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Jair de Freitas

Comunismo de contrabando

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De acuerdo con nota de prensa del diario El Nacional del 21 de agosto, un estudio de la firma Gallup calificó a Venezuela como el país más inseguro del mundo. En otras palabras, el flagelo de la delincuencia combinada con impunidad nos ha hecho mutar de la categoría de habitantes a la de sobrevivientes. La realidad del sector salud no es distinta: carencia de insumos médicos, deterioro de infraestructura, equipos fuera de servicio por falta de repuestos, son apenas algunos de los signos de un sistema insuficiente para garantizar nuestro derecho constitucional a la salud.

Aunque lo anterior no es poca cosa, el descalabro económico sigue siendo el protagonista. Comencemos por recordarle a nuestros sobrevivientes que es poco transparente que el Banco Central de Venezuela no informe oportunamente el índice nacional de precios al consumidor y otros indicadores como el de la escasez. La incertidumbre arropa también al Instituto Nacional de Estadística, el cual está en mora desde mayo de 2014, con la publicación de las cifras relativas a la fuerza de trabajo.

Con responsabilidad debo ratificar lo que he sostenido hace días: si no se toman los correctivos con urgencia, nos aproximamos aceleradamente a un estado de excepción, esto es, circunstancias de orden social y económico que pueden comprometer de modo grave la seguridad de la Nación, instituciones y ciudadanos; donde las facultades ordinarias para hacer frente a dichos problemas resultan insuficientes. La emergencia económica se torna inminente ante el deficiente desempeño del Gabinete, lo que de acuerdo con la Ley Orgánica sobre la materia, daría paso a un elenco de medidas que van desde la requisición de bienes muebles e inmuebles propiedad de los particulares, hasta el racionamiento en la adquisición de artículos de primera necesidad y restricciones en el uso de los servicios públicos.

Ni el gobierno ni los sobrevivientes del país dudamos que lo anterior es de suma intranquilidad. Por ejemplo, me consta –por haber sido testigo de excepción– que la preocupación del Ministro de Alimentación es genuina y que advirtiendo las consecuencias procura respuestas. Sin embargo, siendo la libertad de expresión y opinión un derecho humano fundamental reconocido expresamente en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debo decir con todo respeto –a pesar que la inquisición virtual ha comenzado– que difiero de buena parte de las medidas sobre las que el régimen avanza.

El contrabando de extracción, en mi criterio, siempre es reprochable, por lo que ojalá se erradique de forma sincera, absoluta y permanente. Pero los sobrevivientes no podemos perder de vista que aunque este problema es de vieja data, se acentuó de modo exponencial en los años recientes. La pregunta es ¿quién tiene a cargo la responsabilidad de resguardo de la frontera y los controles de aduana? ¿Acaso los camiones cruzaban los linderos de la República con el manto de invisibilidad de Harry Potter? ¿Cómo es que en menos de 72 horas se descubren casi 70 trochas fronterizas que nadie había visto en años?

La realidad es que no puede resolverse un problema atacando al síntoma, sino su causa. Las filas interminables en supermercados, farmacias y demás empresas de autoservicios, no es por falta de cajeros sino por el colapso que se forma cuando un producto escaso toca los anaqueles. Es hábito entre los sobrevivientes correr cuando se ve llegar un camión de mercancía (aun sin saber el contenido) y merodear estos establecimientos los días y horas en los que habitualmente reciben productos. La instalación de controles biométricos para la adquisición limitada de productos de primera necesidad, en nada contribuye a disminuir el flujo de clientes a los pisos de venta.

¿Acaso el Plan República puede negar por ejemplo que desde que se implementaron las llamadas maquinas captahuellas en los procesos electorales, las filas se hacen más largas y el avance más lento? Los sobrevivientes sabemos que en el fondo, todo esto se trata de restringir el acceso a bienes de primera necesidad y registrar patrones de consumo. Si el régimen quiere solucionar el problema económico que minuciosamente se ocupó de construir, no tiene más alternativa que ajustar los precios y estimular el aparato productivo. En otras palabras, sincerar la economía si es que tiene capital político para hacerlo. Mientras tanto, da la impresión que se llevan los bienes y productos de primera necesidad del país, al tiempo que nos imponen un comunismo de contrabando.

 

@jair_defreitas

jair_defreitas_1@hotmail.com