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Víctor Rodríguez Cedeño

¿Una Corte Pena regional?

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Algunos países de la región han venido promoviendo la idea de una Corte Penal Internacional en el marco de Unasur, lo que desde luego llama la atención por la complejidad del tema y por la forma en que se ha venido desarrollando el proceso, caracterizado por falta de transparencia, lo que desde luego genera una suspicacia muy razonable.

Una nueva instancia judicial aunque sea de alcance subregional no podría invadir las competencias de las ya existentes, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lamentablemente despreciada por algunos gobiernos de la región entre ellos los de Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela, que han tratado de disminuir su eficiencia con amenazas y acciones en su contra; y, las de la Corte Penal Internacional creada en 1998 para conocer los crímenes internacionales de mayor trascendencia como el genocidio, los de lesa humanidad, de guerra y la agresión, hasta ahora, teniendo aun un espacio para ampliar su competencia material en el futuro con otros crímenes de igual importancia como el terrorismo y el narcotráfico.

Al parecer la nueva Corte conocería delitos transnacionales como la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de personas, entre otros, que, si bien son muy graves y tienen trascendencia internacional, no tienen las características de los crímenes que conforman la competencia de la Corte de La Haya.

Los promotores de esta idea proponen una instancia judicial para “hacer efectivas las políticas” en contra de esos delitos, lo que no tiene nada que ver con el concepto de justicia penal internacional, aunque sí más bien con programas y acciones de cooperación y asistencia judicial y policial.

Antes de inventar nuevas instancias judiciales internacionales, los gobiernos de la región deberían fortalecer sus sistemas internos de justicia, es decir, hacer del Poder Judicial una institución verdaderamente imparcial e independiente, eficiente y profesional que decida sobre la base del derecho y renuncie a las odiosas prácticas impuestas hoy en día de politizar los procesos para perseguir y castigar a los opositores en cada uno de los países, Venezuela un ejemplo claro.

Igualmente, deberían respetar y hacer respetar de buena fe los tratados de extradición burlados por algunos países como Venezuela, evidente en el caso reciente del general Carvajal acusado de participar en acciones vinculadas al narcotráfico que impidió llevar a cabo las investigaciones debidas. También,  para hacer realidad la lucha contra esos delitos, respetar principios fundamentales de Derecho Internacional Penal como el de “extraditar o juzgar” (aut dedere aut judicare); adaptar sus legislaciones internas a las normas internacionales relacionadas con esos delitos, para facilitar su procesamiento y el castigo de los responsables e incluso, considerar la posibilidad de incorporar en las legislaciones penales internas el principio de la jurisdicción universal, limitada obviamente a lo regional, de manera que los tribunales nacionales puedan conocer delitos cometidos fuera del territorio del Estado, exceptuando el principio de la aplicación territorial de la ley penal (locus delictis).

Se equivocarían los promotores de este proyecto si lo que pretenden es crear una nueva Corte que pueda conocer los crímenes internacionales para así procesar a su manera a los que algún día puedan ser acusados de genocidas, de criminales de guerra, de lesa humanidad o de agresores. Es bueno recordar que la Corte de La Haya tiene un carácter complementario. Ella puede conocer los crímenes de su competencia material, si los tribunales nacionales no existen o no funcionan adecuadamente; es decir, si llevan a cabo procesos por los cuales se busca liberar de la responsabilidad penal internacional individual a los presuntos autores de la realización de tales crímenes. Una Corte regional equivaldría en este contexto a una instancia nacional que no podría sustituir a la Corte de La Haya, a menos que los Estados de la región partes en su Estatuto decidan denunciarlo y separarse del sistema penal universal, lo que sin duda seria un enorme disparate jurídico y político.

Es de esperarse que los promotores de esta idea, representantes de gobiernos irrespetuosos de los derechos humanos y practicantes de la concentración del poder y de la eliminación de la imparcialidad e independencia del Poder Judicial, no pretendan establecer un tribunal a su medida, con una competencia peligrosamente evolutiva para reprimir y castigar a los opositores. Sería absolutamente inadmisible y contrario a todo que mediante una “herramienta” de esta naturaleza se intentase construir una plataforma judicial politizada, no independiente, para crear un espacio en el que los opositores democráticos perseguidos puedan ser detenidos  en otro Estado distinto al suyo y procesados por delitos políticos convertidos en delitos transnacionales.