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Héctor Faúndez

¿Comisión de la verdad?

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Aunque Diosdado Cabello ya había hecho un anuncio similar, el lunes pasado, el presidente de la República informó que enviaría a la AN una solicitud para que se cree una comisión de la verdad, encargada de investigar “todos los crímenes fascistas”, e invitó a la oposición a incorporarse a dicha comisión. Habiéndose convertido en un bien escaso, no es sorprendente que, desde el gobierno o desde el partido de gobierno, se plantee la creación de comisiones de la verdad. Tampoco es primera vez que ocurre en estos últimos quince años. Pero sí es sorprendente que esas iniciativas se planteen desde un gobierno cívico-militar que controla todos los hilos del poder.

Hace quince años que, desde Miraflores, se viene pregonando cuál es la única verdad, sancionando a los medios de comunicación social que se atreven a transmitir una versión distinta a la verdad oficial. Sin que se practique ninguna investigación previa, independiente e imparcial, hace quince años que, desde la Presidencia de la República, se le viene indicando al Ministerio Público y al Poder Judicial cuál es la verdad y, adicionalmente, cuáles son las decisiones que deben adoptar. De manera que no perdamos el tiempo; que, de una vez, Maduro (o Cabello, o Castro o quien sea el que manda) nos diga cuál es la verdad, quiénes son los golpistas, quiénes son los que tienen las armas, quiénes son los que están incitando a los grupos violentos a matar estudiantes y quiénes son los fascistas.

Las comisiones de la verdad han surgido en países que vienen saliendo de una dictadura, lo que lamentablemente no es nuestro caso, para investigar los crímenes del antiguo régimen. Respecto de crímenes ocurridos hace mucho tiempo y que, por diversas razones, no pueden ser castigados, las comisiones de la verdad son un buen sustituto de la justicia; en este sentido, en sociedades en transición de la dictadura a la democracia, cuando no se puede obtener justicia, se puede transigir, renunciando a ésta a cambio de la verdad. Pero ese tampoco es nuestro caso pues, a pesar de unos jueces que han cambiado las leyes por las instrucciones del PSUV, nosotros no hemos renunciado a la justicia.

Cuando la Constitución y las leyes están vigentes, y cuando hay un Estado de Derecho e instituciones públicas encargadas de hacer cumplir las leyes, es un contrasentido que, desde la cúpula del poder, se llame a crear una comisión de la verdad. A menos que se esté reconociendo que esas instituciones no funcionan y que no hay independencia de los poderes públicos. A menos que se esté admitiendo que, en este régimen, no todos somos iguales ante la ley, que hay quienes pueden violarla impunemente y que los tribunales están al servicio de un proyecto político.

Cuesta entender el llamado del presidente Maduro para que la AN cree una Comisión de la Verdad si, al mismo tiempo, esa Asamblea desconoce la voluntad popular y destituye arbitrariamente a parlamentarios de oposición, en violación de la Constitución y de su reglamento interno. A menos que se trate de engañar a la opinión pública internacional, no tiene ningún sentido pedirle a la AN que cree una Comisión de la Verdad que, finalmente, va a determinar lo que le dicten desde Miraflores.

Este gobierno, que solo puede sobrevivir en medio de la opacidad, le tiene miedo a que se sepa la verdad; si tuviera un genuino interés en conocer la verdad, no expulsaría a periodistas, no impediría el trabajo de reporteros y camarógrafos, no destruiría sus cámaras fotográficas, y no impediría el acceso de los venezolanos a fuentes de información independiente. Una vez más, con su iniciativa, Maduro y Cabello pretenden escamotear la verdad e impedir que se haga justicia. ¡Basta de mentir!