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Armando Durán

Condiciones electorales

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Las condiciones electorales han pasado a ser el tema central de la agenda electoral. Ya era hora. Los abusos de poder forman parte esencial de las señas de identidad de las actividades electorales del régimen. Desde sus mismos orígenes, cuando el llamado “quino” diseñado por Nelson Merentes le sirvió a Chávez para obtener 124 de los 131 escaños de la Asamblea Nacional Constituyente con apenas la mitad de los votos. Mucho peor resultó la experiencia del referéndum revocatorio. Posponer indefinidamente la fecha de su celebración, inventarse la historia de las planillas planas y, por último, convertir el referéndum en simple plebiscito.

A raíz de este amargo episodio, agravado penosamente por la confección de la obscena lista Tascón, cuya finalidad era y sigue siendo acosar y penalizar sin piedad a quienes hace 9 años ejercieron su derecho de solicitar la celebración del referéndum, provocaron numerosas protestas contra las triquiñuelas elaboradas en el CNE por Francisco Carrasquero y Jorge Rodríguez. La intensidad del debate fue tal que a los partidos políticos, presionados por una sociedad civil movilizada contra la inclusión de máquinas captahuellas en la nueva parafernalia electoral, se vieron obligados a retirarse de las elecciones parlamentarias de 2005 y convocar, aunque a regañadientes, a la abstención. Fue, nadie puede negarlo, un gran triunfo político y electoral de la oposición. Como quiera que se mire, el único triunfo de la oposición en 14 años de confrontación.

Paradójicamente, desde entonces se considera aquella victoria como el peor error de la oposición, porque al abstenerse, se dice, Chávez asumió un control absoluto de la Asamblea Nacional. Consecuencia lógica de esta modificación del punto de vista opositor fue que un año después los tres precandidatos de la oposición a las elecciones presidenciales de 2006, Manuel Rosales, Julio Borges y Teodoro Petkoff se entrevistaron con Tibisay Lucena y le garantizaron que ellos aceptarían sin chistar las decisiones del CNE. ¿No fue por esa complacencia negociada que Rosales, a pesar de las dudas que surgieron a lo largo de la jornada electoral del 6 de diciembre, reconoció su derrota antes de que terminaran de contarse los votos?

A partir de ese momento, la estrategia de la oposición ha sido no cuestionar en absoluto la imparcialidad del ente electoral. El argumento para justificar tamaño disparate aún lo esgrimen ciegamente los dos representantes “técnicos” de la oposición ante el CNE, Enrique Márquez y Vicente Bello: denunciar al CNE equivale a estimular la abstención. Y, por supuesto, han convencido a muchos. Como si participar en una elección, por amañada y tramposa que fuera, bien valiera una misa. Y como si hubiera alguna diferencia real entre la Asamblea Nacional actual, con más de 60 diputados de oposición, y la que surgió de las elecciones parlamentarias de 2005, sin ninguno.

¿Qué ha ocurrido para que de pronto Capriles agite de nuevo la bandera de las condiciones electorales? Dos factores han sido decisivos en este radical y correcto cambio de estrategia. Por una parte, se tiene la impresión de que el Capriles exageradamente prudente de las pasadas elecciones quedó sepultado para siempre en las urnas de su derrota el 7 de octubre, como si al fin hubiera comprendido lo inútil de portarse bien ante un régimen que incluso desconoce la mera existencia del adversario. Por otra parte, la desaparición física de Hugo Chávez marca un evidente antes y después. El 14 de abril se producirá la primera escaramuza de una nueva etapa de nuestra honda crisis política. Y frente a la debilidad estructural de la candidatura Maduro, está claro que se impone ahora la conveniencia de jugar mucho más fuerte. No para estimular una inconveniente abstención por la vía del miedo y la impotencia, sino todo lo contrario. La firmeza del nuevo discurso de Capriles y su contundente exigencia al CNE de actuar dentro de la ley y organizar elecciones justas aspiran a superar todas las languideces, aunque abren a su vez nuevas interrogantes.

¿Qué hará el régimen? ¿Se limitarán Maduro y compañía a acusar a los denunciantes del delito de estar promoviendo la desestabilización y el caos, al fin se darán cuenta de que la situación política no es igual a la del 7 de octubre, o se inclinarán por la opción de la intransigencia a fondo? Esta sería la provocación más peligrosa, porque acorralaría a un adversario que luce estar resuelto a sostener, contra viento y marea, que hasta aquí, y sólo hasta aquí, llega la paciencia franciscana de la oposición. ¿Será que el 14 de abril comienza un mundo nuevo?