• Caracas (Venezuela)

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Héctor Faúndez

¡Corruptos temblad!

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La detención del general Hugo Carvajal, en Aruba, por su supuesta participación en el tráfico de drogas, generó una reacción inmediata del gobierno que, sin negar los hechos de que se le acusa e invocando la supuesta “inmunidad diplomática” de quien no había recibido el exequátur para asumir como cónsul, salió en su defensa y reclamó su libertad. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia, ignorando el principio de la igualdad soberana de los Estados, creyéndose competente para juzgar los actos de otro Estado (como si se tratara de un tribunal universal), dictó un recurso de amparo propio del humorista Gila, disponiendo la libertad de Carvajal. ¿Qué hizo que se encendieran todas las alarmas por el hecho de que un ciudadano haya sido acusado de narcotráfico? ¿Qué hizo que se movieran todos los hilos y todas las fragatas del Estado para impedir que una persona tuviera que comparecer y dar explicaciones ante los tribunales de otro Estado?

Cuesta creer que Nicolás Maduro, que se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante largos años, o que Elías Jaua, que hoy ocupa ese cargo, todavía no sepan distinguir entre los privilegios e inmunidades del miembro de una misión diplomática y las prerrogativas de un funcionario consular. Es difícil imaginar que en la Cancillería no hubiera una persona capaz de explicarles que esos privilegios se confieren en beneficio del Estado y no de quien desempeña alguna de esas funciones, por lo que en caso de delitos comunes lo normal es que el Estado renuncie a la inmunidad o retire al funcionario para que sea juzgado por sus propios tribunales. De hecho, en el caso del asesinato de la encargada de negocios de Venezuela en Kenia por parte de un miembro de la misión diplomática, este gobierno renunció a la inmunidad diplomática. ¿Por qué era este caso distinto y había que evitar, por todos los medios posibles, que Carvajal hablara?

Junto con Carvajal se generó en Miami la detención de Benny Palmery-Bacchi, un ex juez venezolano acusado de haber dado protección a un narcotraficante colombiano y de estar involucrado en los mismos hechos de que se acusa al primero. Es evidente que las costas de Miami están más lejanas y que Estados Unidos no es una pequeña isla a la que se pueda amedrentar tan fácilmente, pero, ¿qué hay de diferente entre estos dos casos? ¿Qué información tiene Carvajal que por ningún motivo puede ser conocida por tribunales extranjeros? En cualquier caso, los jueces del TSJ deberían estar más preocupados por el caso de Palmery-Bacchi. A partir de ahora los jueces cómplices o complacientes con el delito, así como los jueces que se han prestado para hacer de verdugos del régimen, deben poner sus barbas en remojo.

Lo cierto es que esta detención en suelo extranjero, en donde hay una justicia independiente, puso en alerta a muchas figuras del PSUV que podrían correr la misma suerte. El tráfico de drogas y el lavado de dinero son delitos graves. Además, no debe pasarse por alto que, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, tampoco está establecido que el torturador pueda invocar, en los tribunales de otro país, ningún tipo de inmunidad. ¿Recuerdan a Pinochet, a Fujimori, a Adolfo Scilingo o a Ricardo Cavallo rindiendo cuentas ante tribunales extranjeros?

Si hay algo que demuestra el caso Carvajal es que no hay un lugar al que los corruptos puedan viajar sin el temor de ser detenidos; no siempre llegarán a una pequeña isla indefensa que ceda a la extorsión. Seguramente a esto se refería Hugo Chávez cuando decía: “¡Oligarcas temblad!” Y seguramente hoy les aconsejaría a los oligarcas del PSUV que tengan mucho cuidado y que, preferiblemente, no viajen al exterior.