confirma la grave situación que se vive en Venezuela. Intentan esconder las violaciones de los derechos humanos, pero las redes sociales y el empeño de un pueblo decidido los denuncia todos días ante la opinión pública mundial.

Esta no es la vía para resolver la crisis del país. El camino correcto pasa por admitir que el modelo socialista fracasó, y sentarse a dialogar sin ventajas ni trampas con la disidencia. Y sobre todo, que el gobierno se comprometa a acatar la Constitución nacional y no que sigan violándola impunemente. A quienes están en la calle protestando les digo: el tiempo de Dios es perfecto. La justicia llegará y la democracia triunfará.