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Víctor Rodríguez Cedeño

Crímenes y justicia internacionales

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Se habla con frecuencia de una transición política para corregir el desastre chavista y abrir nuevos rumbos; pero el régimen insiste en responder a la mayoría que exige esos cambios con mayor represión, persecución e intimidación. Ante la crueldad que se observa en las calles para silenciar las protestas, se habla con insistencia de la Corte Penal Internacional y de la posibilidad de que el fiscal del tribunal, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, inicie una investigación para determinar si en el país se han ejecutado algunos crímenes internacionales y si se abre un proceso para establecer la eventual responsabilidad penal de los autores, un tema que interesa a juristas y políticos, dadas sus implicaciones en ambos órdenes.

Lo primero que debe estar claro es que la Corte es competente para conocer los crímenes internacionales objeto de su competencia que pudieren ser realizados en Venezuela, entre ellos el crimen de lesa humanidad definido en el Estatuto de Roma (artículo 7). No es fácil determinar si ciertos actos (asesinatos, encarcelación arbitraria, tortura, violación, persecución de un grupo político) constituyen un crimen de lesa humanidad. Se requiere que los mismos respondan a una política de Estado, que sean realizados en forma sistemática o de manera generalizada en contra de una parte de la población y de manera intencional. Si se examinan con detenimientos los hechos y las declaraciones de las autoridades, de las víctimas, de los testigos, de las ONG se podría concluir en que en efecto se habrían ejecutado crímenes de lesa humanidad en el país especialmente desde febrero de este año cuando una represión sin precedentes, perpetrada por agentes del Estado y grupos paramilitares protegidos por el mismo Estado, masacra, tortura y encarcela y procesa indebidamente a quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica.

Por otra parte, los redactores del Estatuto dieron prioridad a los tribunales nacionales para que investiguen, procesen y castiguen a los responsables de los crímenes internacionales. La Corte no es una instancia más, mucho menos un órgano de apelación. Funcionará solamente cuando los tribunales nacionales no lo hagan. Eso responde al principio básico que sustenta su creación: la complementariedad.

El Estatuto y las reglas de la Corte exigen para que una denuncia sea admitida que los hechos sean graves, sobre lo cual no habría dudas; y que los tribunales nacionales no puedan o no tengan la intención de investigar los hechos o de no procesar adecuadamente a los presuntos responsables. En pocas palabras, cuando el sistema judicial no funciona por estar sometido a las órdenes del Ejecutivo, todo lo cual deberá ser examinado por la Fiscalía de la Corte para determinar si “hay una base razonable para abrir una investigación”; es decir, si los actos que se denuncian pueden constituir un crimen objeto de la competencia de la Corte y si se han dado las condiciones de admisibilidad, para lo cual realizará una investigación preliminar cuyos resultados sometería posteriormente a una Sala de Cuestiones Preliminares que decidirá si se abre un proceso.

Habría que preguntarse si el Poder Judicial en Venezuela es imparcial, es decir, si hay o no sesgos de disposición hacia alguna de las partes; e independiente, es decir, si no está sometido a un control externo. La respuesta estaría dada en las declaraciones de los mismos representantes del Estado y de miembros del Poder Judicial e incluso, más allá, en algunas decisiones del Tribual que muestran que, lamentablemente, el sistema no es imparcial ni independiente.

La Corte determina la responsabilidad penal internacional individual sin considerar el cargo (artículo 27 del Estatuto) o el cumplimiento de órdenes (artículo 33 del mismo texto), no solamente de los autores materiales de los crímenes sino de los cómplices, coautores, de quienes los ordenen o los induzcan, tal como lo dice el artículo 25 del Estatuto. Y no se trata solo de actos, sino de omisiones. Los que realizan los actos y los que no han cumplido con sus funciones para evitar que tales actos fuesen realizados podrían ser responsabilizados por el tribunal lo que también puede observarse en la realidad de los hechos ocurridos en el país, desde febrero de 2014.

Es importante que todos, más aun los que mandan hoy en el país, conozcan las consecuencias de los abusos y de las violaciones de derechos humanos y la realización  de crímenes internacionales que no prescriben y que, además, pueden ser conocidos por tribunales nacionales de otros Estados que aplican el principio de la jurisdicción penal universal lo que abre un espacio importante en la lucha contra la impunidad que ha asumido la comunidad internacional y a la que ningún Estado puede oponerse, consciente de que la represión de estos crímenes es esencial para la paz y la seguridad internacional.

Las decenas de muertos, las tantas víctimas de persecución y de tortura y de otros tratos inhumanos en el país así lo exigen. La historia es una referencia útil aunque algunos lo ignoren deliberadamente. Los responsables de esos crímenes son siempre castigados y despreciados, olvidados, aunque sus nombres ocupen un espacio en las páginas de la historia.