• Caracas (Venezuela)

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Alexandra Palmieri Di Iuro

Crisis eléctrica

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Nadie se ha salvado de las consecuencias de la crisis eléctrica que atraviesa Venezuela desde hace más de siete años; racionamientos y apagones diarios que afectan la calidad de vida del venezolano y que, por si fuera poco, contribuyen con otros problemas gravísimos como el de la inseguridad. Y es que toda la ineficiencia gubernamental está conectada y forma un círculo de desgracias.

¿Por qué un país tan “rico” enfrenta también una crisis eléctrica y quiénes son los responsables? Muchos tienen la maña de atribuir cada problema del país a personajes ficticios, a la fuerza de la naturaleza, a cualquier imperio o a los alcaldes militantes del partido contrario al de preferencia. La confusión parece común cuando sin argumentos y sin información se atribuyen responsabilidades y se exigen acciones y castigos a la ligera. Especialmente, suele ocurrir ante las reiteradas irregularidades en la prestación de servicios públicos domiciliarios como el agua, la luz o el aseo urbano: inmediatamente se señala al alcalde como el culpable.

Tal y como ocurre con el servicio de agua potable, la electricidad es un servicio público domiciliario cuya prestación corresponde a los municipios según la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, competencia reconocida en distintas oportunidades por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, el autoritario gobierno venezolano hace y deshace a su antojo, e invade competencias a través de instrumentos aparentemente legales. Tal es el caso de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (Losse) publicada el 14 de diciembre de 2010, con la cual el Estado, sin fundamento constitucional, se reservó todas las actividades que tienen que ver con la prestación del servicio eléctrico, es decir, una vez más se adueñó de una competencia municipal. De allí que actualmente exista un monopolio del sector en manos del Estado, contrario a la Constitución, y que solo permite –en teoría– que los municipios tengan competencias ambiguas en materia de apoyo y colaboración en la planificación y fiscalización del servicio. 

Esta centralización inconstitucional del servicio eléctrico, lejos de garantizar su eficiencia, lo ha conducido al desastre. Actualmente y a diferencia de como se gestionaba anteriormente el servicio eléctrico, no existe un mecanismo de fiscalización de la calidad del servicio ni compensaciones a los usuarios por sus irregularidades o fallas, ambos derechos esenciales según la propia Losse. Por su parte, también es evidente la falta de inversión en alumbrado público, clásico ejemplo en el que la responsabilidad se le atribuye injustamente a los municipios, siendo una competencia que les fue robada por el Estado: esa calle oscura de su urbanización es ahora responsabilidad del gobierno nacional desde que robó dicha competencia a su municipio, y esto es algo que muchos ciudadanos parecen desconocer o se hacen los locos convenientemente. 

Ni hablar de la capacidad de generación eléctrica que debería ser al menos 30% superior a la demanda para garantizar un completo suministro, y la realidad es que es igual o hasta inferior a la demanda, de allí los racionamientos. La causa podría ser entre otras, la falta de nuevos proyectos y el carente mantenimiento de las instalaciones existentes, lo que también afecta el sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica en todo el territorio nacional. La centralización inconstitucional del servicio eléctrico es otra prueba de ineficiencia y fracaso del gobierno nacional.

La Losse es una ley inconstitucional por lo menos en lo que se refiere al reparto de competencias, cuya nulidad debería ser declarada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Quizás decirlo parezca un chiste considerando que el gobierno tiene el control de todos los poderes públicos incluyendo al Poder Judicial; sin embargo, es importante no dejar de identificar nunca los roles y las responsabilidades que deberían corresponder a cada poder público según la pisoteada Constitución, para no caer en señalamientos injustos y politizados, y para construir un futuro consecuente con lo que exigimos.

Para lograr la eficiencia del servicio eléctrico se requiere de su descentralización, es decir, revertir la competencia de su gestión a los municipios. Al poder público nacional solo le correspondería dictar las normas del servicio, y no su gestión. El “deber ser” es una competencia concurrente que implica coordinación, descentralización, colaboración y la dotación de los recursos económicos que les corresponden a los municipios para el ejercicio de todas sus competencias.

Este intervencionismo estatal excesivo, lejos de garantizar eficiencia ha paralizado al país y lo ha alejado de posibilidades de innovación. Violando reiteradamente la Constitución, el gobierno venezolano tiene 15 años invadiendo competencias, expropiando bienes y derechos ligeramente y sin justa indemnización, y aún así, teniendo todo el poder en sus manos para hacer las cosas “regularmente” bien, solo ha facturado, enchufado y guisado. Ni siquiera se ha tomado la molestia de hacer las cosas a medias para meter la coba.  Insolencia en su máxima expresión.