• Caracas (Venezuela)

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Rafael Rodríguez Mudarra

Debemos estar informados

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La sobrevenida situación política, económica, social, asistencial, derroche,  inseguridad e impunidad, que sin discusión alguna ni aviso de protesta nos ha llevado al desastre nacional, es ajena de sospecha de incredulidad, dado el carácter de extensión alcanzado en la totalidad del territorio patrio, lo que nos presenta ante el concierto de la naciones del mundo como un país inclinado hacia la pobreza, por ahora crítica, carente de capital para su desarrollo inmediato, por ser evidente que las reservas para la inversión, que no hubo de acumularse, derivadas de los ingresos petroleros, han sido despilfarradas mediante dádivas a otros  países y gastos superfluos no propios de una “revolución marxista-leninista”.

No somos pobres por carecer de adiestramiento, capacidad o experiencia técnica, demostrables con el asido de ocupación desempeñada por honestos profesionales en otras latitudes, nada de eso, la tendencia a hacernos cada día más pobres es el resultado de una regencia ineficaz, con indicios de corrupción muy alta, donde la consecuencia de la limitación de los factores de producción mediante expropiaciones indebidas, determinan la escasez; a la vez que hace de la depredación un codiciada fuente de atracción funcionarial.

Sumado lo dicho precedentemente, y en consideración, que el presidente de la república, quien es venezolano por nacimiento, mayor de 30 años, de estado seglar, no esta sometido a condena; que si bien cumple con lo requisitos establecido en la Constitución para ejercitarse como tal, resulta  obvio que en el ejercicio del cargo y por terco empeño de la reelección continua que le garantiza el autoritarismo en el Poder Ejecutivo, ha fracasado en el desempeño de sus funciones de gobierno, siendo por tanto responsable de que por su autoría el país ha dejado de tener la credibilidad  de Estado de Derecho, e impide a la vez que se cumpla el precepto  constitucional que pauta: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos  que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución”.

El presidente Nicolás Maduro se niega a entender ex profeso que el Poder Ejecutivo es entre otros uno de los poderes que forman el poder público nacional, a la vez que integrante del Estado de Derecho, que para ser eficaz tiene que estar sometido al imperio de la ley, que no puede haber ni repetirse fallas obedientes a la larga e inveterada tradición del despotismo militar de secuencias altamente perjudicial al desarrollo institucional de la república; que un gobierno responsable, participativo, electivo, descentralizado, pluralista, no  puede rehuir a la incompatibilidad entre las funciones legislativas y ejecutivas; ni menoscabar con argucias maniqueas la autonomía del Tribunal Supremo de Justicia; no ha querido entender que el gobierno venezolano para ser responsable tiene que estar sometido al control  de los otros poderes, no acepta que la responsabilidad constitucional requiere verticalidad en la moral política, en la pulcritud fiscal, no establecer como reiteradamente lo ha hecho discriminación  entre los que ha tenido la fortuna de dirigir, por cuanto tal conducta lo sitúa al margen de la Constitución, lo que nos fuerza a sostener sin estridencia de ninguna especie que nuestro gobernante actual no puede, en virtud de su reiterado comportamiento de fomentación del odio, de la división y discriminación, llamarse presidente de los venezolanos, a cuya voluntad debe estar sometido.

Lo anteriormente descrito no es más que la exhibición de un país que requiere de una salida constitucional mediata, para atemperar la crispación que nos permea. La salida no se encuentra en hechos de fuerza, ni en la celebración de una asamblea constituyente no entendida por sus propiciadores; ni en la invitación a concentraciones en sitios de cobertura   limitada a la masa votante; ni en las menores minorías que integra “la Mesa de la llamada Unidad”, acostumbradas estas a la exclusión de los que no militan en sus filas, con deformaciones inconcebibles, producto de la vanidad sin limite y de exacerbaciones que obliga a más de 60% de los votantes a buscar caminos mediante la conformación de un “Gran Frente  de Unidad Nacional”, que sin pretensiones de considerarse la solución, ponga las elecciones en las manos del entendimiento del  pueblo; el doble juego, las triquiñuelas como oficio, más la vanidad visceral, son incompatibles con la necesidad de la restitución de la participación civilista, como  salida democrática, participativa, no abstencionista ni mendingada. La concurrencia a votar por la integración de una Asamblea Nacional en las condiciones examinadas se nos intuye como  la manera  más expedita para el logro de conquistas deseadas por el conglomerado nacional.

El Poder Legislativo actual no elabora ni modifica las leyes existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos, dado que en el sistema presidencialista el jefe del gobierno, hoy Nicolás Maduro, es autoritariamente el jefe del Estado, el crecimiento opulento del Poder Ejecutivo tiene como subordinado al Poder Legislativo a cuya cabeza se encuentra un capitán activo del ejército, Diosdado Cabello, devenido en legislador, amo y señor de las decisiones que ha de tomar este cuerpo, en su gran mayoría habilitadas al Ejecutivo, al crecimiento del autoritarismo  presidencial ha correspondido un debilitamiento del Poder Legislativo y del Judicial, lo que  ha producido la falla en la fortaleza de legislar. El presidente ocupa todo el espacio político: la Asamblea no es más que el espacio político del partido de gobierno.

Como complemento de lo escrito, dado mi condición de adversario político al actual gobierno militar-cívico; como dirigente de un partido político, sin participación de alianza con ninguno de los factores que se han atribuido la conducción opositora de minorías grupales, es de mi obligación solicitarles a los diputados que se desempeñaron en el debate que hubo lugar el día 22 y siguientes, dado en el seno de la Asamblea Nacional, una explicación sobre la adhesión previa de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática, aprobando los nombres de los posteriormente elegidos para integrar órganos institucionales, entre los cuales se incluyeron y resultaron electos militantes de los partidos de la oposición que conforman la MUD por cuanto hube de enterarme por haberlo oído directamente, que el presidente del comité seleccionador,  Darío Vivas, daba fe de que los nombramientos propuestos fueron aprobados con el voto unánime de todos, oficialistas y de la oposición que integraron el Comité de Evaluación; así como la revisión de las grabaciones pedidas por el capitán Diosdado Cabello, y el trato convertido en hilaridad que otros diputados del oficialismo hicieron al considerar la abstención opositora. Debemos preguntarnos ¿por qué se ha producido tal solidaridad? ¿Se impuso el  interés burocrático por encima de los principios morales y éticas de los firmantes?

 

*Abogado, político, presidente de Unión Republicana Democrática, URD

Ramudarra

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