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María Amparo Grau

Criminalización de la protesta

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No es necesaria formación académica alguna para entender lo que por sentido común se deduce de la expresión “criminalización de la protesta”. De manera general se la define como la aplicación de normas penales y el uso de la jurisdicción penal respecto de quienes se organizan para protestar con el objeto de obtener reivindicaciones de todo tipo: sociales, políticas o económicas.

Tampoco hace falta un análisis científico jurídico, ni una investigación profesional para determinar que en Venezuela, en estos momentos, existe criminalización de la protesta estudiantil. Que el desalojo de los campamentos instalados por estudiantes para protestar contra el gobierno haya culminado con la detención de 243 personas, y su consecuente presentación ante los tribunales penales para el juzgamiento de su libertad es otra de las pruebas que evidencian la criminalización de la protesta estudiantil. Esta misma acción del gobierno se ha repetido desde el pasado mes de febrero cuando se inició la protesta de los estudiantes, siendo que en cada una de las distintas manifestaciones han resultado detenidos, inmediatamente procesados por la justicia penal.

Lo usual en el Estado de Derecho es que para disolver la protesta, cuando esta afecta de alguna forma el orden público, se utilicen mecanismos de disuasión administrativos, que pueden incluir las detenciones policiales, que no judiciales, lo cual implica que, una vez restablecido el orden, los detenidos son puestos en libertad.

Informaciones de prensa indican que la fiscal general de la república ha señalado que desde que inició la protesta estudiantil, en el mes de febrero, al 6 de marzo había 1.603 procesados penales por protestar, y de acuerdo con el Foro Penal, a mayo 14 el número de arrestos por protestar asciende a 3.019, la mayoría de ellos llevados por ante jueces penales y sometidos a juicios penales en libertad, con medidas de presentación, o sin ellas y, por ende, mandados a sitios de reclusión, incluidas instalaciones militares o de inteligencia y hasta cárceles de máxima seguridad.

Este solo hecho objetivo y numérico es prueba fehaciente de la criminalización de la protesta en Venezuela. Se han señalado como ejemplos de criminalización de la protesta en la América Latina la represión del movimiento de los sin tierra en Brasil, la persecución de ambientalistas en Uruguay, el caso de los huelguistas de Petrecuador y las aprehensiones y procesamiento de luchadores sociales en la Argentina. El caso venezolano pasa a ser lamentablemente el mejor ejemplo de esta aberrante intolerancia a la disidencia.

Adicionalmente, de suma gravedad resultan las afirmaciones contenidas en el informe de Human Rights Watch de mayo 2014 denominado “Castigados por protestar”, en el cual se lee: “En la mayoría de los casos que documentamos, miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso ilegítimo de la fuerza, que incluyó disparar y golpear brutalmente a personas que no estaban armadas. Casi todas las víctimas fueron además arrestadas y, mientras permanecieron detenidas, sufrieron abusos físicos y psicológicos”. Se indican en este informe la violación del debido proceso y las decisiones de jueces que sin pruebas han privado de libertad a los manifestantes.

A resulta de que los jueces no han sido capaces de poner reparo a esta criminalización de la protesta, corresponde a la ciudadanía promover el juicio de la historia sobre esta práctica reconocidamente contraria a los derechos humanos y que tristemente ha encontrado en Venezuela en estos días su máxima expresión.

El derecho constitucional y los derechos humanos reclaman también que la academia, la Iglesia, las instituciones de todo tipo y la comunidad internacional en general condenen esta evidente criminalización de la protesta y enderecen los esfuerzos y acciones a una terminación inmediata de este atroz proceder.