• Caracas (Venezuela)

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Claudio Fermín

Criminales asociados

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El intento de violación de una estudiante generó protestas reclamando seguridad para la Universidad del Táchira. Lo que debía ser una alarma para que las autoridades brindaran protección efectiva a esa casa de estudio y a la ciudad de San Cristóbal, se convirtió en una masacre que a dos semanas de la primera manifestación de universitarios lleva un saldo de catorce asesinatos, decenas de torturados e incontables inocentes imputados por delitos penales mientras los responsables de esos crímenes continúan haciendo de las suyas.

La primera respuesta que los estudiantes andinos recibieron fue una andanada de palos, bombas lacrimógenas, perdigonazos y disparos de la Guardia Nacional. La policía regional no se quedó atrás. La Fiscalía, que nada hace para resolver la impunidad de los 25.000 homicidios cometidos en 2013 y de los 200.000 que van en los últimos 15 años, estuvo presta y diligente para conseguir un juez de mandado que imputara a los estudiantes, quienes fueron a parar a la cárcel de Coro bajo la protesta de los mismos pranes que advertían que esos muchachos no eran delincuentes.

Esta acción concertada entre policías, guardias nacionales, fiscales y jueces, concitó el más amplio rechazo del estudiantado universitario que en Mérida, Valencia, Maracay, Puerto Ordaz y otras ciudades del país repudiaron el maltrato que los jóvenes tachirenses recibieron y la indiferencia del gobierno nacional hacia las demandas de seguridad. Bajo esa atmósfera de intranquilidad e indignación se celebraron los actos del Día de la Juventud el pasado 12 de febrero. El final en Caracas fue trágico: tres personas muertas de balazos en la cabeza.

Está documentado que esos asesinatos fueron cometidos por agentes del Servicio de Inteligencia del gobierno, el Sebin.

Estos acontecimientos levantaron protestas a lo largo y ancho del territorio nacional. Cada día el saldo ha sido desgarrador: muertos, heridos, torturados, incomunicados y desaparecidos. Un país vapuleado por un gobierno que se incomoda porque se le reclama seguridad y que no admite manifestaciones que denuncien la represión que hoy se padece por la acción orquestada de diferentes organismos del gobierno, a la que se han sumado bandas criminales de terroristas urbanos autodenominados colectivos.

Estas bandas han disparado a mansalva, matado, incendiado locales y asaltado edificios para sembrar terror. Ha quedado en evidencia que se han multiplicado con apoyo del gobierno y hasta reciben el reconocimiento público de Maduro y de la alta dirigencia del PSUV. Aparecen al lado de la Guardia Nacional, como socios en los operativos contra los manifestantes que reclaman seguridad y cese de la represión. Poseen armamento de guerra en abundancia, camionetas de lujo y un parque inagotable de motocicletas, credenciales que los acreditan como policías y relaciones al más alto nivel de gobierno. Para el país son un cuerpo extraño, bandas de irregulares. Para la Guardia Nacional, la Fiscalía, unos cuantos jueces y cuerpos policiales, algunos gobernadores y el propio presidente, son aliados en las acciones que hoy atentan contra la seguridad y tranquilidad de Venezuela. A los venezolanos de bien nos toca enfrentar esa nueva sociedad.