• Caracas (Venezuela)

Opinión

Al instante

Héctor Faúndez

Sanción a Venezuela

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

En el marco del procedimiento de seguimiento de la ejecución de sus sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente ha sancionado a Venezuela por el franco desacato a su sentencia en el caso de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Este año, en el informe anual que la Corte Interamericana debe enviar a la Asamblea General de la OEA, Venezuela será denunciada como un Estado delincuente, que viola los derechos humanos y no acata las sentencias de la justicia internacional.

Según recuerda la propia Corte Interamericana, en su sentencia del 5 de agosto de 2008 dispuso, entre otras cosas, “reintegrar al Poder Judicial a Juan Carlos Apitz Barbera, Perkins Rocha Contreras y Ana María Ruggeri Cova, si estos así lo desean, en un cargo que tenga las remuneraciones, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería el día de hoy si no hubieran sido destituidos”. Ese punto, así como el resto de la parte dispositiva de la sentencia, no ha sido ejecutado por el Estado venezolano.

El 18 de diciembre de 2008, la Sala Constitucional del TSJ (presidida por una magistrada que originalmente también había sido destituida con el resto de los magistrados de la Corte Primera por el mismo supuesto error judicial inexcusable), declaró “inejecutable” el fallo de la Corte Interamericana. Con no disimulado cinismo, la Sala Constitucional afirma que la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana afectaría “principios y valores” esenciales del orden constitucional, al pretender modificar la autonomía del Poder Judicial venezolano.

La Corte Interamericana recuerda que sus fallos son definitivos e inapelables, y que los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se han comprometido a cumplir las decisiones de la Corte en todo caso en que sean partes. La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del tribunal interamericano corresponde a un principio básico del Derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado.

Por otra parte, mientras la Sala Constitucional del TSJ declara que no va a acatar una sentencia, los más altos tribunales de otros países de la región, incluidos Argentina, Colombia, Costa Rica, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá y Perú, han advertido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el último intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que sus sentencias son vinculantes para todos los órganos del Estado, incluido el Poder Judicial.

Nada menos que el Tribunal Constitucional de Bolivia ha sostenido que, teniendo en cuenta el objeto de la competencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos y la aplicación de la doctrina del efecto útil de las sentencias que versan sobre derechos humanos, las decisiones que emanen de los órganos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos forman parte del bloque de constitucionalidad.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha señalado que las decisiones de la Corte Interamericana resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado, y ha establecido que debe subordinar el contenido de sus propias decisiones a las del referido tribunal internacional. Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, la jurisprudencia de la Corte Interamericana constituye una insoslayable pauta de interpretación para los poderes públicos argentinos, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Nuevamente, Venezuela se queda aislada, como la única nación que se niega a dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana. ¡Por ahora!