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Miguel Ángel Cardozo

Comisión ad hoc para la destrucción nacional

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En tres lustros de tragedia patria, teñida de carmesí, ha mermado todo menos un inicuo empeño declarativo de falsos propósitos; un empeño que, para el sostenimiento del tinglado socialista del siglo XXI, frecuente y desvergonzadamente ha instrumentalizado el fingimiento bajo la forma de comisiones ad hoc –o “iniciativas” para su constitución– que sirven de marco a rosarios de promesas que, ante las sucesivas oleadas de ofrecimientos de todo tipo –desde la dilucidación de delicados asuntos nacionales hasta la satisfacción de las más elementales necesidades–, pronto caen en el olvido.

Un cuarto de millón de venezolanos asesinados, un millón y medio más emigrados, un sistema de salud colapsado, un sector educativo estrangulado, un aparato productivo devastado, un déficit habitacional acrecentado y un inmenso caudal de ingresos petroleros desaprovechado –o, más bien, dilapidado y saqueado–, constituyen la dolorosa evidencia de ello y de que el único logro palpable de esas peculiares instancias –o de las “tentativas” para crearlas– ha sido el progresivo desenmascaramiento de un régimen con una infinita capacidad para generar problemas y ningún interés –al menos sincero– en resolverlos.

Muchos recordarán, por ejemplo, aquel anuncio de creación de una Comisión de la Verdad para la “investigación” de los gravísimos crímenes y violaciones de los derechos humanos perpetrados tanto el 11 de abril de 2002 como en los días subsiguientes, lo que lejos de materializarse –pese a múltiples recomendaciones, como las contenidas en el Documento de propuestas básicas del Foro por la Vida para la constitución de una Comisión de la Verdad, del 24 de abril de 2002 (http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/recursos/foroporlavida.pdf)– dio paso a una infame y despiadada persecución inquisitorial de relevantes figuras de la oposición que en nada esclareció los infaustos eventos, pero cuyo saldo de agraviados, exiliados, enjuiciados e injustamente condenados es un verdadero monumento a la indecencia.

Para la historia también han quedado las caricaturescas e inmeritorias comisiones con las que, reiterada y vilmente, se ha jugado con las necesidades y expectativas de la sociedad venezolana, como la Comisión Presidencial para el Manejo de la Contingencia en el Lago de Valencia, que en 2012 propuso como “solución” definitiva al problema del constante incremento del nivel de esa masa hídrica –según lo reseñado el 19 de octubre de aquel año por la Agencia Venezolana de Noticias (http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-bolivariano-aprueba-soluci%C3%B3n-estructural-para-lago-valencia)– la construcción, entre otras obras, de un túnel de 28 kilómetros y un sistema de compuertas que servirían para el transvase de agua de su cuenca al río Pao, calculando su costo en 580 millones de dólares y la duración de los trabajos en tres años y medio, aunque –como se señala en un trabajo publicado en Prodavinci el 7 de mayo del corriente (http://prodavinci.com/blogs/25-claves-y-promesas-incumplidas-el-agua-y-el-gobierno-venezolano-por-anabella-abadi)– estos se iniciaron varios meses después de lo estipulado –en medio de críticas por el negativo impacto que sobre el ambiente tendría la obra– y luego de un año la crecida continuaba.

Pero además –tal y como arrojó una exhaustiva investigación publicada el pasado 26 de septiembre en la revista del Círculo de Periodismo Científico de Venezuela, Ciencia al Día (http://cienciaaldiave.com/2014/09/26/persiste-el-deterioro-del-agua-que-consumimos)–, el agua que llega al embalse Pao-Cachinche posee un alto contenido de desechos orgánicos contaminantes –como materia fecal y animales muertos– y elevadas concentraciones de elementos químicos de gran toxicidad –como plomo, arsénico, aluminio y fósforo–, ante lo que aún se esperan respuestas concretas de otra comisión creada en 2013: la Comisión Presidencial para el Plan Nacional del Agua.

Lo más grave es que la inefectividad demostrada primero por la Comisión Presidencial para el Manejo de la Contingencia en el Lago de Valencia y posteriormente por la Comisión Presidencial para el Plan Nacional del Agua, no solo ha afectado a las comunidades adyacentes al lago de Valencia y a las surtidas por el embalse Pao-Cachinche en los estados Carabobo, Aragua, Cojedes y Guárico, sino que ahora –de acuerdo con la mencionada investigación– ha comenzado a perjudicar a otras localidades, ya que por el “exceso del volumen de agua del lago […], que tiende a superar la cota de 408 metros para acercarse a la cota máxima de seguridad, estimada en 412 metros, se inició un bombeo hacia el Valle del Tucutunemo en Aragua y al embalse de Camatagua, que surte al sistema Tuy que sirve a Caracas”, con lo que “se disminuyó un problema redistribuyéndolo a más regiones”, pasando el número de afectados “de 3 a 20 millones, con la incorporación […] de la gran Caracas, Miranda y Vargas”.

En relación con otras comisiones, no hace falta detenerse a explicar lo que sus rimbombantes nombres evocan a la luz del actual desastre: Comisión Nacional de Abastecimiento Popular –Decreto 5839, Gaceta Oficial 38862, 31 de enero de 2008–, Comisión Presidencial de Refugios Dignos –Decreto 8101, Gaceta Oficial 39633, 14 de marzo de 2011–, Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme –Decreto 8211, Gaceta Oficial 39673, 13 de mayo de 2011–, Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera Lícita en la Región Guayana –Decreto 841, Gaceta Oficial 40376, 20 de marzo de 2014–, por mencionar algunas.

Otro estrepitoso fracaso fue la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, cuya creación se estableció en la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico –publicada en la Gaceta Oficial 5568 (Extraordinario) del 31 de diciembre de 2001– y varios años después fue eliminada por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico –publicada en la Gaceta Oficial 39573 del 14 de diciembre de 2010–.

Ahora, por si algún venezolano creía que la enrevesada dialéctica oficialista había alcanzado el cenit del absurdo, se ha decidido constituir la Comisión Presidencial para la Implementación del Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante el Ébola –o algo parecido–, como si la prevención y promoción de la salud se tratase de tomar medidas provisionales como mera reacción ante contingencias y no de la permanente obligación de cualquier Estado.

Es precisamente esa visión la que ha permitido que no diez sino mil plagas sanitarias –fiebre chikungunya, dengue, paludismo, VIH/sida, diabetes, cardiopatías diversas, neoplasias de todo tipo, afecciones respiratorias, enfermedades dermatológicas, patologías bucales y un sinfín de problemas más– estén sepultando las ya de por sí exiguas aspiraciones de desarrollo de la sociedad venezolana.

Una buena gestión sanitaria no se mide por el número de comisiones para “atender” problemas específicos, sino por el grado de reducción de la carga de morbilidad de un país a través de un trabajo continuo, eficiente y eficaz, lo que implica la garantía de una prestación universal e ininterrumpida de servicios de salud de calidad –y que abarquen los tres niveles de atención–.

Por ello, el anuncio de la creación de tal comisión solo puede ser considerado como una nueva burla, por no hablar de la descomunal irresponsabilidad que significa el enviar “profesionales” de la salud sin las competencias indispensables para abordar la difícil labor llevada a cabo por expertos, con años de riguroso entrenamiento y una amplia experiencia, como los de Médicos Sin Fronteras, la Organización Mundial de la Salud o los Centers for Disease Control and Prevention –organizaciones serias y orientadas a la excelencia que se rigen por altísimos estándares a la hora de seleccionar a su personal–.

Y mientras los dislates se suceden –y el “Estado colectivo” hace ostentación de su poder–, sigue alimentándose la sospecha de que en Venezuela, desde hace tres lustros, ha operado en las sombras una comisión –integrada por resentidos y maleantes de la peor ralea– que, al parecer, ha sido extremadamente exitosa en la consecución de sus objetivos: la Comisión ad hoc para la destrucción nacional.

 

* Profesor de postgrado de la UCAB e investigador.

 

** Doctorando en Gestión de Investigación y Desarrollo, UCV. Especialista y magíster en Gerencia de Servicios Asistenciales en Salud, UCAB. Odontólogo, UCV.

 

@MiguelCardozoM